Costas reclama demoler una fábrica por ocupar el litoral a la que dio permiso en 2017

La papelera de Ence en Pontevedra, que el Gobierno socialista ha pedido en los tribunales demoler, ya no es la única con la piqueta del Ejecutivo sobre su cabeza. La vicepresidencia de Transición Ecológica se ha sumado al procedimiento del ayuntamiento de la ciudad gallega para revocar la concesión que el mismo ministerio dio, Gobierno del PP, a otra empresa en dominio público, Pontesa, lo que llevaría a la demolición de este almacén junto a la ría. La CEOE ya ha avisado contra la política de costas del Gobierno.

La historia de la concesión sobre el dominio público marítimo terrestre se remonta décadas. En 1959 y 1966, una empresa obtuvo el permiso para levantar en la ría de Pontevedra una industria cerámica. En España, la ribera del mar es pública y solo se puede operar allí durante un tiempo limitado con una concesión. La Ley de Costas de 1988 limitó ese plazo a 30 años, por lo que muchas casas y empresas perdían el derecho en 2018.

La Abogacía vuelve a cambiar de criterio y se opone a la concesión que dio el Ejecutivo del PP en 2017

Para evitarlo, el Gobierno del PP reformó la ley en 2013 y otorgó nuevas concesiones de hasta 75 años más. Una de las más polémicas fue la de la papelera de Ence, en Pontevedra. Después de las elecciones de 2015, y con el Ejecutivo de Rajoy en funciones, le dio 20 años más de concesión. El Ayuntamiento de Pontevedra recurrió ese permiso. Para el ayuntamiento, que tiene sus propias instalaciones en dominio público, no hay motivo para mantener Pontesa en dominio público: "No hay prueba acerca de la necesidad del asentamiento de la actividad de almacenamiento en el dominio público marítimo-terrestre, pues únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación".

En condiciones normales, sería un contencioso entre el ayuntamiento y el ministerio que dio la orden y que defiende su actuación. Así era con la prórroga de la concesión a Ence hasta que, por sorpresa y ya con el PSOE en el Gobierno, la Abogacía del Estado cambió de criterio y decidió apoyar a los demandantes en contra de su propia orden.

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Rafael Méndez

La historia se ha repetido. El pasado 28 de febrero, la Dirección General de Costas, dependiente de Transición, decidió apoyar el recurso contra su propia prórroga. El allanamiento, como se llama al acto de sumarse a otra parte, en este caso del ayuntamiento. El escrito del ministerio es una enmienda total a la concesión que el propio ministerio prorrogó con el Gobierno del PP. "Analizada la documentación obrante en el expediente, se aprecia una falta de justificación sobre la necesidad de que la actividad desarrollada por Itaipu Trade [el nombre de la empresa] por su naturaleza precise de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre".

En un escrito presentado en la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso este diario, el Ejecutivo considera que la concesión es incompatible con "la propia normativa de Costas". El escrito recuerda que la ocupación del dominio público en la costa está prevista solo para instalaciones que no pueden estar en otro lugar y considera que no se da en este caso, porque está destinado a almacenamiento de material del puerto.

El Ejecutivo considera que la concesión es incompatible con "la propia normativa de Costas"

El escrito crea la extraña sensación de leer a la Administración desmontando tres años después sus propios argumentos. Aunque haya cambiado el color del Gobierno, ambos han sido armados por abogados del Estado. Las empresas han criticado la inseguridad jurídica en que se encuentran. La CEOE ya ha criticado la reforma del reglamento de Costas que prepara el Gobierno por recortar los plazos de las concesiones.

Teresa Ribera ha anunciado una nueva Ley de Costas que cambie la de 2013. En el escrito, el Gobierno ya señala que considera que el plazo de 75 años de la prórroga de las concesiones se está interpretando mal: "Debe entenderse que el plazo de 75 años debe ser total, sin que la duración de la concesión más su ampliación pueda sobrepasar el máximo de 75 años". Es decir, que una concesión de 1950, por ejemplo, vencería sí o sí en 2025 aunque el PP le hubiese dado una prórroga, algo que las empresas rechazan porque hasta ahora la interpretación era que daba hasta 75 años más.