la audiencia juzga por fin el caso

La historia oculta de la 'gestapillo': un asunto de faldas que explotó entre falsos espías

El caso está amortizado. Ni la Fiscalía acusa. Esperanza Aguirre siempre cuenta a su círculo más íntimo que una relación extramatrimonial de uno de los protagonistas acabó yéndose de las manos

Foto: Ignacio González (i), Esperanza Aguirre (c) y Francisco Granados (D)
Ignacio González (i), Esperanza Aguirre (c) y Francisco Granados (D)

Esperanza Aguirre cumplió con el guion el pasado lunes. En apenas 20 minutos ventiló su comparecencia como testigo en la Audiencia Provincial en el juicio del denominado 'caso espías'. Ya tiene bastante con los negros nubarrones que se ciñen en su horizonte (véase futuras sorpresas en Púnica y Lezo), como para estar gastando esfuerzos en una batalla que ya está amortizada (la Fiscalía ni acusa y los procesados son de segunda fila). Por eso, este lunes, puso su mejor cara de inocente y lo negó todo. Nunca supo nada de seguimientos a políticos porque nunca nadie le dijo nada. Lo dicho, "gracias señoría" y hasta otra. La verdad es que a Aguirre este asunto le ha importado más bien poco, porque como siempre ha dicho a su círculo más íntimo se trata sobre todo de "un asunto de faldas".

Aguirre tiene su teoría sobre 'la gestapillo' (como la definió uno de los presuntos espiados, Manuel Cobo). La expresidenta madrileña tiene la certeza de que sus dos principales 'generales' en el Gobierno, Ignacio González y Francisco Granados, se investigaron mutuamente. El tiempo y el tablero político les hizo enemigos. Eso es un hecho. Pero todos esos años de rivalidad no se juzgan estos días en la Audiencia Provincial. No, solo se dirime si tres guardias civiles, dos policías nacionales y un funcionario de la Comunidad de Madrid gastaron dinero público en hacer seguimientos ilegales durante tres meses a un reducido grupo de políticos del PP (que algunos definen como rivales de la 'lideresa').

Y este asunto concreto, "una historia de Mortadelo y Filemón" (como también la calificó Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces ministro del Interior), es solo un capítulo reducido y cutre del negro serial que se vivió durante años en los resortes del poder del PP de Madrid y por ende del Gobierno regional. Para Aguirre, como hemos dicho, este capítulo se resume en un tema de faldas, cuyo principal protagonista sería Manuel Sergio Gamón Serrano, el exescolta de Aguirre que llegó a director general del Ejecutivo autonómico. Al parecer, Gamón lo perpetró todo al enterarse que le habían robado mensajes comprometedores de una relación que provocaron la ruptura de su matrimonio. Una especie de "montaje" que con el tiempo se fue de las manos. Porque para entender esta historia hay que explicar detenidamente a los personajes y el contexto de una época 'berlangiana'.

El todopoderoso Gamón

Sergio Gamón, zamorano de 59 años, es policía. Aguirre le nombró director general de Seguridad en mayo de 2006. Quienes trabajaron con él en la Comunidad lo definen como un tipo "fantasma, chulesco, peliculero" y muchas veces "agresivo e irritable". Llegó a la Comunidad de Madrid porque había sido jefe de escoltas de la propia Aguirre cuando esta era ministra de Educación (1996-1999) y presidenta del Senado (1999-2002). Allí, en la Cámara Alta, Aguirre colocó a la mujer de Gamón como secretaria y a la hija de la pareja en las listas del PP de Fuenlabrada. En el Gobierno regional Gamón pasó a tener directamente un nivel 30 (el más alto) y a cobrar 91.600 euros brutos anuales. Orgánicamente empezó dependiendo del consejero Alfredo Prada, con el que nunca tuvo una buena relación. De hecho, llegó a ser bastante mala.

Sergio Gamón, en una foto tomada en 2009
Sergio Gamón, en una foto tomada en 2009

El propio Prada (que fue consejero de Interior hasta mayo de 2007, mantendría la cartera de Justicia hasta junio de 2008) siempre ha reconocido que no fichó a Gamón. "La señora Aguirre, en su condición de presidenta, me hizo la propuesta de elegir a Gamón como director general de seguridad", señaló Prada en la Asamblea de Madrid. Gamón tenía en esa época un segundo, el policía Miguel Castaño. En mayo de 2007 Francisco Granados sustituye a Prada en Interior y pasa a ser el nuevo jefe de Gamón.

Llegan los asesores

En septiembre de 2007, Granados, que no se fía de Gamón y Castaño (que van por libre y al parecer reportan directamente con Ignacio González) y decide incorporar a tres guardias civiles de su confianza como asesores del departamento de seguridad. Se trata de José Oreja, Antonio Coronado y José Luis Caro. Al mes siguiente, en octubre de 2007, a Gamón no le gusta el movimiento que ha hecho Granados (trayendo a "su gente") y consigue que la dirección general de seguridad fiche a otros tres policías nacionales de su cuerda: Belén Espartero, José Manuel Rodríguez y Roberto Casielles. Es decir, en teoría un mismo departamento pero con dos equipos de asesores.

2008, el año clave

En 2008 pasa de todo. Es el año clave. Aguirre acaba de revalidar en 2007 la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid y se abren varios frentes políticos. El primero, dentro de la Comunidad. Granados y González empiezan a cimentar su enemistad. "El hombre fuerte era González y Granados aspiraba a serlo", explica una persona que esos años estuvo dentro del equipo de Aguirre. "Se competía por el reparto de poder. Ahora con el paso de los años comprendo el afán que entonces tenía Granados para que la empresa pública Arpegio [una de las piezas hoy del caso Púnica] pasara a depender de él". Comenzaron las rencillas y las sospechas.

El segundo frente se abre en el PP nacional. El 9 de marzo Mariano Rajoy fracasa de nuevo en su intento por alcanzar la Moncloa. Esperanza Aguirre siente que ha llegado su momento y prepara asaltar la dirección nacional en el congreso que se realizará en junio de ese año. Ese mes de marzo, el día 16, González es presuntamente espiado en un viaje privado que realiza con su mujer a Sudáfrica, un vuelo pagado por empresarios privados. Apunten el mes de marzo. Curiosamente en ese mes (y hasta mayo) se cometen los seguimientos ilegales a los 'rivales' de Aguirre, como Alfredo Prada y Manuel Cobo, lo que se conoce como 'gestapillo'.

Alfredo Prada es calificado como rival de Aguirre porque aunque forma parte de su Gobierno ha decidido apoyar públicamente a Rajoy en la guerra interna que se produce dentro del PP. Ese apoyo le cuesta el cargo. Aguirre le destituye a finales de junio de 2008 y deja de ser consejero de Justicia. Un día después, Gamón se presenta en un despacho utilizado por Prada y requisa ordenadores. ¿Quién se lo ordenó? ¿Qué había en esos dispositivos? Se ha dicho de todo. Incluido que podría haber en ellos informes que perjudicaban a González y Granados. Hay otra teoría, la que defiende Aguirre, el supuesto asunto de faldas.

Alguien le ha hecho llegar a la mujer de Gamón, que ha sido recolocada como secretaria en Telemadrid, unos supuestos mensajes que demostrarían que su marido le es infiel. Y Gamón busca al culpable, al filtrador. Sospecha sobre todo de dos personas, los dos jefes que ha tenido y con los que no se llevaba bien: Granados y Prada. Y sobre todo de un colaborador de este último. Lo cierto es que Granados tras enterarse de lo que ha hecho Gamón le destituye. Tiene el poder para hacerlo. "Este paso demuestra algo relevante. Si Gamón hubiera sido un hombre de González, como dicen algunos, lo hubiera defendido, pero la verdad es que González nunca trató con Gamón. No era de los suyos. No tenían nada que ver", explica una fuente que trabajó muchos años con el expresidente madrileño hoy imputado en el caso Lezo.

