La jueza 'viuda' del torero, el 'rey de la chatarra' y un alcalde acorralado en Torrejón

La Fiscalía Provincial de Madrid lleva ocho meses esperando que la magistrada Concepción Azuara, que saltó a las portadas de las revistas del corazón por ser la última pareja del torero Palomo Linares, decida sobre el recurso que el ministerio público presentó en febrero de 2014 para reabrir la causa contra Eusebio García, alcalde del PP del municipio madrileño de Torrejón de la Calzada. La Fiscalía cree que el regidor, ya imputado en otra causa, pudo cometer un delito de prevaricación "en la política de nombramientos de cargos municipales", denunciada previamente por un partido de la oposición, el GLITC.

Concepción Azuara, titular del juzgado de primer instancia e instrucción número 4 de Valdemoro, archivó provisionalmente la causa contra Eusebio García en diciembre de 2016 al entender que no hubo delito. La Fiscalía recurrió en febrero de 2017, ya que el regidor "sabía lo que hacía y quería hacerlo, al haber realizado una conducta irregular y un abuso de poder arbitrario, con el resultado de una lesión al interés colectivo" tras ejecutar dos nombramientos que se saltaron todos los procedimientos legales. Desde entonces, la magistrada no se ha pronunciado.

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Los frentes judiciales acorralan al regidor de este pequeño municipio de 8.000 habitantes. El juzgado número 1 de Valdemoro, a petición también de la Fiscalía, le ha imputado tras acusarle de prevaricación urbanística por consentir durante años los trabajos ilegales del propietario de Desguaces la Torre, el empresario Luis Miguel Rodríguez García-Rivera, otro habitual del papel rosa por la especial amistad que mantiene con Carmen Martínez-Bordiú, nieta de Franco. El empresario, conocido como 'el rey de la chatarra', es amigo del alcalde (su gran desguace está en el municipio), y tenía buena relación con el torero ya fallecido y su novia magistrada. Además, la Audiencia Provincial de Madrid condenó el pasado 11 de septiembre en costas al ayuntamiento que dirige Eusebio García por perder varias querellas que presentó por un delito de falsedad precisamente contra varios miembros del GLITC.

El caso, que de momento duerme en los cajones del juzgado 4, comenzó tras una denuncia de la oposición. En septiembre de 2012, el alcalde aprobó un decreto para nombrar como jefas de servicio, de forma provisional, a dos trabajadoras municipales. Esta decisión contó con la oposición de la Secretaría General, que señaló que vulneraba la ley. "Causa estupor que se decrete que jefes de servicio e Interventor tengan el mismo rango, pues es materialmente imposible que un auxiliar administrativo tenga el mismo rango que un habilitado nacional", rezaba su informe.

Un año después, en octubre de 2013, el pleno municipal aprobó la relación de puestos de trabajo (RPT) que pretendía consolidar los nombramientos de estas dos trabajadoras, lo que se hizo "con una infracción de las normas establecidas (...) que tendría como objeto favorecer a determinadas personas afines al alcalde, mediante la creación de puestos exclusivos para ellos, sin sacar a concurso y sin respetar normas legales y los principios de igualdad, mérito y capacidad". Esta RPT ya fue anulada por un juzgado de lo contencioso. La Fiscalía entiende que el alcalde "sabía lo que hacía y quería hacerlo, al haber realizado un conducta irregular y un abuso de poder arbitrario, con el resultado de una lesión al interés colectivo".

El ministerio público espera que la jueza Azuara reabra el caso, "ya que existen indicios para abrir juicio oral por un delito de prevaricación". Según la Fiscalía, en el sistema de nombramientos "no existió un proceso de selección en forma legal, no se publicaron las plazas en la oferta de empleo público, no se anunció la convocatoria en tablón y boletín, tampoco se hace constar en el expediente que existiera ninguna prueba de selección, ni baremación de méritos, ni mucho menos la concurrencia de otros aspirantes. Accedieron a sus puestos de trabajo directamente, se trató de lo que comúnmente se denomina contratación a dedo, directa y nominal".

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A finales de octubre, el regidor de Torrejón de la Calzada también tendrá que declarar como investigado en el juzgado número 1 de Valdemoro. La Fiscalía le acusa de prevaricación urbanística por consentir durante años los trabajos ilegales del propietario de Desguaces la Torre, que quiere ampliar sus instalaciones. El "denunciado [Eusebio García] ha dilatado conscientemente la incoación de expedientes administrativos con el fin de beneficiar el proyecto desarrollado ilegalmente por Desguaces la Torre". La causa se abrió en julio de 2011, cuando el empresario comenzó unas obras en suelo no urbanizable y protegido, sin tener además ninguna licencia municipal para hacerlo.