La interminable lucha contra el polvorín cancerígeno: la Xunta emprende una nueva limpieza de lindano

O Porriño, en la provincia de Pontevedra, es uno de los grandes puntos negros en España del lindano, el pesticida producido a mediados del siglo pasado que se confirmaría como un potente cancerígeno. Los residuos generados por una fábrica local derivaron en 1.000 toneladas que se depositaron hace décadas por la parroquia de Torneiros, pero la situación se complicó cuando los vecinos, ajenos a la toxicidad de aquel producto blanquecino de aspecto inofensivo, lo recogieron con sus propias manos para usarlo como plaguicida o construir sus casas. Pasados más de setenta años, el tenaz lindano sigue apareciendo aquí y allá. El último foco se detectó en 2019 en el barrio de Contrasto. Cinco años después, la Xunta ha aprobado su descontaminación.

"Llega tarde y es incompleto", reacciona la Plataforma Antilindano de Louriña, la organización vecinal creada para denunciar la contaminación en la comarca. "Hay fincas contaminadas de las que la Xunta debe hacerse cargo también, los propietarios no tienen la culpa, además de que siguen contaminando el resto", añaden los portavoces de la organización. La limpieza no será inmediata: el Gobierno gallego ha realizado el encargo a una empresa, Tragsa, que carece de instalaciones autorizadas para el tratamiento del lindano, por lo que deberá abordar una subcontratación y ejercer la supervisión y verificación de la operación.

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La inversión prevista solo para la operación de Contrasto asciende a 6,35 millones de euros. Tragsa ya ha licitado el servicio de gestión y transporte de los residuos, mediante un contrato que prevé un plazo de ejecución de ocho meses. Se pondrá así remedio a un nuevo foco detectado hace cinco años de forma casual. Al ejecutar unas obras de saneamiento y abastecimiento, la tierra removidas se depositaron en un monte comunal, para cubrir un orificio de unos 20 metros cuadrados. Alguien reconoció allí el olor característico del lindano. Se acordonó la zona y se contactó con la Consellería de Medio Ambiente, cuyos técnicos no tardarían en confirmar las sospechas.

La descontaminación de la zona se demoró, entre otras causas, por un conflicto de competencias entre la Xunta y el Ministerio de Transición Ecológica, a la que el Gobierno gallego reclamó sin éxito su implicación en la limpieza. El alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, agradece la actuación y considera que es un gran paso, pero reclama precisamente "una intervención global y planificada" en la que se impliquen todas las administraciones.

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Los afectados lamentan la ausencia de esa actuación integral que demanda el alcalde para solucionar uno de los problemas medioambientales más antiguos y silenciados de España. Aunque en Galicia no alcanzó las dimensiones de otras zonas como Sabiñánigo, donde reposan más de 160.000 toneladas de residuos tóxicos, un informe de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Xunta de diciembre de 2017 arrojó conclusiones demoledoras. "El órgano competente de la comunidad autónoma puede asumir que el riesgo es inaceptable y en consecuencia declarar el suelo como contaminado", señaló el documento, efectuado tras una investigación analítica en la parroquia de Torneiros, la más afectada y en la que residen 4.000 personas. Los análisis detectaron toxicidad en los pozos que surten de agua supuestamente potable a las viviendas o en obras viarias.

En Galicia, los residuos generados en la fabricación del insecticida por Zeltia entre 1947 y 1961 fueron depositados en una finca sobre la que se levantarían viviendas sociales y dotaciones educativas y recreativas. Pero fueron los vecinos los que, ajenos al peligro, ampliaron el radio de la contaminación, al recoger aquella masa blanca que tan bien compactaba para emplearla como plaguicida, para construir sus casas, asfaltar caminos o rellenar baches en los lugares más insospechados.

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Aunque la fuente principal de contaminación fue encapsulada hace 20 años a 30 metros de profundidad, queda mucho por hacer. Con el objetivo de emprender una limpieza global, la Xunta planteó la posibilidad de tratar todas las tierras contaminadas con residuos tóxicos que se recuperen en la zona en una nueva escombrera con capacidad para hasta 300.000 toneladas, creada en la planta de residuos industriales de As Somozas (A Coruña) dentro de su proyecto de ampliación y reforma. Ese documento, de 2020, revelaba que la Xunta estaba entonces valorando "la posibilidad de llevar a cabo en la zona de O Porriño una importante actuación de descontaminación de suelos con alto contenido en lindano".

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Será una operación compleja, por la existencia de un elevado número de pozos potencialmente contaminados y una cantidad significativa de viviendas que superan los límites legales de compuestos de hexaclorociclohexano, como reveló la auditoría de la Xunta. También se halló el producto contaminante en aguas superficiales de charcas o canales de riego, y en "alta pureza" en el material de los viales, con elevadas concentraciones hasta a dos metros de profundidad. En cuanto a los suelos, las concentraciones de HCH resultaron "muy superiores" a las admitidas, "llegando a superar 100 veces o más" los niveles de referencia establecidos.

La forma de afrontar la descontaminación ha sufrido modificaciones en los últimos años. En 2023, una investigación pionera de la Universidad de Navarra se ofrece como respuesta definitiva contra el lindano. Fuentes de la Xunta confirmaron que existe un proceso de diálogo con los fabricantes del producto, aunque no ha trascendido si se ha llegado a algún acuerdo. Mientras tanto, los vertidos de hace hasta casi ocho décadas siguen dando disgustos a la población y provocando actuaciones puntuales, como esta de más de seis millones de euros que ahora emprende la Xunta.