Alfredo Prada, exconsejero en los Gobiernos de Aguirre
Alfredo Prada, exconsejero en los Gobiernos de Aguirre

Aguirre (quien fichó a Gamón) no quiere problemas y acepta mover de sitio a su defendido tras la destitución ordenada por Granados. Pero no se va muy lejos. La 'lideresa' le recoloca como asesor de seguridad en el mismo Ejecutivo regional y con un sueldo similar. Sin despacho, ni competencias, ni personal a sus órdenes, pero percibiendo entonces un salario como si fuera un presidente del Gobierno (ahí estaría hasta el 25 de junio de 2010). Así llega el verano de 2008 y siguen los espionajes en el PP de Madrid. Unos detectives siguen a Ignacio González y a otros cargos del Canal de Isabel II en un viaje que hacen a Colombia entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre. Un viaje ya famoso que posteriormente sería inmortalizado en los medios.

Reguero de filtraciones

Gamón es sustituido por Enrique Barón, un comisario con importantes contactos que había sido jefe superior de la Jefatura de Madrid. "Con la llegada de Enrique Barón, la Comunidad alcanzó un nivel que con el señor Gamón no tenía. Se establecieron contactos con determinadas personas que los medios identificaron como procedentes de las cloacas. Y hay un rastro evidente de esto en multitud de ocasiones", llegó a declarar uno de los guardias civiles procesados, José Oreja. Lo cierto es que con la llegada de Barón empiezan las filtraciones en los medios y por tanto el escándalo. Una vez abierta la cloaca sale la basura.

Comienza 2009. La primera andanada va contra Granados. 'El País' publica que "un consejero de Aguirre monta un 'servicio secreto' con exagentes". La 'gestapillo' se hace pública. Pero no se cita a Gamón ni a los policías nacionales traídos por él. Solo a los guardias civiles que fichó Granados. Ese mismo día el mismo diario revela que González ha sido espiado en un reciente viaje a Colombia (la Cadena Ser desvelaría el vídeo meses más tarde, en abril). Los ánimos se caldean. Todos los dedos apuntan a Granados. Y los cañonazos vuelan en dirección contraria. Días después, también en enero, el diario 'Público' informa de la existencia de un dosier de 69 páginas sobre el incremento patrimonial de Ignacio González. Ya están todos manchados: Granados como espía y González como corrupto. Todo ello aderezado con la Gürtel, que estalla en febrero de 2009.

El exvicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, otro de los espiados
El exvicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, otro de los espiados

La pregunta que se hacen muchos es quien filtró a la prensa los dosieres que circulaban ya preparados. Granados cree que González o Gamón pasaron los partes de seguimiento de la 'gestapillo', aquellos que supuestamente habían rellenado los guardias civiles después de espiar a los 'rivales' de Aguirre, como Alfredo Prada (el consejero díscolo que apoyó a Rajoy) y Manolo Cobo (la mano derecha de Gallardón). González cree que sus males (los informes sobre su patrimonio y el de su familia) los movió Granados. Años después supo que alguien del PP pagó 300.000 euros por seguirle a Colombia y que un amigo constructor de Granados (David Marjaliza) contrató a detectives para elaborar informes contra él.

La propia Aguirre sigue pensando que es todo un asunto de faldas y que Gamón perdió la cabeza cuando se enteró de que habían filtrado a su mujer lo de su relación extramatrimonial. Un tema que acabó yéndose de las manos. Algunos de los espiados, por contra, creen que hay que mirar más allá de Gamón y González y pararse a pensar quien tenía la información de los partes de seguimiento y que la publicación de las filtraciones coincidió con la llegada de Enrique Barón al Gobierno regional. Hasta entonces los trapos sucios se lavaban dentro de casa.

La versión de los acusados

Luego está la versión de los acusados, los tres guardias civiles procesados y un funcionario de la Comunidad de Madrid. Han explicado en sede judicial y en la Asamblea de Madrid que Gamón les ordenó hacer los seguimientos "por expreso deseo del señor González". Esa orden se produjo en marzo de 2008, curiosamente cuando alguien ya había perjudicado la relación de Gamón con su esposa y también cuando Aguirre preparaba su lucha contra Rajoy para disputarle la dirección nacional. Los guardias se negaron a hacer los seguimientos y se quejaron ante Granados, que les prometió una solución que nunca llegó. "Ahí es cuando empezamos a comprender que, efectivamente, las órdenes procedían de Ignacio González y que el señor Granados no mandaba sobre Gamón".

"Y, en esa guerra, en mitad de esa especie de guerra sucia que tienen entre ellos, aparecemos los tres asesores procedentes del cuerpo de la Guardia Civil, sin conocer a nadie. Y con esa realidad se atreven a mandarnos esa barbaridad. No necesitaban de nosotros nada de eso. Yo creo que con esto lo que pretendían los señores Gamón y Castaño era preconstituirnos una prueba para que coincidieran los posicionamientos telefónicos con los lugares donde nos mandaban. La insistencia en que fuéramos a esos lugares era infernal", señaló José Oreja. Todo fue un montaje, según ellos, ya que tuvieron que reportar "informes vacíos de contenido operativo". Aseguran que vieron cómo Miguel Castaño (el segundo de Gamón) manipulaba esos informes.

Uno de los guardias civiles imputados en el caso, José Oreja
Uno de los guardias civiles imputados en el caso, José Oreja

¿Realmente ordenó González esos seguimientos? "Yo creo que fue cosa de Gamón para demostrar el poder que tenía. Si a esos partes de seguimiento, que apenas incluyen datos y que están basados en la agenda pública de los presuntos espiados se puede llamar espionaje, es para echar a la calle a los espías. Es ridículo. No aportan nada de valor. No sirven para nada. Quien ha trabajado dentro del equipo más cercano de González sabe que no tenía ninguna relación de Gamón", explican fuentes cercanas al expresidente regional. González insistió cuando fue a declarar como testigo esta misma semana que el único espionaje que él conoce es el que le hicieron en Colombia.

Merece la pena en este punto conocer lo declarado por Marcos Peña en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. Peña, policía nacional, es fichado por Granados en junio de 2008 (cuando supuestamente ya se había realizado los seguimientos pero no se habían filtrado) para que la ayudara a poner orden en la consejería tras la destitución y traslado de Gamón. "Todo es un montaje realizado desde dentro, con la colaboración muy seria por parte del periódico 'El País' y del periodista que ejecutó toda la información. Además, el que lo monta, le manda al periodista datos de filiación de cuatro personas, de Marcos Peña, que soy yo, y de los tres guardias civiles. Es lo primero que le manda al periodista: los datos de filiación de esas cuatro personas. Y, por otra parte, le mandan unos partes, esos famosos partes..."

Peña prosigue: "Los partes tienen unas fechas; la primera barbaridad que comete esta organización es mandar unos partes en los que el responsable de esos señores soy yo, pero cometen un error, porque en las fechas esas que figuran en los partes yo no me encontraba en la Comunidad de Madrid. Primera barbaridad, yo no estaba. Yo creo que el objetivo primero es eliminar tanto a mí como a los guardias civiles, que ya habían protestado ante el consejero. Y segundo, el más importante, el encubrimiento de lo que realmente sí se estaba haciendo, el espionaje real que se estaba haciendo".

Este veterano policía, Peña (que trabajaba para Iberdrola antes de llegar a la Comunidad de Madrid), cree que políticos de la Comunidad ya usaban desde años antes a detectives privados y asesores externos para sus tejemanejes. "Yo creo que al señor Gamón no le hace falta los guardias civiles para nada, y les hace hacer unos partes para implicarlos porque piensa que el consejero Granados los ha traído para ver qué está haciendo el señor Gamón, y este, como consecuencia, les hace hacer esos partes. Porque esos partes no valen absolutamente para nada".

