De Wanda a la CNMC pasando por Cueto: un verano de golpes judiciales a Carmena

Lo problemas judiciales crecen para el Ayuntamiento de Madrid coincidiendo con la recta final de la legislatura. El periodo estival ha traido consigo varios mazazos para Manuela Carmena, desde la anulación del plan urbanístico que afecta al nuevo estadio Wanda Metropolitano del Club Atlético de Madrid, hasta el recurso contencioso-administrativo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la normativa sobre pisos turístico -que también afecta a Bilbao y San Sebastián-, pasando por el último despido improcedente de un alto cargo -en esta ocasión con acuerdo de conciliación- ordenado por el número dos de la alcaldesa, Luis Cueto.

Los equipos jurídicos del consistorio afrontarán una inusitada carga de trabajo a partir de septiembre, ya que el Gobierno municipal está dispuesto a defender en los tribunales la normativa sobre los alquileres turísticos y recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en un plazo de menos de tres semanas para que el Atlético de Madrid pueda seguir jugando en su nuevo estadio. El capítulo de la guerra político-laboral emprendida por Cueto contra la gran mayoría de los altos cargos de la empresa municipal Madrid Destino, en cambio, se está resolviendo a golpe de talonario con cargo a las arcas públicas, mediante acuerdos de conciliación -y readmisiones en algunos casos-, que reconocen los daños y perjuicios causados a los despedidos por "represalia", según uno de los fallos.

El planeamiento urbanístico del Wanda, que ha sido anulado por el TSJM, fue un expediente heredado del anterior Gobierno municipal que lideró la popular Ana Botella, si bien la lucha contra la proliferación de pisos turísticos, que han alimentado la burbuja del alquiler y expulsado de sus barrios a los vecinos del centro de la ciudad, es una de las principales banderas enarboladas por Ahora Madrid. Como tal prometen continuar la batalla, aunque la moratoria en la concesión de licencias sigue en vigor mientras los tribunales no resuelvan el recurso contencioso-administrativo de la CNMC.

Una batalla centrada, según sostienen, en asegurar el derecho a la vivienda, como muchas otras ciudades europeas, para "garantizar la convivencia en la ciudad y el acceso a la vivienda". En esta línea, el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, señalaba a través de las redes sociales que "no limitar el alojamiento turístico supone renunciar a la ordenación de la ciudad y dejar a los ciudadanos en manos exclusivamente del mercado", por lo que avanzaba que el Ayuntamiento de Madrid "seguirá trabajando para proteger el uso residencial y evitar la expulsión de los vecinos del centro".

Solo una semana y media antes del recurso de la CNMC, basándose en que las normativas eran "contrarias a la competencia" y a los principios de regulación económica eficiente, y "perjudican a los consumidores y usuarios", la Junta de Gobierno aprobaba el Plan Especial para la regulación de usos de hospedaje y alojamientos turísticos. Un plan con el que se prevé reducir el 95% de los pisos turísticos pirata que operan en la capital, y que afecta a un área dividida en tres anillos que comprenden una superficie total de 52.768.610 metros cuadrados o, lo que es lo mismo, prácticamente el 9% del término municipal de Madrid.

La previsión inicial era llevar el plan especial al pleno municipal entre los meses de octubre y noviembre, el último paso para su implantación definitiva. Mientras tanto se mantiene la moratoria, suspendiendo así la concesión de nuevas licencias para alojamientos turísticos en inmuebles de uso residencial situados en los barrios del distrito Centro.

El 'superregulador' informó a través de un comunicado que ya había enviado previamente requerimientos a los tres ayuntamientos afectados -Madrid, Bilbao y San Sebastián- para que justificaran la necesidad y la proporcionalidad de una serie restricciones impuestas a la hora de alquilar apartamentos y viviendas turísticas. Las respuestas no fueron satisfactorias para Competencia, lo que originó la presentación del recurso.

El portavoz del PP aseguraba que su grupo ya anticipó que la regulación de los pisos piratas de alquiler turístico acabaría siendo tumbada

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid Íñigo Henríquez de Luna también denunciaba esta semana, tras el recurso presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que la normativa urbanística del Gobierno de Manuela Carmena que obliga a obtener una licencia para alquilar una vivienda turística durante más de 90 días es "irresponsable" e "injusta" y genera "inseguridad jurídica".

En declaraciones remitidas a la prensa recogidas por EFE, el portavoz de los populares aseguraba que su grupo ya anticipó que la regulación de los pisos piratas de alquiler turístico acabaría siendo tumbada por los tribunales por ser "absolutamente injusta". Asimismo, añadía que esta normativa "ha perjudicado a los vecinos y a todas las personas que se han dedicado a una actividad que hasta ahora ha sido legal y que el equipo de Carmena, de forma irresponsable, ha decidido colocar fuera de la ley".