Los juzgados vuelven a tumbar los despidos por "represalia" del número dos de Carmena

Las arcas públicas municipales deberán seguir haciendo frente a los costes derivados de indemnizaciones a altos cargos del Ayuntamiento de Madrid despedidos por el número dos de Manuela Carmena, el coordinador de la alcaldía Luis Cueto, como "represalia" por haber denunciado el convenio con el Open de Tenis, según recalca alguna de las sentencias. El último en sumarse a la lista de altos cargos despedidos y posteriormente indemnizados es el responsable de Recursos Humanos de la empresa municipal Madrid Destino, Juan Gómez, que esta semana llegó a un acuerdo de conciliación, reconociendo así los daños y perjuicios causados contra su persona.

Con el acuerdo, se evita la posibilidad de que se plasmen en la sentencia conclusiones como que Cueto provocó "una serie de perjuicios económicos" para las arcas municipales, tal y como recogen los hechos probados de otra sentencia anterior favorable a un alto cargo posteriormente despedido por el denominado 'alcalde en la sombra' como "represalia", según añadía el fallo, "a la libertad de expresión en el ejercicio de su actividad profesional tratando a toda costa de defender los intereses de la sociedad". Sin embargo, no se evita que la indemnización corra a cuenta del erario público. Desde el Partido Popular ya exigieron reincorporar los 35.000 euros pagados el pasado mes de enero a la exgerente de Madrid Destino Ana Varela —destituida tras denunciar el caso Open de Tenis ante la Fiscalía— para no ir a juicio por despido improcedente. El acuerdo en este caso es prácticamente el mismo que el de Varela, aunque la indemnización es ligeramente inferior.

Las mismas fuentes populares en el Ayuntamiento de Madrid señalaron que la indemnización no era legal porque "la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece que no se tendrá derecho a indemnización alguna" cuando el despedido de un cargo como el que desempeñó Varela es un funcionario de carrera. Al último juicio por despidos supuestamente improcedentes estaban llamados a declarar el propio Luis Cueto y el concejal Carlos Sánchez Mato, que también fue apartado de la vicepresidencia de Madrid Destino tras interponer una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción.

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Los choques entre la dirección de Madrid Destino y parte de su consejo de administración, encabezado por Sánchez Mato, comenzaron antes de que se presentase ante la Fiscalía Anticorrupción la demanda por supuestos sobrecostes millonarios para el Ayuntamiento de Madrid, relativos al incremento del precio aportado por el ayuntamiento en los ejercicios 2006 y 2010, relacionados con el convenio del Open de Tenis. Concretamente, el primer enfrentamiento con Cueto se debió a la readmisión de quien fuera director de Infraestructuras de Madrid Destino Justo Benito Batanero, quien dependía directamente de la gerencia.

El responsable de Recursos Humanos había firmado un informe justificando su despido por un presunto “delito de estafa”. Conclusiones que se basaban en una auditoría externa que apuntó irregularidades en su gestión, negligencia y perjuicio a la empresa en el desempeño de sus funciones, “susceptibles de la exigencia de responsabilidad civil, administrativa e incluso penal”. Cueto, sin embargo, exigió en nombre de Manuela Carmena la readmisión de Justo Benito Batanero.

La decisión de llegar a un acuerdo extrajudicial con este alto cargo de la etapa de Gallardón incluso fue puesta en cuestión por el comité de empresa de Madrid Destino, cuyos responsables exigieron al nuevo consejero delegado, Antonio Fernández Segura, que les remitiese los informes pertinentes en que se sostiene la readmisión, además de las auditorías externas por las que se concluyeron posibles hechos susceptibles de la exigencia de responsabilidad civil, administrativa e incluso penal en el desempeño de sus funciones.

Desde la dirección de Madrid Destino, se justificó que los abogados de la empresa municipal habrían considerado dudas razonables que podrían beneficiar al trabajador, de ir a juicio, además de que en un proceso de estas características prima la voluntad de conciliación a la celebración del juicio. Según consta en la documentación y correos electrónicos a que tuvo acceso este diario, Cueto exigió telefónicamente al director de Recursos Humanos que iniciase los trámites para readmitir al mencionado alto cargo. Este le informa de que las instrucciones de la gerente no eran esas. Cueto alega entonces que se trata de instrucciones de la alcaldesa y que la gerente ha sido cesada, un extremo que desconocía el propio director de Recursos Humanos, por lo que solicita esa instrucción por escrito. El correo es el siguiente:

“Siguiendo instrucciones de la alcaldesa, y tal como te he comentado por teléfono, deberá darse hoy mismo instrucciones a los abogados de Madrid Destino para que se negocie la readmisión de Justo Benito en el puesto de Infraestructuras que ocupaba antes de su despido.

Necesito tener información puntual de cómo se desarrolla este proceso.

Un saludo”.

Cueto exigió su readmisión “dejándonos de informes y jueguecitos”, según le trasladó telefónicamente al director de Recursos Humanos, siempre según recoge literalmente la demanda de la exgerente con la que se llegó a un acuerdo extrajudicial. Como consta en el acta de conciliación del Juzgado de lo Social número 18 de Madrid del pasado 26 de abril, la empresa reconoce la improcedencia del despido y oferta por el concepto de salarios de tramitación la cantidad de 44.933 euros. Se calcula que la guerra político-laboral emprendida por el número dos de Carmena superaría ya los 200.000 euros de coste para el Ayuntamiento de Madrid entre indemnizaciones por despidos improcedentes y readmisiones.