La política de contratación del número dos de Carmena hace agua en los juzgados

La política de recursos humanos ejercida por el coordinador general de la alcaldía de Madrid y vicepresidente de Madrid Destino, Luis Cueto, comienza a hacer agua en los juzgados acumulando un coste cada vez más elevado para las arcas públicas. El Tribunal Supremo confirmaba recientemente que los condenados por la Audiencia en el caso Madrid Arena, junto al subdirector de Seguridad de Madridec, Rafael Pastor, deberán pagar indemnizaciones superiores a los dos millones de euros a las familias de las víctimas mortales del suceso. Pastor había sido despedido de forma disciplinaria por parte de la anterior dirección de la empresa municipal Madrid Destino por estar involucrado en estos hechos, pero el segundo de Manuela Carmena actuó para proceder a su readmisión de forma voluntaria y previa indemnización. No es un caso aislado, el nombre de Cueto aparece ligado a otras decisiones similares, según diversa documentación a la que ha accedido este diario.

El pasado mes de enero, Madrid Destino, de cuyo consejo de administración Manuela Carmena es presidenta y Luis Cueto vicepresidente, llegó a un acuerdo con la exgerente Ana Varela —destituida tras denunciar el caso Open de Tenis ante la Fiscalía— para no ir a juicio por despido improcedente. El acuerdo alcanzado entre las partes antes de la celebración del juicio fue una indemnización de 35.000 euros para la demandante por "daños personales y profesionales". Un acuerdo que, según sostuvieron entonces fuentes del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, no es legal porque "la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece que no se tendrá derecho a indemnización alguna" cuando el despedido de un cargo como el que desempeñó Varela es un funcionario de carrera, por lo que también exigieron reincorporar al erario público la cantidad pagada. Además, indirectamente se le da la razón en su demanda.

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La lista de readmisiones previa indemnización voluntaria se completa con la responsable de Actividades y con el director de Infraestructuras. Todos despedidos de forma disciplinaria por supuestas irregularidades y posteriormente readmitidos e indemnizados. Sin embargo, el caso de Varela es especialmente llamativo porque en la demanda, a la que tuvo acceso este diario, señalaba directamente a Luis Cueto como responsable del cese, asegurando que "tiene como causa la represalia y sanción por haber ejercitado acciones legales de denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de hechos susceptibles de ser calificados como delitos o de presentar relevancia penal. Y de los cuales he tenido conocimiento por el desempeño de mis funciones como gerente de la empresa".

"Represalias" que se extendieron a directores de departamento que no habrían seguido las instrucciones del coordinador de la alcaldía para dar carpetazo a las investigaciones por el caso Open de Tenis, que destaparon un supuesto sobrecoste para las arcas municipales superior a los 12 millones, y evitar así “molestar a cierto tipo de gente”. Ambos casos están también en los juzgados, a la espera de otro previsible acuerdo extrajudicial, aportando pruebas documentales que incluyen correos electrónicos, testimonios o mensajes de telefonía móvil, involucrando al número dos de Carmena en la toma de esta y otras decisiones de dudoso proceder.

Otro de los casos que más llaman la atención tiene que ver con la readmisión de quien fuera director de Infraestructuras de Madrid Destino Justo Benito Batanero. A pesar de que el director de Recursos Humanos de la empresa municipal firmó un informe justificando su despido por un presunto “delito de estafa” y una auditoría externa apuntando irregularidades, negligencia y perjuicio a la empresa en el desempeño de sus funciones, “susceptibles de la exigencia de responsabilidad civil, administrativa e incluso penal”, Cueto exigió en nombre de Manuela Carmena la readmisión de este alto cargo.

La orden de readmitir a Batanero se ejecutó el mismo día en que se despidió a la anterior gerente, en marzo del pasado año. Tras exigirle telefónicamente al director de Recursos Humanos, Juan Gómez —posteriormente también despedido junto a la directora del área Legal—, que iniciase los trámites para readmitir al mencionado alto cargo, este le informa de que las instrucciones de la gerente no eran esas. Cueto alega entonces que se trata de instrucciones de la alcaldesa y que la gerente ha sido cesada, un extremo que desconocía el propio director de Recursos Humanos, por lo que solicita esa instrucción por escrito.

El mensaje del coordinador general de la alcaldía, según se aporta en la documentación que acompaña la demanda de Varela ya publicada por este diario, es el siguiente:

“Siguiendo instrucciones de la alcaldesa, y tal como te he comentado por teléfono, deberá darse hoy mismo instrucciones a los abogados de Madrid Destino para que se negocie la readmisión de Justo Benito en el puesto de Infraestructuras que ocupaba antes de su despido.

Necesito tener información puntual de cómo se desarrolla este proceso.

Un saludo.”

Cueto exigió su readmisión “dejándonos de informes y jueguecitos”, según le trasladó telefónicamente al director de Recursos Humanos, siempre según recoge literalmente la demanda de la exgerente con la que se llegó a un acuerdo extrajudicial. Como consta en el acta de conciliación del juzgado de lo social número 18 de Madrid del pasado 26 de abril, la empresa reconoce la improcedencia del despido y oferta por el concepto de salarios de tramitación la cantidad de 44.933 euros.

La decisión de llegar a un acuerdo extrajudicial con este alto cargo de la etapa de Gallardón incluso fue puesta en cuestión por el comité de empresa de Madrid Destino, cuyos responsables exigieron al nuevo consejero delegado, Antonio Fernández Segura, que les remitiese los informes pertinentes en que se sostiene la readmisión, además de las auditorías externas por las que se concluyeron posibles hechos susceptibles de la exigencia de responsabilidad civil, administrativa e incluso penal en el desempeño de sus funciones.

Desde la dirección de Madrid Destino se justificó que los abogados de la empresa municipal habrían considerado dudas razonables que podrían beneficiar al trabajador, de ir a juicio, además de que en un proceso de estas características prima la voluntad de conciliación a la celebración del juicio.