la fiscalía no ve pruebas sino indicios

Un 'e-mail' a un acusado amenaza con tumbar el juicio de la 'gestapillo' de Aguirre

El correo enviado por uno de los subdirectores de 'El País' revela que uno de los supuestos espías guardias civiles "no ordenó ni hizo ningún seguimiento"

Foto: Manuel Cobo, uno de los supuestos espiados, durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid en marzo de 2017. (EFE)
Manuel Cobo, uno de los supuestos espiados, durante su comparecencia en la Asamblea de Madrid en marzo de 2017. (EFE)

Un correo electrónico enviado por el entonces subdirector del diario 'El País', J. M. R., el 21 de junio de 2012 a José Manuel Pinto Serrano, uno de los acusados de conformar la trama de espionaje de la Comunidad de Madrid vinculada al Gobierno de Esperanza Aguirre, amenaza con poner patas arriba el juicio que ha comenzado esta mañana en la Audiencia Provincial. El 'e-mail' ha sido esgrimido este martes por primera vez por el propio letrado durante la vista oral con el fin de desacreditar los supuestos partes de seguimiento que publicó el mismo periódico y que representaron el origen de la investigación.

"Desde el principio, entendimos que la responsabilidad de Pinto en los hechos era mínima en relación a lo ocurrido", reveló el correo electrónico enviado desde un correo del diario y expuesto por la defensa del acusado. "Ni ordenó ningún seguimiento, ni hizo ningún seguimiento y, a lo sumo, si los informes periciales estaban en lo correcto, apuntó algunos datos sobre los partes del espionaje obedeciendo instrucciones de alguien cuya identidad desconocemos", explicó el periodista en un documento que no ha sido admitido por el tribunal como prueba de descargo, pero que presumiblemente será corroborado por el propio subdirector, según ha anunciado el propio abogado de Pinto, Ramón González Bosch, quien ha adelantado que el periodista testificará el próximo 12 de enero en la Audiencia Provincial.

"Durante días buscamos en las llamadas telefónicas de Pinto —que suministró Telefónica— algún dato que lo vinculase directamente con los seguimientos físicos a Cobo y a Prada sin encontrar ni un solo rastro de ese hecho", admite el periodista en el mismo escrito justo después de explicar que su diario encargó un informe caligráfico sobre la letra de Pinto a unos "peritos de la Audiencia Nacional" de "reconocida independencia" que habían "intervenido en el caso GAL contra dirigentes socialistas". "Confirmaron que la letra podía ser de Pinto, lo que entendemos que contribuyó decisivamente a que la jueza lo imputara en esta causa".

Pinto es señalado por la acusación popular ejercida por varios diputados socialistas de la Asamblea de Madrid como uno de los cabecillas de la trama. En concreto, estos últimos apuntan que era quien recogía los informes elaborados por cada uno de los supuestos espías que se encargaban de hacer los seguimientos para unificarlos y entregarle el parte resultante al entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, o a su subdirector general, Miguel Castaño, para quienes la acusación solicita mayor pena, cuatro años de prisión por el delito de malversación de caudales públicos. Los parlamentarios del PSOE reclaman dos años para Pinto y la misma condena para José Luis Caro Vinagre, José Oreja Sánchez y Antonio Coronado Martínez, a quienes achaca los seguimientos de calle.

Estos tres últimos, siempre según la acusación popular —que no respalda la Fiscalía—, utilizaron sus vehículos oficiales, sus móviles de la Administración y cámaras fotográficas de dominio público para vigilar a Alfredo Prada, Manuel Cobo y Carmen Rodríguez Flores, entonces dirigentes del PP y supuestos rivales internos de la que era presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre. Según interpretan los diputados socialistas, la jefa del Ejecutivo autonómico pretendía espiar a estos altos cargos para ver qué movimientos hacían en aquella época (entre marzo y mayo de 2008) de cara al congreso del partido que se iba a celebrar en Valencia poco después.

Tanto González Bosch —abogado de Pinto, Oreja y Coronado— como Javier Vasallo —letrado que defiende a Castaño y a Gamón— han tachado de procedimiento político el juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial, han criticado que el Juzgado de Instrucción 5 cerrara la causa hasta en tres ocasiones y que luego la reabriera la sala otras tantas y han censurado que la prueba principal —los partes presentados por el periodista que elaboró las primeras informaciones, Francisco Mercado, que declarará también como testigo— proviene de un origen desconocido porque el informador se negó a revelar la fuente. "No ha podido ser contrastada", ha insistido Vasallo, que también defiende al exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados en el marco del caso Púnica.

"Muchas sospechas, ninguna prueba"

La Fiscalía ha mostrado también su opinión contraria a que el tribunal de jurado condene a los acusados, al entender que no hay prueba alguna que confirme el delito de malversación que se les imputa. La representante del ministerio público ha aclarado que "los seguimientos son algo lícito" y que, aun en el caso de que se confirmara que existieron, que no estaría a su juicio demostrado, aún habría que exponer evidencias de que hubo ilícito penal de malversación, que se usaron bienes públicos con fines privados. "Tampoco existen pruebas de que se produjeran órdenes para espiar", ha señalado la fiscal. "Muchas sospechas, pero ninguna prueba", ha sentenciado antes de señalar que ella considera acreditado que los acusados tampoco se enriquecieron.

Durante el juicio, además de los acusados, declararán en calidad de testigos los políticos supuestamente espiados, Prada, Cobo y Rodríguez Flores; el autor de las informaciones que dieron origen al caso, Francisco Mercado; el exconsejero Francisco Granados; su jefe de gabinete, Ignacio Palacios; los expresidentes regionales Ignacio González y Esperanza Aguirre; el que fuera jefe de la UDEF José Luis Olivera; el exconsejero Salvador Victoria, o los comisarios Jaime Barrado y Enrique Barón.

En aquella época, a pesar de que Granados era el máximo responsable de la Consejería de Presidencia e Interior, fue el entonces vicepresidente, Ignacio González, quien designó a Gamón como máximo dirigente de la Dirección General de Seguridad. Este último fichó a tres policías de su confianza, extremo al que Granados respondió contratando a otros tres guardias civiles (Pinto, Oreja y Coronado) de su cuerda. El movimiento sentó mal al bando de González y fue entonces cuando aparecieron publicados los conocidos partes de seguimiento.

España

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
5 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios