Así purgó Justicia al abogado del Estado: pedía 25 años por rebelión y sí había violencia

El cese fulminante del abogado del Estado personado en la causa sobre el 'procés' se ultimó este miércoles, pero venía arrastrándose desde hace semanas. En los días previos al fin del plazo para la presentación de escritos de acusación ante el Tribunal Supremo, Edmundo Bal ultimó los detalles de la que era su solicitud original de cara al juicio en el que se sentará Oriol Junqueras y otros 17 políticos catalanes. En ella, según informan fuentes del entorno de la Fiscalía, solicitaba la misma pena que el Ministerio Público para el 'exvicepresident', 25 años por rebelión, y penas coincidentes de hasta 17 años para el resto de procesados. Sostenía que se produjo en los días previos y posteriores al referéndum un clima de violencia dirigida a promover la explosión de un conflicto.

El escrito que nunca llegó a entregarse seguía una línea similar al del Ministerio Público y se refería también a la serie de episodios que propiciaron un ambiente de tensión máxima: desde los acontecimientos del 20 de septiembre ante la Consellería de Economía pasando por los enfrentamientos en los colegios electorales el día de la votación y los actos de protesta de la huelga que se convocó después. Desde las altas instancias del Govern, se alentaron y amplificaron las movilizaciones en la calle y se propició el encierro en los centros escolares con plena consciencia de que promovía el enfrentamiento.

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La población se empleó, de este modo, como una fuerza intimidatoria cuya acción se combinó con un uso de los Mossos d' Esquadra. La Policía Autonómica, al servicio del Govern que entonces dirigía Carles Puigdemont cumplía instrucciones de la ejecutiva autonómica que colisionaban con su obligación de proteger el orden constitucional. El escrito guardaba completa coherencia con el auto de procesamiento del juez instructor Pablo Llarena y no se asemejaba para nada al que finalmente se presentó.

Este fue el escrito que fue entregado a la abogada general Consuelo Castro, nombrada por la ministra Dolores Delgado tras su llegada al Ministerio de Justicia. No convencieron ni el fondo ni la forma y se reclamó al abogado del Estado ahora purgado que elaborara otros dos borradores: uno intermedio en el que solo se mantenía la acusación por malversación, en atención al uso de fondos públicos destinados al referéndum y el proceso de independencia, y el último de ellos en el que se debía acusar por sedición, como finalmente se hizo.

El escrito guardaba completa coherencia con el auto de procesamiento de Llarena y no se asemejaba para nada al que finalmente se presentó

Curiosamente, tampoco este último escrito contentó a la responsable de los servicios jurídicos del Estado, por lo que no fue el original de Bal el que se presentó ante el alto tribunal el pasado 2 de noviembre. No se respetó ni su contenido ni las solicitudes de condena, menores que en el proyecto del, hasta el miércoles, jefe de Penal de la Abogacía. Las penas solicitadas para los 18 acusados oscilaron entre los 12 años de prisión y la multa, menos de la mitad que la del Ministerio Público. Se apreciaba el uso de una fuerza tumultuaria —agitación social, dice en varios puntos— pero no de la violencia necesaria para el tipo de rebelión.

Pérdida de categoría

El relevo de Edmundo Bal del puesto al que llegó en 2002 —una auténtica represalia según comentan muchos de sus compañeros— tendrá para él más consecuencias, más allá de la pérdida de la responsabilidad en el área. Las fuentes consultadas aseguran que será relevado de la máxima categoría en la que hora se encontraba, un nivel 30, y pasará a un 28. Es decir, volverá al grado de base, en el que ingresan todos los abogados estatales tras aprobar la oposición.

También habrá repercusiones económicas de la decisión y el cese repercutirá en una merma de sus ingresos anuales considerable. Bal se encuentra a la espera de que se le adjudique un nuevo destino que, según los consultados, le desvinculará no solo de la jefatura que ostentaba sino también del área. No se le permitirá, por tanto, seguir trabajando en penal y pasará a otra especialidad.

El Ministerio de Justicia justificó su decisión en una pérdida de confianza provocada por su negativa a asumir "instrucciones"

El Ministerio de Justicia justificó su decisión en una pérdida de confianza provocada por su negativa a asumir "instrucciones". En base al Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, esgrimió el principio de dependencia que obliga a cumplir las órdenes de la jefa, en este caso Castro, en quien el departamento que dirige Delgado deposita el peso de la decisión. Bal no accedió a firmar el escrito definitivo y este fue presentado con la rúbrica de su superior.