La UCO acusa de fraude y cohecho al 'sheriff de Brunete', otro alcalde del PP en Púnica

El caso Púnica suma y sigue. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil implica en uno de los últimos informes que ha entregado al juez Eloy Velasco a dos cargos del Ayuntamiento de Brunete (municipio madrileño de 10.500 habitantes), entre ellos al alcalde Borja Gutiérrez Iglesias, del PP, al que acusa de los delitos de fraude y cohecho por intentar amañar un contrato de 8,4 millones de euros que se iba a adjudicar a una de las principales empresas investigadas en el caso, Cofely, la multinacional de eficiencia energética del grupo francés Engie. A cambio, la compañía gala financió "espectáculos musicales" en el pueblo y "encuestas políticas municipales" que, según la UCO, deberían haber sido pagados por el ayuntamiento (los conciertos) y por el PP de Brunete (las encuestas).

En un informe fechado el 14 de diciembre de 2016, la UCO implica a 11 personas, dos de ellas cargos del consistorio. Además del regidor, la Guardia Civil también acusa de fraude a la concejala popular María Cristina Gil Guerra. En la lista también está su padre, José Gil Granizo, secretario general del PP de Brunete e ingeniero técnico de Obras Públicas en otro ayuntamiento madrileño, el de Villanueva de la Cañada, al que se le acusa de fraude y cohecho. Desde que la Púnica se destapara en octubre de 2014, el caso se ha ido extendiendo a varias localidades madrileñas y ha salpicado a otros regidores del PP. Los dos últimos han sido los exalcaldes de Móstoles y Alcalá de Henares. El primero, Daniel Ortiz, tuvo que dejar su cargo de diputado autonómico tras ser imputado. La UCO acusa al segundo, Bartolomé González (también diputado autonómico) de recibir 60.000 euros a cambio de amañar otro contrato de Cofely. La Audiencia Nacional ultima inhibirse en el TSJM para que este impute a González, ya que es aforado.

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La UCO asegura en este nuevo informe que hay "importantes elementos que indican de manera clara" que directivos y trabajadores de Cofely actuaron en connivencia con funcionarios y responsables políticos del Ayuntamiento de Brunete "para favorecer a dicha sociedad frente a otros licitadores que quedaban en una clara situación de desventaja". Es cierto que el contrato de eficiencia energética, de 8,4 millones y con una duración de 15 años, finalmente no se adjudicó, pero solo porque la UCO destapó este escándalo el 27 de octubre y detuvo a los directivos de Cofely que "urdían la adjudicación fraudulenta" en Brunete. De hecho, antes de las detenciones, Brunete ya había convocado para el día 29 la comisión municipal que iba a aprobar el expediente de contratación y los pliegos. "Una vez conocidas la actuaciones policiales, dicho punto fue sacado del orden del día", señala la UCO en el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial.

"Que no se adjudicara y por tanto no se formalizara el contrato, no es óbice para que se consuman hechos de relevancia penal", aseguran los investigadores en su informe. En este sentido, la Guardia Civil subraya que Cofely redactó y envió los pliegos administrativos y técnicos del contrato al ayuntamiento. Dos funcionarios han declarado que la edil Cristina Gil Guerra les entregó los pliegos, "algo que no es normal, ya que los pliegos los hacen los técnicos municipales y los firman los concejales de área. En el caso que nos ocupa, ni los pliegos los hacen los técnicos [los hace Cofely] ni los firman los concejales [aparecen sin firmar]". La UCO cree que permitir que Cofely redactara esos documentos "es darle una ventaja injustificada frente a otros competidores", ya que la firma francesa determinó "el presupuesto, los criterios de adjudicación y las condiciones de solvencia de los licitadores".

Dos correos con los pliegos

La UCO destaca dos correos, ambos enviados por el ya imputado Pedro García Pérez, uno de los exdirectivos de Cofely implicados en la trama. El primero es del 18 de junio de 2013, en el que García remite al alcalde Borja Gutiérrez "unos modelos de pliegos que posteriormente fueron adaptados al municipio de Brunete". En el segundo, del 6 de febrero de 2014, García envía a José Gil Granizo (secretario del PP de Brunete y padre de la concejala Cristina Gil) "unos pliegos idénticos en sus puntos esenciales a los que pretendían ser aprobados en octubre". Esos pliegos establecían que solo las empresas con un volumen de negocio igual o superior a los 150 millones de euros se podían presentar al contrato. "Desproporcionado para una licitación de 559.000 euros anuales [durante 15 ejercicios]. Buscaría restringir la concurrencia evitando que se puedan presentar otras empresas", indica la UCO.

