La Abogacía echa un capote a Puig y descarta el conflicto de interés en la quita a Moll

La Abogacía de la Generalitat ha elaborado un informe en el que descarta que el 'president' Ximo Puig estuviera obligado a abstenerse en la aprobación del decreto regulador del Instituto Valenciano de Finanzas que blindó la venta con un descuento del 70% de 1,9 millones de deuda del Grupo Zeta a Prensa Ibérica Media. El documento, encargado por el propio Gobierno regional tras estallar la polémica sobre la participación del barón socialista en uno de los periódicos que han cambiado de dueño, 'Mediterráneo de Castellón', lleva la firma de la directora general de los abogados de la Administración autonómica, María José Rodríguez Blasco, y sostiene que Puig pudo participar en la reunión del Consell del 15 de marzo que dio luz verde al citado decreto "porque se trata de un procedimiento de aprobación de una disposición de carácter general y por tanto sin afectación singular directa a ningún tipo de asunto".

El acuerdo entre IVF y el grupo mediático de Javier Moll se fraguó con una oferta por el conjunto del pasivo de Zeta, 99 millones de euros, que llegó a los despachos del organismo público el 19 de febrero de este año. Sin embargo, el traspaso quedó condicionado a la aprobación del decreto de funcionamiento interno, que uno de sus apartados facultaba de forma "excepcional" al banco público de la Generalitat a sumarse a operaciones de reestructuración o venta de dueda en casos de financiaciones sindicadas, como era la situación de los préstamos de Zeta, con Caixabank, Santander o Sabadell como principales acreedores.

Aunque Puig posee el 1,17% de la editora 'Mediterráneo de Castellón', Promociones y Ediciones Culturales (Pecsa), donde Zeta tenía el 85%, la Abogacía sostiene que el 'presidente' tampoco debió "inhibirse en el conocimiento de dicho asunto" porque ni él ni sus familiares "han realizado funciones de dirección, asesoramiento o administración con anterioridad a la toma de posesión del cargo o con posterioridad a dicho momento". El informe explica también que la tramitación del decreto es anterior a la recepción de la oferta de Prensa Ibérica.

El informe de la Abogacía no hace referencia a los dividendos que cobra Puig de Mediterráneo: La ley le permite tener hasta un 10% de la propiedad

Descartado que Ximo Puig estuviera afectado por una causa de incompatibilidad o de abstención, la Abogacía de la Generalitat procedió a analizar si existía algún tipo de conflicto de intereses. Sin embargo, en este punto, Rodríguez Blasco no hace ninguna referencia al hecho de que 'Mediterráneo' haya recibido alrededor de 600.000 euros en inserciones publicitarias de la Generalitat desde que Puig es presidente, 547.000 euros directos del área de Presidencia, y que el líder de los socialistas valencianos cobre periódicamente dividendos de la empresa, sino que se ciñe exclusivamente a la reunión del 15 de marzo que aprobó el decreto de funcionamiento del IVF. Sobre esto, insiste en el mismo argumento: que se trató de "una disposición de carácter general" y, por tanto, no existió ni un conflicto de interés "ni real ni potencial", dice el informe al que ha tenido acceso El Confidencial. El documento lleva fecha de 19 de julio, es decir, se encargó cuando ya había saltado la polémica en torno a la participación accionarial de Ximo Puig en el que ahora medio del empresario Javier Moll.

Sobre los dividendos y las inserciones publicitarias, fuentes del Consell explican que no tenía sentido un pronunciamiento sobre esto, pues la Ley de Incompatibilidades fija en un máximo del 10% la participación que cargos públicos pueden tener en las sociedades que reciben ayudas o subvenciones públicas o que firman contratos con la Administración.

La propia vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, fue la encargada de dar a conocer el informe en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell, el Gobierno valenciano.