la situación de ence, en el aire

La paralización de los permisos a Ence deja en vilo a 5.100 familias de Pontevedra

La paralización de los permisos a Ence obligaría a la empresa a hacer un duro recorte de personal, pero los actores implicados confían en que pueda haber una solución

Foto: Fábrica de celulosa de Ence en Pontevedra.
Fábrica de celulosa de Ence en Pontevedra.
Autor
Tags
Tiempo de lectura6 min

“Nuestro futuro estará condicionado a que España mantenga la seguridad jurídica, algo sobre lo que hoy tenemos serias dudas”. Así comunicaba Ignacio Colmenares, consejero delegado del Grupo Ence, hace dos semanas la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de ordenar a la Abogacía del Estado que retirara su apoyo a la empresa papelera, situada en una zona de dominio público.

Ence estableció su planta principal al borde de la ría de Lourizán (Pontevedra) en 1958. El permiso para ocupar los cerca de 380.000 metros cuadrados debía concluir el pasado año, pero el anterior Gobierno concedió a la empresa en 2016 una prórroga por 60 años más, a cambio de un compromiso de inversión de más de 60 millones de euros en medidas medioambientales. Sin embargo, el pasado mes de marzo, el Gobierno, por medio de la Dirección General de Costas, cambió de criterio aduciendo errores legales en el reglamento que desarrolla la Ley de Costas aprobada por el Parlamento en 2013.

Hoy, y ante la incertidumbre creada por esta decisión, de la que tendrán que pronunciarse los tribunales, 5.100 puestos de trabajo dependen, de manera directa o indirecta, de si finalmente Ence debe abandonar la ría. En total, la empresa cuenta con 400 empleos fijos, a los que se suman 2.700 puestos de contratistas del área industrial, logística y transporte y más de 2.100 empleos del sector forestal. De momento, la provincia ya ha perdido unos 350 millones de euros, la inversión prevista por parte de la empresa para los próximos cinco años, aunque no perderá los 50 millones previstos para 2019.

Apoyo de la industria

Desde que el Gobierno anunciase su decisión en marzo, son muchas las organizaciones y patronales que se han posicionado al lado de la empresa. Entre ellas, la CEOE, las cofradías de pescadores y mariscadores, la patronal forestal, asociaciones conserveras y cocederas y Comisiones Obreras.

Tal y como apunta José Manuel Rosas, patrón mayor de Bueu, las cofradías de pescadores y sus profesionales de mar afiliados son los primeros interesados en el bienestar de la ría, por ser su medio de vida. “De ello dependen nuestra economía y la subsistencia de nuestras familias, ¿quién puede pensar que actuemos en contra de nuestro beneficio? A día de hoy, la fábrica no causa ningún perjuicio al medio ambiente”, afirma a El Confidencial receloso, ya que prefiere no hablar mucho ante los ataques que ha sufrido desde que envió un comunicado defendiendo la posición de la empresa.

En este comunicado, se afirmaba que el problema de contaminación en la ría es "resultado de los vertidos fecales provenientes de una red de saneamiento con importantes deficiencias de abastecimiento", que cuenta con una depuración "defectuosa" de aguas residuales y una "inexistente o ficticia" depuración. Una opinión que comparte Manuel Iglesias, presidente del Cluster da Madeira. “Es paradójico que uno de los denunciantes sea el causante de la contaminación de la ría. Es un hecho que la ciudad no tiene depuración”, asegura Iglesias, y expresa el gran temor de un sector que se vería gravemente afectado si finalmente la papelera debe abandonar Pontevedra.

200.000 familias venden madera a Ence, su marcha mermaría sus negocios y se traduciría en un monte abandonado

“En total, son más de 200.000 familias las que venden madera a Ence, su marcha mermaría sus negocios y se traduciría en un monte abandonado, tal y como ocurrió en Cataluña cuando cerró la industria del sector forestal”, lamenta a este periódico Iglesias. Además, el presidente recuerda a los cientos de familias que han decidido hipotecarse para comprar nuevas procesadoras u otro tipo de maquinarias para dar servicio a Ence, así como el impacto que tendría una sentencia a favor en sus economías.