Los investigadores también están convencidos de que las detenciones que realizaron el 27 de octubre de 2014 motivaron que se sacara de la comisión municipal que se iba a celebrar el día 29 (y que fue convocada el 24) el punto relativo a un dictamen sobre la aprobación del expediente y de los pliegos. "Según los indicios recabados, la intención inicial era que el contrato de eficiencia energética de Brunete fuera aprobado definitivamente en el pleno del 6 de noviembre", tal y como comunicó el alcalde a otro directivo de Cofely. Es llamativo que el día de las detenciones José Gil intentara contactar con Pedro García (que ya estaba detenido), y cómo su hija, la concejala, encargó un informe "que corría mucha prisa" a un técnico para que lo redactara en menos de un día, "contradiciendo uno también suyo de tan solo unos días antes, siendo utilizado para sacar del orden del día de la comisión el punto relativo a este contrato".

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También se han analizado llamadas telefónicas que dejan entrever "que el alcalde de la localidad participa activamente en la concertación para velar por el hecho de que Cofely fuera adjudicataria del contrato". La UCO califica de "especialmente significativo" el hecho de que Pedro García prepara al regidor el argumentario político para defender ante la comisión la necesidad del contrato. García apodaba al alcalde 'el sheriff de Brunete'. Dos funcionarios destacaron además en sus declaraciones la celeridad impuesta por el regidor en la tramitación administrativa, "con unos plazos muy exigentes".

"Elementos determinantes de los cohechos"

La UCO también ha analizado las presuntas contraprestaciones que Cofely pagó al ayuntamiento. En este papel, fue una pieza clave David Marjaliza, el empresario imputado que ha colaborado con el juez. La firma francesa pagó espectáculos públicos organizados por el ayuntamiento, valorados en 7.390 euros más IVA. "Para evitar dar la apariencia de que desde una empresa dedicada a la eficiencia energética se pretendían pagar unos espectáculos municipales días antes del pleno en el que se iba a aprobar el expediente de contratación, se recurre a David Marjaliza y la interposición de empresas controladas por este para que fueran sus sociedades las que emitieran facturación ficticia".

Marjaliza, a través de su empresa Ruta Energética, también pagó encuestas de contenido político (8.000 euros más IVA) para el PP de Brunete facturadas como si se tratara de encuestas de gestión energética. Encuestas realizadas por la empresa TNS Demoscopia. La UCO acusa a dos responsables de esta consultora de los delitos de falsedad en documento mercantil.

Además, en el despacho de la secretaria de Marjaliza, se intervino un documento que bajo el título 'Cofely' tenía una cantidad de 12.000 euros asociada al concepto 'Brunete'. "Como ha quedado acreditado a lo largo de la investigación, el circuito económico ideado para abonar las comisiones a los responsables municipales pivotaba en torno a la figura y estructura empresarial de David Marjaliza". La UCO cree que Marjaliza pagó los 12.000 euros a Pedro García para que este entregara a su vez el dinero a los responsables políticos de Brunete. La UCO también acusa a cinco directivos de Cofely de los delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias; y a David Marjaliza, de cohecho y falsedad en documento mercantil.

Fuentes del Gobierno municipal del PP manifestaron a este diario su "absoluta predisposición a aclarar estos hechos" y negaron que haya existido delito alguno en este asunto. "Hasta el momento no ha llegado citación alguna del Juzgado Central de Instrucción. Si llegara, se acudirá a sede judicial a aclarar estos hechos y defender la honestidad de las personas mencionadas", afirmaron estas fuentes. "Se desconocen los hechos mencionados por la UCO en este informe. No hay nada que ocultar y cuando sea conocido el contenido del informe, se atenderán a las preguntas que se formulen, dando todas las explicaciones oportunas. El trato de la UCO en todo momento ha sido impecable y en virtud de ello confiamos en la Justicia, como siempre hemos hecho, para defender el honor y la verdad. El equipo de gobierno y su alcalde a la cabeza es el más interesado en esclarecer los hechos, no sólo como servidores públicos sino como ciudadanos de este municipio".