ASEGURA QUE LAS DESOBEDECIÓ

Caso espías: "Me dieron órdenes para hacer seguimientos por interés de González"

“Me hacían ir a sitios como pollo sin cabeza y hoy tengo claro que era para hacer coincidir el posicionamiento de mi teléfono con el de los políticos Prada, Cono y Cifuentes”

Foto: El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. (EFE)
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. (EFE)

El guardia civil José Oreja, uno de los acusados por espiar a políticos del PP de la Comunidad de Madrid, ha dicho esta mañana que en 2008 recibió “órdenes ilegales de hacer seguimientos” a dirigentes.

“Las recibí del director general de seguridad Gamón en febrero, según me dijo, por interés de Ignacio González; no las cumplí y las denuncié tres veces ante Francisco Granados”, ha indicado el imputado ante la Audiencia Provincial de Madrid, que ha celebrado hoy la segunda sesión del juicio contra los supuestos miembros de la trama vinculada al Gobierno de Esperanza Aguirre, que espió a los entonces dirigentes del PP y rivales de la ‘lideresa’ Alfredo Prada, Manuel Cobo y Carmen Rodríguez Flores.

Según Oreja, en ocasiones le enviaban a él y a sus otros dos compañeros acusados a sitios públicos donde no había problemas de seguridad y sin ningún sentido “como pollos sin cabeza”. “Hoy tengo claro que me mandaban allí para hacer coincidir el posicionamiento de mi teléfono con el lugar donde vivían Prada y otros políticos, como Cobo o Cifuentes”, ha señalado.

Según la acusación ejercida por varios diputados socialistas de la Asamblea de Madrid, los altos cargos de la Dirección General de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón y Miguel Castaño organizaron entre marzo y mayo de 2008 una red de espías conformada por los funcionarios de ese mismo departamento José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez, Antonio Coronado Martínez y José Miguel Pinto Serrano para vigilar a los citados políticos con el fin de averiguar sus intenciones de cara al congreso que el PP iba a celebrar ese verano en Valencia.

Para esta acusación, los procesados incurrieron en un delito de malversación y deben ser castigados con penas de dos a cuatro años de prisión. La Fiscalía, sin embargo, entiende que no ha quedado acreditada la existencia de la mencionada trama, que no está claro que los partes de seguimiento entregados al juzgado por un periodista se hicieran realmente tras el espionaje, que pudieron servir para fines espurios y que es lógico que los posicionamientos telefónicos situaran a los funcionarios acusados en ocasiones en la misma antena que cubría a los dirigentes políticos, dado que Oreja, Caro y Coronado vigilaban edificios públicos por los que pasaban habitualmente estos altos cargos.

Según el ministerio público, no ha quedado probado delito alguno durante la investigación. La defensa de Oreja, Coronado y Pinto, ejercida por Ramón Gonzàlez Bosh, por su parte, admite que Gamón y Castaño les dieron órdenes para espiar, pero niega que ellos las cumplieran. Según la misma defensa, las desobedecieron y las denunciaron.

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