Trabajo investiga a la empresa pública Tragsa por varias denuncias de "abuso de autoridad"

Nuevo frente para el Ministerio de Agricultura en plena oleada de protestas de los trabajadores del campo. La Inspección de Trabajo ha puesto en el foco la empresa pública Tragsa (Empresa de Transformación Agraria SA), dependiente de esta cartera. Los inspectores del ministerio liderado por Yolanda Díaz empezaron a investigar a finales del año pasado una serie de denuncias del comité de empresa por "una situación de abuso de autoridad y malas prácticas de gestión" en la Dirección de Operaciones en el Exterior (DOEX), según fuentes próximas al proceso consultadas por El Confidencial. Estas presuntas irregularidades derivaron en bajas de larga duración, expedientes sancionadores y traslados forzosos de parte de la plantilla.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este medio, Trabajo exigió en diciembre cambios para atajar estos problemas en dos meses, plazo que vence esta semana. Entre otros, reforzar las medidas "para conseguir el clima laboral adecuado", integrar las obligaciones de gestión de prevención de riesgos laborales en la alta dirección y formalizar un documento con la actividad preventiva prevista para 2024. Todo ello, en colaboración con los representantes de los trabajadores.

Esta situación llega tras una serie de denuncias internas que empezaron en 2019, contra las que la empresa no ha tomado medidas efectivas desde entonces, según defiende el comité de empresa en documentación a la que ha tenido acceso este medio. El asunto está desde el mes pasado en la mesa del consejo de administración, que preside desde 2018 Jesús Casas, y donde hay representantes del Ministerio de Agricultura, de Transición Ecológica, de Hacienda y de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

Preguntados sobre la inspección y las denuncias, desde Tragsa señalan que "ya se han puesto en marcha las medidas que fueron acordadas y aprobadas en el Comité de Seguridad y Salud" del grupo, y que será la Inspección "la que compruebe la implantación". Y añaden "que se considera que el asunto se está conduciendo de acuerdo con la normativa vigente". Desde la Inspección de Trabajo, declinaron entrar a valorar casos o investigaciones concretas, por el deber de sigilo, aunque cuando este medio adelantó la macroinspección de las Big Four, sí confirmaron sus pesquisas. Desde Agricultura, no hicieron comentarios.

TE PUEDE INTERESAR

Macroinspección de Trabajo en las 'Big Four' para controlar sus horarios laborales

Jorge Zuloaga Marcos Lema

Fuentes laborales señalan que la inspección está en una fase clave. Tragsa tiene que demostrar a corto plazo que ha implementado las medidas necesarias para acabar con los supuestos abusos de la cúpula de DOEX, que lidera María Ángeles Soria. En caso contrario, sería objeto de sanciones. Las mismas añaden que se esperaba algo más de contundencia en los requerimientos de la Inspección del pasado 13 de diciembre, incluso el aviso de sanciones directas.

Las declaraciones oficiales de Tragsa contrastan con las del comité de empresa, que en un reciente correo electrónico señalaba que "la aplicación de medidas de prevención de riesgos laborales no ha sido efectiva para resolver la problemática que se presenta en la DOEX y que incluía situaciones inadmisibles de las que hacemos responsable, en todos los casos, a la dirección de la empresa, que las ha tolerado".

"Llevamos varios años denunciando una situación grave en la DOEX, una vez tras otra, y tratando de solucionarlo por todos los cauces internos, a través del diálogo y otros medios corporativos. Pero ya son demasiadas las bajas de larga duración, los traslados forzosos y las denuncias al buzón ético y otras instancias, a las que la empresa no ha dado la debida importancia y ha mantenido en una situación de indefensión al personal", denunciaban los representantes de los trabajadores.

Denuncias desde 2019

El comité de empresa envió a Trabajo un informe de riesgos psicosociales en el que se exponían bajas de larga duración, renuncias y traslados forzosos de en torno un tercio de la plantilla de la DOEX, que abarca unas 30 personas. "Todas las personas entrevistadas reconocen que se producen gritos, malas formas, insultos y faltas de respeto en todos los niveles, tanto en público como en privado", exponía el informe. "La reciente evaluación de riesgos psicosociales (ERPS) pone de manifiesto una situación de abuso de autoridad y malas prácticas de gestión", señalaban desde el comité en un documento de 2022.

Frente a ello, Tragsa promete "sesiones formativas para todo el personal de la DOEX" y "una reunión en breve con los delegados de prevención para presentarles el programa de formación". "También se ha mantenido una reunión de seguridad con los responsables de la unidad para abordar todas las medidas", añaden. Respecto a por qué ha tenido que hacer falta una inspección de Trabajo para actuar, cuando los sindicatos llevaban denunciando la situación desde 2019, la empresa pública responde que "las denuncias internas recibidas han sido tratadas por los cauces oficiales habilitados, se han llevado a cabo conforme a los protocolos reglamentarios y no se ha concluido a día de hoy que haya conductas inadecuadas".

"Además, durante el año 2021 se llevó a cabo una evaluación de factores psicosociales en la unidad y se identificaron una serie de medidas que se han puesto en marcha en los siguientes años. Precisamente, los representantes de los trabajadores lo que indican en su denuncia a la Inspección de Trabajo es que consideran que las medidas adoptadas han sido insuficientes", añaden desde Tragsa. El tiempo dirá si es suficiente. A partir de ahora, esta empresa pública tendrá que rendir cuentas de ello ante la Inspección de Trabajo, lo que cambia las reglas de juego.