El 'rey de la chatarra' burla la ley y sigue con sus obras, que el fiscal llama "clandestinas"

Las obras continúan. A pesar de que un juzgado las investiga porque son ilegales y el Ayuntamiento ordenó en 2017 que cesaran y se derribara lo construido. El empresario Luis Miguel Rodríguez García-Rivera, más conocido como el 'rey de la chatarra', dueño de Desguaces La Torre, sigue burlando la ley y continúa ampliando las instalaciones que tiene en el municipio madrileño de Torrejón de la Calzada en su empeño de construir el mayor desguace de Europa. El Consistorio, gobernado por el PP, dictó el pasado 9 de mayo una resolución ordenando el precinto de las instalaciones tras comprobar que los trabajos seguían, y requirió a las empresas suministradoras "que corten el suministro de los servicios de agua, energía eléctrica, gas y telecomunicaciones de la zona afectada".

Aunque el Ayuntamiento de este municipio madrileño se ponga ahora duro, el alcalde será procesado por un delito de prevaricación urbanística. En un escrito fechado el pasado 4 de marzo al que ha tenido acceso El Confidencial, la Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido al juzgado de instrucción número 1 de Valdemoro que abra juicio oral contra el regidor del municipio, Eusebio García Gómez, al que acusa de no hacer nada para paralizar las obras del desguace, un cese que fue ordenado en octubre de 2017. El ministerio público solicita tres años de prisión para él por un delito de prevaricación urbanística.

Luis Miguel Rodríguez, un habitual del papel cuché por sus relaciones con Carmen Martínez Bordiú y Ágatha Ruiz de la Prada, lleva años intentando ampliar su desguace y construir un museo del automóvil. La mayoría de los terrenos donde se asientan ambas construcciones no son urbanizables y están protegidos, por lo que el empresario nunca obtuvo licencia municipal para los trabajos. Comenzó las obras tras comprar 650.000 metros cuadrados en el paraje Las Lagunas, donde ya tiene otros 240.000 metros. Las obras ilegales han acabado en los tribunales, que acabaron imputando tanto al empresario como al alcalde. El primero por hacer los trabajos sin las licencias pertinentes y el segundo por permitirlos y no hacer nada. Las dos causas están en dos juzgados diferentes.

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En su escrito de apertura de juicio oral, la Fiscalía recuerda que "todas estas actuaciones se han llevado a cabo sin ningún tipo de autorización previa por parte del Ayuntamiento. Por tanto, durante cinco años, Desguaces la Torre ha desarrollado en Torrejón de la Calzada una serie de actuaciones urbanísticas de grandes proporciones y significación de manera totalmente clandestina". El alcalde (lo es desde junio de 2011) tenía "la obligación de garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente. Y teniendo conocimiento desde el año 2011 de que se estaban desarrollando unas obras clandestinas, ilegales e ilegalizables por la mercantil, tenía la obligación de haber instado y resuelto las medidas necesarias para reponer la situación a su estado anterior a la ilegalidad".

La Fiscalía pide tres años de prisión y 10 años de inhabilitación para el alcalde, además de la obligación de depositar una fianza de 100.000 euros para asegurar el coste de la demolición. "El acusado permitió con su inactividad que las obras fueran realizándose fuera de la legalidad y sin ningún tipo de control, de modo que, a medida que avanzaban, se iban cometiendo más infracciones que afectaban al dominio público hidráulico mediante la afectación de un corredor de alta tensión y la intervención en los cauces de los arroyos Matalobos y Barahondo". El ministerio narra todas las irregularidades cometidas por el alcalde. "El objetivo que perseguía el acusado era imponer su voluntad sobre lo prescrito por la ley, posibilitando la construcción de la ampliación de la mercantil".

Eusebio García decretó en 2011 y 2012 "sendas resoluciones de paralización de las obras sin las medidas conducentes a hacerlos efectivos y sin que las mismas se ejecutaran". En 2014 decretó la incoación de sendos expedientes, sancionador y de restablecimiento de la legalidad, "que caducaron sin que llegaran a tramitarse de manera efectiva". Y en el año 2016 decretó otros dos expedientes, de restablecimiento de la legalidad y de precinto de las obras, que tuvieron el mismo fin. En octubre de 2017 se dictó otra resolución para derribar lo construido ilegalmente, aunque el empresario recurrió ante la Justicia y la orden de derribo se ha suspendido temporalmente. La Fiscalía pide además al juzgado que investigue los medios de vida y fortuna de regidor.

Un reciente informe elaborado por los servicios técnicos del Ayuntamiento ratifica las palabras de la Fiscalía. El Consistorio visitó Desguaces la Torre el pasado 22 de abril y señaló que "puede concluirse que se han seguido realizando obras desde la anterior visita [hecha en diciembre de 2015] y que se está dando un uso a la zona en cuestión". En las parcelas definidas entre los distintos viales, levantadas en la zona ilegal, "se observa el almacenamiento, de manera organizada por marcas, de vehículos en proceso de desguace. Se ha podido ver a varios clientes por dichas zonas buscando piezas que pudieran interesarles, así como maquinaria y vehículos del propio desguace realizando sus actividades cotidianas", rezan los servicios municipales.

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Incluso la Dirección General de Urbanismo, dependiente de la Comunidad de Madrid, ha recordado al Ayuntamiento que en octubre de 2017 ordenó el derribo de lo construido ilegalmente, y que "con independencia de que la ejecutividad de las órdenes de demolición esté suspendida en tanto se sustancia el procedimiento contencioso interpuesto por la mercantil, ello no ampara ni la continuación de las obras ni el ejercicio de actividad en dichas instalaciones". Es decir, que las obras continúan y no se han paralizado. El empresario presentó dos recursos en los juzgados de lo contencioso-administrativo número 6 y 28 de Madrid contra los decretos del Ayuntamiento que en 2017 iniciaron los expedientes de derribo de las dos obras: un museo del automóvil y la ampliación de sus desguaces. Mientras se resuelven esos recursos, el empresario gana tiempo.

Urbanismo recuerda al Ayuntamiento que tiene competencias para multar a la empresa. El Consistorio, por su parte, decidió el pasado 9 de mayo "ordenar el precinto de las obras y de las instalaciones, actividades o usos del suelo descritos, y en especial de su acceso". También "ordenar la retirada de los materiales y la maquinaria que se encuentre y/o esté siendo utilizada en la zona de la ampliación, a costa del promotor, a quien corresponde satisfacer los gastos de transporte, depósito y custodia que se produzcan". Por último, ha requerido a las "empresas suministradoras para que procedan al corte del suministro de los servicios de agua, energía eléctrica, gas y telecomunicaciones de la zona afectada, las cuales deben mantener el corte desde que se cumplan cinco días de la recepción de la orden".