La Generalitat de Camps dio a los bancos el control sobre la deuda del diario de Puig

El Instituto Valenciano de Finanzas aceptó en el año 2009, con Francisco Camps al frente de la Generalitat valenciana, sindicar la deuda que tenía pendiente con el periódico 'Mediterráneo de Castellón' en una operación en la que perdió todas las garantías en favor de un 'pool' bancario en el que obtuvo un porcentaje de participación hiperminoritario y sin apenas capacidad de influencia. Según documentación contable a la que ha tenido acceso El Confidencial, el 17 de marzo de aquel año, el Grupo Zeta y sus filiales significativas, entre ellas Promociones y Ediciones Culturales, editora del 'Mediterráneo de Castellón', suscribieron un crédito sindicado de 232 millones de euros que tuvo como finalidad "la cancelación de la deuda preexistente y las necesidades de financiación corporativa" del grupo consolidado de medios de comunicación de Antonio Asensio.

Como consecuencia de esa operación, la empresa en la que el actual presidente de la Generalitat, Ximo Puig, posee el 1,16% de las acciones procedió a la cancelación de sus deudas con entidades financieras, líneas de financiación y avales que se encontraban vigentes a la fecha de suscripción del préstamo sindicado. Uno de estos avales era con el IVF, que en 2005 había prestado a su filial Servicios de Impresión de Levante (Silsa) dos créditos por valor de seis millones para la puesta en marcha de una rotativa en Biar (Alicante). La deuda estaba garantizada con los activos de Silsa y por la propia Pecsa.

El acuerdo de los bancos con Zeta supuso hipotecar a su favor todos los bienes de 'Mediterráneo' que servían de garantía para el banco de la Generalitat

Sin embargo, todas estas garantías se esfumaron en el momento en el que el IVF no exigió la recuperación de su deuda y aceptó integrarse en el sindicado de 232 millones de euros para el conjunto del Grupo Zeta. Tanto la rotativa de Biar, como los terrenos y la nave industrial donde se ubicaba se hipotecaron en favor del sindicato de bancos, al igual que los derechos de créditos en cuentas bancarias y derivados de seguros. Lo mismo ocurrió con todos los bienes inmobiliarios de Pecsa, la editora de 'Mediterráneo' participada por Puig. La nave, oficinas y aparcamiento del periódico en la Carretera de Almassora de Castellón fueron hipotecados y se constituyó una prenda sobre las acciones de Zeta (84%) y los derechos de cobro en cuentas bancarias y seguros.

A la vista de esta arquitectura del pasivo, el Instituto Valenciano de Finanzas perdió muchas de sus opciones de recuperar los fondos en caso de morosidad. Lo que nació como un crédito garantizado por Pecsa, una empresa rentable que reparte dividendos, acabó formando parte del conjunto de la deuda de un grupo de medios de comunicación que ya comenzaba a tener verdaderos problemas económicos. El IVF no solamente perdió la garantía original, sino que todos los bienes que podían servir para cubrir un impago de los vencimientos quedaron condicionados en favor del sindicato bancario, en el que el Instituto apenas tenía el 1,8% de participación y una nula capacidad de influencia.

La hipoteca de los bancos sobre Pecsa y Silsa incluía hasta los aparcamientos. Los cobros futuros también se pignoraron en favor del sindicato

Aunque esta refinanciación fue ejecutada por el banco de la Generalitat en una etapa anterior, cuando el director era Enrique Pérez Boada, el actual responsable Manuel Illueca no quiso ofrecer más detalles sobre la misma a preguntas de El Confidencial. ¿Por qué aceptó la Generalitat las nuevas condiciones si Pecsa era rentable? ¿Obtuvo algo a cambio de perder las garantías? ¿Por qué no trató de aprovechar que iban a cancelarse deudas, avales y líneas de crédito anteriores para recuperar todos los fondos adeudados? Son preguntas en el aire.

La decisión financiera explica que pese a tratarse de una empresa rentable, el banco público de la Generalitat tuviese que participar en la negociación de la oferta de compra del pasivo que Prensa Ibérica hizo tanto a la propiedad como al 'pool' bancario acreedor. De hecho, la empresa de Moll ni siquiera envió a negociar a Valencia a alguien de la cúpula del grupo en Barcelona, sino a uno de los directivos de su filial Editorial Prensa Valenciana, editora de 'Levante-EMV' e 'Información de Alicante'. La oferta de Javier Moll, bendecida por el poder político central, evitó que el Grupo Zeta [especialmente 'El Periódico de Cataluña'] cayese en manos de Mediapro, la compañía dirigida por Jaume Roures, a quien se considera afín al independentismo. Esta opción era rechazada incluso por la propiedad del conglomerado de medios, el propio Antonio Asensio, un factor clave. Según fuentes conocedoras de la negociación, Roures ni siquiera llegó a formalizar su propuesta a todos los acreedores del sindicato bancario. A efectos legales, la de Prensa Ibérica Media fue la única oferta oficial. En caso contrario, la polémica no solamente habría alcanzado al IVF de la Generalitat que preside Ximo Puig, sino también a los bancos como CaixaBank, Santander o Sabadell, que tendrían que haber explicado a sus accionistas por qué se decantaron por uno de los aspirantes y no por otro que prometía ofrecer mejores condiciones.

Opinión

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El decreto eleva la polémica

El actual director del IVF explicó hace varios días en rueda de prensa que informes elaborados por Deloitte aconsejaron participar en la venta de la deuda con un descuento del 70% acordada por el sindicato bancario. El Grupo Zeta venía acumulando refinanciaciones anualmente ya desde 2012, apenas tres años después de la reordenación de 232 millones de 2009, según reflejan las memorias de cuentas de la propia Pecsa. Según la consultora, sin más ofertas encima de la mesa que inyectasen fondos en Zeta, la perspectiva de la liquidación apenas garantizaba recuperar entre el 18% y el 31% de los 1,9 millones pendientes de cobro por parte del Instituto público. "Prensa Ibérica planteó adquirir el crédito por el 30% del riesgo vivo. Tenía miedo a que se hiciera con la mayor parte de la deuda y con posterioridad pudiera encontrarme con unas condiciones todavía peores y que una homologación judicial fuera una venta con condiciones peores", indicó Illueca.

El acuerdo se cerró en febrero de 2019. Pero el IVF lo condicionó a la aprobación de un decreto de funcionamiento interno de la entidad que debía pasar por el pleno del Gobierno valenciano y que blindaba legalmente las operaciones de reestructuración en sindicatos bancarios, entre otras cuestiones. El hecho de que Ximo Puig, propietario del 1,16% de Pecsa, participase y votase el 15 de marzo a favor de la aprobación de dicho decreto ha desatado una tormenta en la política regional. Partido Popular y Ciudadanos han solicitado explicaciones. En cierto modo, la venta con descuento a Moll a Zeta eleva la solvencia de su propia participación, que en su declaración de bienes valora en 177.886 euros. Los populares incluso han reclamado una sanción al Consell por un posible conflicto de interés. Como accionista, aunque minoritario y sin capacidad de influencia en la gestión, el 'president' ha estado cobrando dividendos de un diario que ha recibido más de 600.000 euros desde 2015 en inserciones publicitarias de la Generalitat, casi 550.000 directamente del área de Presidencia, tal como reveló El Confidencial.