Cifuentes ordena a un alcalde derribar la obra faraónica del 'rey de la chatarra'

El Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes ha ordenado a un alcalde del PP, el regidor de Torrejón de la Calzada, que ejecute el derribo de las faraónicas obras de ampliación de Desguaces la Torre, cuyo propietario está construyendo en el sur de la comunidad el centro de tratamiento de vehículos más grande de Europa. El alcalde Eusebio García tuvo que convocar de urgencia el pasado lunes una Junta de Gobierno Local para aprobar la "orden de demolición para restaurar la realidad física alterada", tras llevar años dilatando los requerimientos de la Consejería de Medio Ambiente. Lo que le ha valido que el juzgado número 1 de Valdemoro le investigue por prevaricación urbanística. La Fiscalía le acusa de permitir durante años unos trabajos que no tienen licencia.

La decisión de la Comunidad de Madrid es un duro golpe para las aspiraciones del empresario Luis Miguel Rodríguez García-Rivera, un habitual del papel rosa por la especial amistad que mantuvo con Carmen Martínez-Bordiú, nieta de Franco. Conocido como 'el rey de la chatarra', Rodríguez compró 650.000 metros cuadrados en el paraje Las Lagunas, donde ya tiene otros 240.000 metros, para intentar ampliar su negocio y levantar así el mayor desguace de Europa. Las obras están en suelo no urbanizable y protegido, por lo que no obtuvo licencia municipal para los trabajos.

A pesar de ello, Rodríguez García-Rivera inició las obras, lo que provocó una denuncia de la oposición y la apertura de una investigación en los tribunales en julio de 2011. El Ejecutivo autonómico obliga ahora al consistorio a terminar "el procedimiento de disciplina urbanística" y a restaurar la legalidad, es decir, a derribar todo lo construido y dejar los terrenos como estaban antes de que empezaran los trabajos. El empresario movió tierras, ha levantado las estructuras de varias naves y ha cercado la zona. Según ha podido constatar El Confidencial, el empresario ha seguido con las obras a pesar del procedimiento judicial abierto y de los decretos municipales de paralización, que no han tenido efecto.

El primer requerimiento de la Dirección General de Urbanismo llegó al Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada el 16 de julio de 2014, ordenando al alcalde que paralizara las obras. La Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, establece que el Gobierno regional tiene competencias en legalidad urbanística si los municipios no ejecutan esas competencias. El alcalde, Eusebio García, decretó en septiembre de 2014 el precinto de las obras, advirtiendo a Desguaces la Torre de la imposición de multas y la apertura de un expediente sancionador. "No obstante, las obras habrían continuado desde dicha fecha, tal como ha constatado la Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística", explican desde la comunidad.

La obra de ampliación del desguace no es el único proyecto del empresario en este municipio de apenas 8.000 vecinos. También está construyendo un Museo del Automóvil de forma circular que se puede ver a su paso por el kilómetro 26 de la A-42. La obra también es ilegal. La Dirección General de Urbanismo solicitó al ayuntamiento que precintara estos trabajos y el alcalde dictó otro decreto de paralización el 7 de marzo de 2016. Pero todo fue papel mojado. Las obras han seguido. El 18 de enero de 2017, la consejería decidió tomar cartas en el asunto y comunicó al ayuntamiento que si no actuaba, lo haría la comunidad.

TE PUEDE INTERESAR

Industria avisa: las obras ilegales del 'rey de la chatarra' amenazan tendidos eléctricos

David Fernández

"En respuesta a dicho requerimiento, por parte del consistorio se dictaron decretos el 2 de febrero de 2017 mediante los cuales se acordaba la incoación de sendos expedientes de restauración de la legalidad y sendos expedientes sancionadores en relación con las obras referidas, los cuales se encuentran en trámite", explican desde la consejería. Un expediente por la obra de ampliación y otro por el museo. Pero la consejería, "dados los antecedentes existentes", no se fiaba del alcalde, y el 13 de febrero formuló un nuevo requerimiento para que el ayuntamiento adoptara de una vez por todas "las medidas pertinentes para proceder a una paralización total y efectiva de las obras y se procediera a remitir comunicación de todas las resoluciones que se adopten en dichos expedientes".

TE PUEDE INTERESAR

El juez imputa al alcalde que no paraliza las obras ilegales del 'rey de la chatarra'

David Fernández

Pero el 16 de mayo de 2017, el regidor se sacó un nuevo as de la manga para dilatar los expedientes y acordó suspender el procedimiento sancionador abierto contra Desguaces "por prejudicialidad penal, al existir procedimientos penales abiertos por los mismos en un juzgado de Valdemoro". A la comunidad no le ha gustado la artimaña y ha exigido de nuevo al ayuntamiento que paralice las obras y empiece su demolición. Si no lo hace, lo ejecutará la consejería. "Dicha prejudicialidad no puede afectar a los procedimientos de restauración de la legalidad urbanística en trámite", explican desde Medio Ambiente.

El coste de la demolición deberá ser asumido por Desguaces la Torre. Desde la comunidad, explican que el ayuntamiento se ha comprometido a informarles este lunes qué plazo ha dado a la empresa para que derribe lo construido ilegalmente. Luis Miguel Rodríguez también está imputado por estas obras y aparece en el último listado de morosos de Hacienda. Debe 15,4 millones de euros. En cuanto al alcalde, la Fiscalía Provincial de Madrid lo tiene claro: "La Consejería de Medio Ambiente y la Dirección General de Urbanismo le han instado de forma reiterada para que dé cumplimiento a las previsiones legales incoando los correspondientes expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad con la medida cautelar de la suspensión de obras, precitado de las mismas, retirada de maquinaria y material y, en su caso, demolición de las obras a costa del responsable, sin que se hayan ejecutado tales previsiones", reza en uno de sus últimos escritos.

El caso se abrió en julio de 2011. "Tales diligencias se encuentran hoy en fase de investigación, y durante los años que han transcurrido se ha podido comprobar cómo las actuaciones urbanísticas ilegales han ido progresando, sin que en ningún momento se haya detenido tal progresión. El denunciado, Eusebio García Gómez, como alcalde ha de actuar como garante del cumplimiento de legalidad urbanística, y en caso de incumplirse, de que se pongan en funcionamiento los instrumentos de los que la ley provee para responder a ello, en forma de expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad. A pesar de ello, y con conocimiento de sus deberes y de las prescripciones legales, el denunciado ha dilatado conscientemente la incoación de expedientes administrativos con el fin de beneficiar el proyecto desarrollado ilegalmente por Desguaces la Torre", concluye el ministerio público.

Las irregularidades han sido varias. La Asociación de Gestores de Residuos de la Construcción (Agescam) acusó al desguace de tratar sin autorización los residuos de sus obras. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) comprobó a su vez que las obras habían enterrado 170 metros del cauce del arroyo Barahondo sin pedir permiso. A lo que hay que sumar los sucesivos informes de los técnicos municipales subrayando la ilegalidad de los trabajos. La última queja llegó de Red Eléctrica de España (bajo control del Estado), que denunció ante el Ministerio de Industria, Energía y Turismo "la situación antirreglamentaria" de las obras, que amenazan los tendidos eléctricos que hay en la zona.