Según la mayoría de expertos consultados, y tal y como apuntan Iglesias y el secretario de Comisiones Obreras, José Luis García Pedrosa, la fábrica de Ence cumple con los criterios de respeto medioambiental. Así lo certifican la etiqueta ecológica de los países nórdicos, Nordic Swan, la concesión por parte de la Comisión Europea de una Distinción Oro en reconocimiento a su mejora ambiental en los últimos 15 años, su incorporación al Reglamento 1221/2009 de la Unión Europea de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS), y al sistema de gestión medioambiental ISO 14001, o el sello de Madera Justa por parte de Copade, que la convierte en la primera empresa del sector forestal en obtener esa certificación. En la misma línea, es la primera empresa española en producir energía renovable con biomasa forestal.

Trabajadores de Ence colocan una pancarta tras el anuncio de la empresa del cierre. (EFE)
Trabajadores de Ence colocan una pancarta tras el anuncio de la empresa del cierre. (EFE)

Podría afectar a otras empresas

“Aquí poco tiene que ver el medioambiente. Lo que ocurre es que el Gobierno minoritario del PSOE de Pontevedra, que mostró su apoyo a Sánchez en su liderazgo del partido, se ha visto recompensado con la decisión de allanamiento del Gobierno”, denuncia José Luis García Pedrosa, y asegura que el riesgo real no está en el bienestar de la ría, comprometida, a su entender también, por las aguas fecales, sino en que la Audiencia Nacional dictamine que la prórroga del Gobierno de Rajoy es ilegal y se cree jurisprudencia.

De ser así, Ence no se vería afectada en solitario. Numerosas conserveras, depuradoras y cocederos, además de casas, restaurantes y hoteles, se encuentran en terrenos de dominio público marítimo terrestre y deberían abandonarlos de aceptarse la anulación de la prórroga. La Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados (Anfaco), a través de su secretario general, Juan Manuel Vieites, ha denunciado la incertidumbre que ha creado esta situación en los empresarios del sector.

Numerosas conserveras, depuradoras y cocederos están en dominio público marítimo terrestre y deberían abandonarlo de anularse la prórroga

Una incertidumbre derivada de la inseguridad jurídica que ha creado el actual Gobierno y que, en opinión de Araceli de Frutos, fundadora de la EAFI homónima y asesora de los fondos Alhaja y Presea, hace dudar a los inversores internacionales. “Los inversores no invierten en España porque no saben lo que se pueden encontrar. Le ha pasado a Ence pero podría haberle sucedido a cualquier otra empresa”, advierte De Frutos.

Ence es uno de los valores que más pesan en la cartera de su fondo Alhaja, y el impacto negativo que tuvieron las noticias sobre la compañía en el mercado produjo una caída en el valor del 16,5% en apenas una semana. Pero, pese a ello, De Frutos afirma que lo importante es que la compañía salió a dar la cara con cifras para explicar una situación que se encontraron “sin comerlo ni beberlo”.

Ahora queda esperar si la decisión de la Audiencia termina por conceder la prórroga otorgada por el anterior Gobierno o si, por el contrario, obliga a la empresa a abandonar Galicia, ya que aunque las voces de los demandantes aseguran que podría ubicarse en otro emplazamiento dentro de la comunidad, un estudio realizado por una consultora externa a la compañía en 2016 lo niega, por entender que ninguna otra ubicación cumple con las condiciones exigidas para una planta de este tipo.

En todo caso, el conflicto se prolongará durante años, puesto que los recursos y las demandas ante los tribunales llegarán a Europa si hace falta, tal y como han asegurado ambos frentes. Aunque tanto a la compañía como a sus defensores les queda una última esperanza: las elecciones del próximo domingo.

Empresas

El redactor recomienda