Depende de Justicia

El 'procés', Ivima, Ence... y ahora Hacienda: las sacudidas de la Abogacía del Estado

La oposición culpa al Gobierno de Pedro Sánchez de haberla politizado y ahora acusa al Ejecutivo de forzar un informe que cierra la financiación a las CCAA por estar en funciones

Foto: Las ministras de Hacienda y Justicia, María Jesús Montero y Dolores Delgado. (EFE)
Las ministras de Hacienda y Justicia, María Jesús Montero y Dolores Delgado. (EFE)

La Abogacía del Estado, un cuerpo de altos funcionarios tradicionalmente discreto, lleva un año sufriendo periódicas sacudidas, internas y públicas. La oposición culpa al Gobierno de Pedro Sánchez de haberla politizado y ahora acusa al Ejecutivo de forzar un informe que cierra la financiación a las comunidades autónomas por estar en funciones. Pero antes hubo otros episodios que en un cuerpo muy conservador han generado recelos: la personación fallida de la Abogacía en la venta de viviendas del Ivima a fondos buitre anunciada por Pedro Sánchez en el Congreso, el cambio de criterio sobre la polémica papelera de Ence en Pontevedra y, la más sonada, el relevo del abogado del Estado que acusaba en el 'procés', Edmundo Bal, hoy portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso.

Hace un año, cuando Pablo Iglesias y Pedro Sánchez estaban en sintonía, el presidente del Gobierno respondía al líder de Podemos en el Congreso con lo que pensaba hacer para actuar contra los fondos buitre que influyen en el mercado del alquiler. Entre aplausos, presentó a la Abogacía del Estado como ariete contra la especulación: "Les recuerdo que en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP con el apoyo de Ciudadanos, estos fondos se hicieron con cerca de 5.000 viviendas públicas: 1.860 de la empresa municipal de la vivienda y suelo del Ayuntamiento de Madrid y 2.935 viviendas del Ivima de la Comunidad de Madrid. Quiero anunciar en la Cámara, señora presidenta, que para este caso concreto de la Comunidad de Madrid la Abogacía General del Estado se va a personar como acusación particular en el proceso penal abierto contra la Comunidad de Madrid en el juzgado de instrucción".

Después de que lo anunciara Sánchez en el Congreso, la Justicia tumbó dos veces la personación de la Abogacía en el caso del Ivima

El problema es que la Abogacía vela por los intereses de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas tienen sus propios cuerpos de abogados. En diciembre, el juez rechazó la personación de la Abogacía del Estado porque en ese caso no hay comprometidos fondos del Gobierno. El Ivima es autonómico. La medida estrella de Sánchez anunciada en el Congreso no era viable. A pesar de las voces de que no tenía recorrido, la Abogacía del Estado recurrió la decisión por orden de la dirección. El pasado mes de junio, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó la exclusión de la Abogacía del procedimiento.

El caso del Ivima no generó mucho ruido, era un asunto técnico, pero sí levantó suspicacias dentro de la organización. También lo hizo el caso de la papelera de Ence en Pontevedra. El Gobierno de Rajoy, estando en funciones, prorrogó la concesión de la polémica papelera durante 75 años. La Abogacía del Estado defendía esa decisión en los pleitos hasta que, de un día para otro, la Abogacía presentó un informe en la Audiencia Nacional sumándose a las reclamaciones de los ecologistas. Ese cambio de criterio hundió la cotización de Ence.

A eso se suma el relevo de Edmundo Bal al frente de la acusación del 'procés' después de que Moncloa ordenara primero descartar la acusación de rebelión y después las alusiones a la violencia. Bal se negó a firmar el escrito, lo que hizo que lo asumiera la abogada general del Estado, Consuelo Castro, un cargo de confianza elegido entre los altos funcionarios del cuerpo.

El último episodio es el informe de la Abogacía que establece que "no podría un Gobierno en funciones actualizar el importe de las entregas a cuenta a realizar a las comunidades autónomas". Ciudadanos ha reprobado a la ministra María Jesús Montero porque considera que ha forzado ese informe. Con el Gobierno de Rajoy en funciones, el criterio de la Abogacía era que el Gobierno podía hacer cosas siempre que estuviera obligado por ley, como sería el caso. Pero ahora la interpretación es la contraria.

Para unos, Consuelo Castro, la abogada general, no se planta ante las decisiones más políticas del Gobierno. El papel de la Abogacía es defender a su cliente, que es el Gobierno, y está a su servicio. Pero generalmente se movía en el equilibrio de no asumir decisiones que choquen frontalmente con su criterio. Para otros, lo que ocurre es que es un cuerpo muy conservador acostumbrado a tener el poder y choca con los socialistas. La Abogacía es un cuerpo del que se nutría el PP. Sáenz de Santamaría, Dolores de Cospedal o Cañete son abogados del Estado, como José Luis Martínez-Almeida. Ahora, Macarena Olona (Vox) o el propio Bal (Ciudadanos) también han pasado a la política en servicios especiales. Si los TAC son vistos como los altos funcionarios del PSOE, los abogados del Estado serían los del PP.

Jurídicamente, la importancia del informe de Hacienda es relativa, porque un buen abogado del Estado, o uno que quiera ascender, puede interpretar una cosa o la contraria, ya que en derecho todo tiene varias opiniones y son al final los tribunales los que dictaminan. A menudo, los políticos usan la Abogacía para cubrirse y avalar una decisión que han tomado. Un expolítico con responsabilidades resumía lo que más apreciaba de un abogado del Estado en su departamento: "Si a las cuatro de la tarde le pido un informe que diga que es de noche, me da uno que afirma que, si bien no es de noche, debido al eje de rotación de la Tierra, lo será pronto y que por lo tanto no es erróneo decirlo".

Una instrucción de la Abogacía de los tiempos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero obliga a los abogados del Estado a firmar todos sus escritos para poder seguir el rastro de los casos y los informes. Hacienda no quiso el miércoles desvelar quién ha firmado el que estrangula a las comunidades. La Abogacía depende de Justicia, pero tiene abogados del Estado adscritos a los ministerios, las delegaciones del Gobierno y los distintos tribunales. De forma que, aunque es una organización jerárquica, está tan distribuida que tienen en la práctica mucha autonomía.

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