Lo que traerá el 2024 a las islas: el alquiler vacacional de la discordia para Canarias

Las autoridades canarias van a poner en marcha en 2024 nuevos mecanismos para controlar el crecimiento de viviendas dedicadas al alquiler vacacional. Lo harán por el efecto pernicioso que se está encontrando en territorios insulares de alta demanda, como Fuerteventura o Lanzarote. Subyacen dos formatos de turismo en el archipiélago: el del visitante asociado a la turoperación, que compra paquetes de avión y hotel, por un lado; y el turismo que opta por establecerse por su cuenta. Uno de los redactores de la próxima norma en vigor es Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, que señala cómo "a día de hoy el 35% de la oferta alojativa en Canarias es la vivienda vacacional, se pueden poner límites".

En las islas hay un debate sobre el uso turístico de viviendas en zonas donde las familias locales no tienen dónde vivir a precios lógicos. Por eso, de forma coordinada, el Ejecutivo canario tiene en sus previsiones poner orden en las viviendas vacacionales, al tiempo que prevé 600 millones para una agenda canaria de vivienda con el respaldo de 200 millones de euros de fondos de la Comisión Europea. Para que el procedimiento sea ágil, la promotora pública Visocan ha dado la bienvenida en su consejo al sector privado, asumiendo el Gobierno insular la gestión de suelo de ayuntamientos y cabildos.

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Los operadores insulares de vivienda vacacional sostienen que ellos están pagando el precio de una planificación errónea en la ordenación del suelo. En las islas hay 47.051 alojamientos de este tipo. Los dueños de casas vacacionales agrupados en Ascav sostienen su actividad representa el 23% de las camas que se dedican al turismo en Canarias, 195.532 plazas, "y en ellas solo se aloja un 10% de los visitantes, es decir 1,5 millones de turistas de los 16 millones de turistas que llegan a Canarias”, desglosa el gerente de Ascav.

La regulación se debe a que en las islas "se detectan problemas de gentrificación y turistificación en muchos núcleos de población, así como la escasez de viviendas para los residentes, provocando una expulsión de la población residente y de los trabajadores del sector turístico, tanto de las principales ciudades, como de los núcleos turísticos, incidiendo en el empleo, la fiscalidad, la competitividad y la calidad del sector turístico", señala el preámbulo de la norma que está en fase de redacción. Olga Gargallo, gerente de Lovely Property, en Fuerteventura, gestiona 31 casas vacacionales en esa isla, pide que se persigan las chapuzas, no a los operadores que pagan impuestos.

"Se debe buscar al ilegal y al que quiere obtener rendimiento económico con una habitación en su azotea o jardín" porque "el alquiler vacacional ha reportado a las arcas canarias unos ingresos de 140 millones de euros, en recaudación de IGIC, y el año pasado esta actividad tuvo un impacto económico de 2.000 millones de euros, pero parece que eso no lo ven las autoridades", subraya. Esta empresaria destaca que en su empresa forman a todo el personal desde comerciales a limpiadoras y demanda "más inspecciones y control para acabar con el intrusismo y las prácticas irregulares que ponen en riesgo a este sector emergente".

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La norma va a limitar el alquiler vacacional y ha recibido 5.078 alegaciones en contra. Las previsiones oficiales de la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias apuntan que antes que llegue a la Feria Fitur de Madrid ya haya un pronóstico sobre por dónde va a ir la norma. Cuando se aporten respuestas a esas más de 5.000 alegaciones en contra, "empezaremos" la base legal canaria, sostiene Jéssica de León, consejera (PP) canaria que regula el mercado.

La prioridad regional no es entrar en la materia territorial, es decir, establecer un modelo urbanístico, territorial y turístico, aunque, eso sí, "teniendo siempre presente que la perspectiva medioambiental ha de ser preponderante frente al resto de intereses en caso de colisión", al igual que "la protección de derechos constitucionalmente proclamados como esenciales, entre los que destaca en este caso el derecho a una vivienda digna y adecuada".

La dignidad de la vivienda pasa por dotar al sistema turístico canario de una "regulación pormenorizada de la implantación y explotación de viviendas vacacionales", puesto que, "tal y como se ha apuntado, no solo se desarrolla al margen, sino en contra de todo tipo de planificación, con un crecimiento exponencial" que puede dañar al equilibrio de intereses.

"Como siempre hemos dicho, entendemos que esta es una ley que viene a regular la ordenación de vivienda vacacional en un formato 360", apunta De León. El director general, Miguel Ángel Rodríguez apostilla: "Las viviendas vacacionales que están seguirán, duerman tranquilos, habrá como en todo, un régimen transitorio donde las viviendas deberán adaptarse e invertir en cuestiones, por ejemplo, como la sostenibilidad, para garantizar que los pueblos no pierdan su identidad".