El doble rasero de Pontevedra: tolera sus edificios en la ría mientras pide tirar otros

El litoral de Galicia permanece plagado de infraestructuras variopintas. Una de las más conocidas es la factoría de Ence en Pontevedra, una ciudad que no es ajena a la proliferación de instalaciones que invaden el dominio público marítimo-terrestre, algunas tan emblemáticas y de titularidad pública como el Pabellón de Deportes de la ciudad. También figura en la relación de bienes que ocuparon el espacio más próximo a la costa un colegio público, el CEIP Ponte Sampaio, en la desembocadura del Verdugo. En el tramo del Lérez que atraviesa el centro de la ciudad, se levantan abundantes dotaciones públicas, pendientes de desafectación por el Servicio de Costas del Estado: desde carreteras a campos de fútbol o un multiusos municipal, pasando por varias facultades del campus pontevedrés de la Universidad de Vigo.

En medio del largo debate sobre el futuro de la concesión de Ence, contra la que pleitea el ayuntamiento desde hace dos décadas, se sumó la petición de derribo de la fábrica de Pontesa por el mismo motivo, ocupar el dominio público marítimo-terrestre. Pero a su vez Pontevedra defiende la existencia de dotaciones en el litoral. El Ponte Sampaio y el pabellón son dos de los ejemplos más relevantes. En el caso del Centro de Enseñanza Infantil y Primaria, de 3.540 metros cuadrados, su desafección se venía solicitando al Estado desde 2010 para garantizar su supervivencia, una vez logrados los informes favorables de la Xunta, para conseguir que Costas acabe excluyendo los terrenos del dominio público marítimo-terrestre. Finalmente, lo logró en 2015.

Fuentes del ayuntamiento pontevedrés rechazan que se equiparen las instalaciones “toleradas” por las autoridades municipales y el caso de la papelera Ence, privatizada en 2001. “Pontevedra está tratando de regularizar la situación de dotaciones públicas construidas en su día en dominio público marítimo-terrestre para disfrute ciudadano, pero Ence es una empresa privada que obtiene beneficios por el uso de unos terrenos que son de todos”, explica una portavoz del Gobierno local. Desde la compañía, se sostiene en cambio que existen dos criterios distintos para un mismo problema: la ocupación del dominio público.

Muchas de las instalaciones en la ribera ocupan la llamada Xunqueira, una zona céntrica para la que ya en mayo de 2017 el Ayuntamiento de Pontevedra solicitó su desafectación. Fue una reclamación coordinada con la Xunta y con la universidad, otras dos instituciones con equipamientos relevantes en dominio público. “Son terrenos ocupados materialmente y que no han mudado de uso”, explicó el Gobierno local.

En concreto, se solicitó la desafectación del pabellón, el multiusos, un tramo de la avenida de Compostela, una pequeña parte de un parque (el Rosalía de Castro), dos calles (Xosé Manuel Pintos y Celso Emilio Ferreiro) y un aparcamiento: un terreno situado enfrente del pabellón, usado antiguamente como mercado provisional —hasta la construcción del nuevo— y ahora como 'parking' disuasorio. También hay un colegio público (CEIP A Xunqueira I), la Escuela Oficial de Idiomas, un centro de formación de profesorado, dos institutos de Secundaria con sus espacios deportivos, dos campos de fútbol, la Escuela de Forestales y una zona verde.

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La solicitud de desafectación dio inicio al proceso de tramitación para el cambio de titularidad de las parcelas, que incluye un periodo de exposición pública para la presentación de reclamaciones, y que el Gobierno local admite que será largo y complejo. El objetivo de la petición, expuso el ayuntamiento, consiste en “normalizar la situación administrativa de esas parcelas y facilitar las actuaciones que haya que llevar a cabo en el futuro”. “En la actualidad, hasta cambiar una cañería del pabellón, por ejemplo, es un problema”, explican fuentes del ayuntamiento.

Otro polo de las dotaciones en el espacio marítimo-terrestre se encuentra al sur del término municipal, en la desembocadura de otro río, el Oitavén. Allí se encuentra una doble instalación que el equipo de gobierno del nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores ha afrontado de forma distinta. De un lado, un campo de fútbol que llega hasta la orilla misma del río, que se proyecta trasladar a otra zona. Y además, se encuentra en esa zona un colegio público actualmente desafectado. “Está apartado de la playa. Entendimos que no tenía sentido trasladarlo, pero sí requería que se regularizase la situación porque planteaba un problema importante para realizar reformas u obras de mantenimiento”, señalan fuentes municipales.

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La desafectación de la Xunqueira de Ponte Sampaio, donde se encuentran el campo de fútbol y el colegio, fue solicitada por Pontevedra en 2016 y también está aún en tramitación. Ese año, el ayuntamiento solicitó a Costas del Estado completar la desvinculación del colegio extendiéndola al resto de la zona, con el compromiso de “darle un exclusivo uso público a un espacio que está en dominio público marítimo-terrestre”. Además del campo de fútbol —ya está en obras uno nuevo para hacer una permuta—, la petición afecta a un espacio donde se celebran las fiestas de la parroquia, una zona ajardinada, una nave de un club de piragüismo —que también acoge otros usos náuticos— y una parcela de un mercado.

En total, la petición afecta a cerca de 20.000 metros cuadrados, un área de la que se quiere “aclarar su situación jurídico-registral de una forma definitiva”. “Todos los pasos que se están dando se están trasladando tanto al club de fútbol Ponte Sampaio como a los vecinos, los principales beneficiarios”, señaló el ayuntamiento al solicitar la desafectación.

Esta zona se encuentra muy próxima de una antigua fábrica que también es objeto de litigio con el ayuntamiento, en un caso similar al de Ence. Se trata de la factoría de Pontesa. El Gobierno local presentó recurso ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Gobierno de prorrogar otros 20 años la concesión de los terrenos que ocupa desde 1961 la antigua fábrica de vajillas, ahora utilizada como almacén. La Vicepresidencia de Transición Ecológica se sumó recientemente al procedimiento para revocar la concesión.

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Tanto Ence como Pontesa estaban afectadas por la Ley de Costas de 1988, que limitaba a 30 años el plazo para operar en la ribera del mar. La papelera opera en Lourizán gracias a una prórroga concedida por el Gobierno central, en tiempos de la presidencia de Mariano Rajoy, que le permitiría seguir en la comarca hasta 2073. Sin embargo, tras el acceso de Pedro Sánchez a la presidencia, un cambio de criterio interpretativo de la ley por la Abogacía del Estado provocó que el Gobierno apoyara los recursos contra la prórroga.

Ence considera totalmente válida la prórroga de la concesión de su fábrica, ya que el proceso de renovación “siguió escrupulosamente el procedimiento establecido por la Ley de Costas vigente”. La compañía, en el momento actual, trabaja para defender por todas las vías jurídicas esta validez. “La actividad industrial de Ence se rige por los más altos estándares de responsabilidad medioambiental”, afirma la compañía, que recuerda que, “en marea baja, dos veces al día se marisquea delante de la biofábrica, las playas cercanas a la misma tienen bandera azul de la Unión Europea y la calidad del aire de la ría de Pontevedra está entre las mejores comparada con las demás rías”.