Si cada caravana ilegal pagara su multa, Fuerteventura tendría 7,5 millones de euros más

Cambiar el confort del hogar por la vida salvaje en autocaravana es el sueño hippie de muchos. En Canarias hay quienes lo han llevado a cabo, nómadas digitales que viven sobre ruedas y no echan de menos la rutina sedentaria. Pero no todo es del color de rosa. El Cabildo de Fuerteventura, una de las siete islas en el archipiélago, calcula que son unos 500 vehículos los que se mantienen estacionados en tierra sin permiso ni licencia. Las multas se hacen esperar y no todos las han recibido, aunque la Policía lleva semanas sancionando por activa y por pasiva.

"Queremos que haya un efecto llamada". Puede parecer mentira, pero no lo es. Estas palabras las pronuncian desde el Cabildo majorero cuando se les pregunta qué vendrá después de las multas, en caso de que los usuarios no paren de utilizar estos vehículos para vivir en mitad de la naturaleza. Su idea es que se corra la voz de las elevadas penalizaciones a quienes tienen una caravana o furgoneta y campan a sus anchas por las calles. Lo que más peligra es el medioambiente, pues lo habitual es que quienes viven este tipo de vida generen residuos que acaben alrededor de su vehículo, penetrando en la arena, el césped o la tierra hasta descomponerse.

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El Confidencial

Los planes de recogida del municipio no siempre absorben todos estos enseres, así que el asunto se vuelve complicado. Ante el ajetreo de la gran ciudad o la subida cada vez más al alza del precio de la vivienda, especialmente en islas de pequeño tamaño como Fuerteventura o Lanzarote, las autocaravanas y la vida en el camping se han vuelto populares con el tiempo. No es de extrañar, pues responden a un problema social al que las instituciones no siempre dan solución.

En Baleares, mismamente, se popularizó este método incluso entre funcionarios, profesores o enfermeras, que pese a tener un sueldo estable y generalmente competente tenían que apañarselas para vivir en una furgoneta ante la imposibilidad de hacerse con un piso en la isla, de poca superficie para la abundancia de gente que atrae. En Fuerteventura, tal y como explicaban desde el Ayuntamiento, hay quienes hacen negocio de la desgracia y ponen en alquiler turístico las autocaravanas que adquieren, de forma que puedan arrendarlas por un precio superior, con el tiempo, al de venta.

Por nacionalidades, detallan que la mayoría "son extranjeros", sin llegar a especificar de qué países exactamente provienen. "Es difícil de cuantificar, pero solo a simple vista se nota que entre ellos hay mucho inglés o alemán, tal vez algún holandés", certifican. Las casuísticas por las que llegan al archipiélago son infinitas, pero luego toca sentar las bases de lo que se va a hacer con ellos. ¿Cuáles van a ser los planes de actuación de cada Ayuntamiento para no perjudicar la convivencia con el resto de vecinos? Es difícil dilucidarlo.

Las multas

Lo que no es tan complejo de ver son las sanciones a las que se enfrentan quienes asienten una caravana en el lugar incorrecto. El Consistorio alerta de que las multas pueden ascender hasta los 150.000 euros, en su máxima. Es decir, que si hay unas 500 personas que viven en uno de estos grandes automóviles dentro de Fuerteventura y cada una tuviera que pagar su deuda, las arcas municipales adquirirían hasta siete millones y medio de euros en total. Hay un problema que lo obstruye. "Muchas sanciones se han puesto, pero no terminan de llegar a quienes deben abonarlas. No sabemos por qué ocurre, pero lo estamos investigando", detallan fuentes municipales.

En España, esta práctica la regula la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. El real decreto 1428/2003 establece las normas y obligaciones a cumplir por estos vehículos, pero algunos artículos resultan harto confusos. Entre 2019 y 2020 entró en vigor otro marco regulador que modificaba una de sus partes, el punto 48, y otros artículos de una norma paralela, aunque no enfocada directamente a las autocaravanas. "Tenemos que hacer algo pronto, o será un caos", auguran en el Ayuntamiento de Fuerteventura.