Yolanda Laviana, exmujer de Sergio Gamón, cuando compareció en la Asamblea de Madrid
Yolanda Laviana, exmujer de Sergio Gamón, cuando compareció en la Asamblea de Madrid

La mujer despechada

Para echar más leña el fuego y refrendar la teoría del asunto de faldas, en junio de 2010 aparece en escena Yolanda Laviana, exesposa de Gamón y exsecretaria de Aguirre cuando presidió el Senado. En una entrevista detalló que su exmarido ya había espiado a Alfredo Prada mucho antes, en 2006. Laviana precisó que el receptor de los informes de Gamón era Ignacio González. "Yo he vivido un horror. Este asunto ha destrozado mi vida. Un horror. Tengo miedo. He vivido una oleada de vicisitudes, un horror, que me perjudican hasta el día de hoy", llegó a declarar en el Parlamento madrileño.

La entrevista de Lavinia en junio de 2010 provocó todo un terremoto. Ella fue despedida fulminantemente de Telemadrid donde era secretaria del presidente, Manuel Soriano (este había sido exjefe de prensa de Aguirre). Ni siquiera la ayudó que hubiera declarado a favor de Soriano cuando este fue denunciado por acoso sexual por una trabajadora. Su mentora Aguirre la defenestró. Gamón, por su parte, tuvo que dimitir en junio de 2010, el mismo día que fue despedida Laviana. Ambos ya estaban en proceso de separación.

El juicio, también de Mortadelo y Filemón

El caso, once años después, está amortizado. Ni siquiera acusa la Fiscalía. Los seguimientos a Alfredo Prada, a Manuel Cobo y a otras personas dejaron seis procesados, los que se sientan hoy en el banquillo. Se trata de los tres guardias civiles (Antonio Coronado Martínez, José Oreja Sánchez y José Luis Caro Vinagre); de José Manuel Pinto Serrano, personal laboral de la consejería acusado de escribir los partes de seguimiento; y los dos jefes de todos ellos, Sergio Gamón y Miguel Castaño. Todos están acusados de malversación de fondos públicos, ya que el delito de espionaje político no está tipificado en el Código Penal. Para la acusación, ejercida por varios diputados socialistas, los procesados incurrieron en un delito de malversación y deben ser castigados con penas de dos a cuatro años de prisión.

El caso está amortizado. No hay ningún político imputado y la Fiscalía ni siquiera acusa

La verdad es que la semana de juicio ya celebrada ha sido tan esperpéntica como algunos de los episodios del supuesto espionaje. La jueza amenazó a Ignacio González con mandarle a la policía porque no se había presentado a declarar. Luego se dio cuenta que había un error en la fecha de citación y pidió disculpas. También se equivocó el juzgado cuando citó a una persona que se llamaba igual que la exmujer de Gamón pero no era ella. Otro de los citados, el asesor Marcos Peña, tampoco fue correctamente convocado. Manolo Cobo no puede declarar por enfermedad. Granados dijo que todo era una "payasada", y González lo ha negado todo. El abogado del PSOE, que ejerce la acusación popular, apenas pregunta. De hecho, la juez llegó a reprocharle "el escaso interés que muestra por la causa". Panorama desolador.

Y aparece el comisario Barrado

Entre tanto aburrimiento destacó la declaración como testigo de comisario ya jubilado Jaime Barrado, el encargado hace años de realizar la investigación policial de la 'gestapillo'. Nunca declaró ante el juez instructor durante la misma, por lo que lo aportado esta semana puede dar un giro al caso. Según Barrado se produjeron seguimientos, pero nunca los realizaron los guardias acusados, sino detectives privados pagados por uno y otro bando. Barrado llegó a localizar a uno de esos detectives e o incluso detectó que sus superiores modificaban sus informes. El policía ya acusó en un documental de Mediapro, 'las cloacas de Interior', que todo el montaje estuvo apañado por su jefe, José Luis Olivera, y por Manuel Moix, entonces jefe de la Fiscalía Superior de Madrid.

El diario Público habló con el comisario Barrado tras salir de declarar: "Desde el día que vi lo que ocurría entre Olivera, Moix y algunos personajes de la Comunidad de Madrid bauticé lo que pasaba como Operación Boñiga. Hoy por fin ha reventado".

Madrid

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