un progresista que respetó el pp

Edmundo Bal, el progresista que acusó a los futbolistas y la Gürtel, cae por el 'procés'

Fue clave en la ausación de la Gürtel cuando el PP estaba en el Gobierno. Pero este abogado del Estado progresista ha sido destituido dos veces por Dolores Delgado

Foto: Edmundo Bal. (EFE)
Edmundo Bal. (EFE)

Hace año y medio, tras un partido de la Selección española, Gerard Piqué se acercó a la prensa e hizo una declaración de calado. Denunció que había una campaña contra Messi dirigida desde la Abogacía del Estado para acusarle por delito fiscal. Entonces recibió una respuesta que nadie podía esperar. Edmundo Bal Francés, director del departamento penal de la Abogacía del Estado, le replicó a la mañana siguiente. "Deje usted de presumir absurdas conjuras y háganos felices haciendo lo que usted sabe hacer mejor: jugar al fútbol", escribió Bal en este diario. Se formó una cola de televisiones ante su despacho pidiendo sus declaraciones y el abogado del Estado no se amilanó. Esgrimiendo su abono del Atleti, negó que tuviese nada contra el FC Barcelona y mucho menos que siguiera directrices de Florentino Pérez: "Yo soy del Hacienda Fútbol Club". Ese es Bal Francés, abogado del Estado desde 1993.

Eso era marzo de 2017 y Bal estaba en la primera línea de la exitosa acusación de Hacienda contra los mejores futbolistas de España. En poco tiempo, Messi, Cristiano, Falcao, Di María, Modric, Mourinho... fueron acusados y condenados por delito fiscal.

El departamento penal de la Abogacía del Estado era tradicionalmente secundario, algo menor, porque el Estado se persona en pocos casos penales, solo cuando hay malversación de dinero público, subvenciones o cuando la propia Administración acusa a funcionarios. Lo habitual es que los abogados del Estado defiendan a la Administración central en contenciosos o que asesoren al Ejecutivo en la elaboración de normas. Pero con la crisis, Hacienda multiplicó las denuncias por delito fiscal y el departamento que dirigía Bal cobró aún más protagonismo. Director del departamento penal desde 2002, según sus compañeros, Bal armó un equipo compacto. De ser un destino poco apetecible, con multitud de vistas y negociaciones a cara de perro, frente a otros puestos más tranquilos, el de penal comenzó a subir en reconocimiento.

En su alegato final de la Gürtel, con Rajoy en Moncloa, pidió una condena ejemplar que diera miedo a políticos y empresarios corruptos

Dentro y fuera de la Abogacía. Los abogados estrella del penal económico comentaban lo dura que era la negociación con Bal. En los casos de Messi o Xabi Alonso, por ejemplo, la Fiscalía no vio delito inicialmente y fue la Abogacía la que los llevó al banquillo. La Abogacía y la Fiscalía llegaron a chocar públicamente en vistas, donde la Abogacía pedía más pena que la Fiscalía. Pero hay maś. Bal participó las condenas en conformidad de los Carceller, por ejemplo, con una multa récord al Estado de más de 90 millones.

Apasionado de la informática, corredor aficionado, preparador de opositores, defensor del sector público y trabajador en tarifa plana, Bal fue elegido por sus compañeros para presidir la asociación de abogados del Estado, cargo que ocupó hasta hace unos años. En un cuerpo con fama de conservador y con destacadas figuras en el PP —Sáenz de Santamaría, Cospedal, Arias Cañete...—, Bal destacaba por su perfil progresista.

La Abogacía llegó a enfrentarse a la Fiscalía en vistas por delito fiscal a los futbolistas. El equipo de Bal era más duro que los fiscales


Siempre defendió públicamente la independencia de la que gozaba en su día a día. En el artículo en respuesta a Piqué, escribió: "Marta Silva de Lapuerta fue secretaria de la junta directiva del Real Madrid y, por ello, a menudo acude al palco de ese club, del que es obviamente seguidora. Fue hasta hace poco abogada general del Estado. Yo soy el jefe de Penal de la Abogacía del Estado y despachaba con ella trimestralmente. En ese despacho de asuntos que se llevan en Penal en las distintas abogacías del Estado, por supuesto, incluía un breve resumen de los asuntos más relevantes. Y, entre ellos, desde luego, los casos de Messi y Neymar. Dos casos entre más o menos unos 40 o 50 comentados en una hora y media aproximadamente, donde la abogada general del Estado me pedía, en algunos de ellos, más explicaciones de detalle, probablemente porque a ella misma el órgano administrativo interesado en el asunto le hubiera preguntado. Jamás me pidió mayores detalles sobre estos dos asuntos. Es más, cuando determinados medios de la prensa deportiva comenzaron a publicar lo mismo que el señor Piqué dijo al término del partido de fútbol, me decía: 'Mira, Edmundo, estos temas mejor ni me los cuentes, haz lo que tengas por conveniente hacer, igual que en todos los demás casos…'. Y es que nunca nadie, ni Marta, ni ninguna otra persona del Gobierno, ni, por supuesto, Florentino o alguien de su entorno, se dirigió a mí para aconsejarme, instruirme u ordenarme que ninguno de estos dos asuntos se llevaran así o 'asao'. Ni en este, ni en ningún otro asunto, mediático o no, de los que yo llevo o coordino, ni gobernando unos, ni otros".

Una de las pruebas de esa independencia se vio en el juicio de la Gürtel y con Rajoy en Moncloa. La fiscal interrogaba a Francisco Correa, cabecilla de la trama, que estaba confesando los manejos del PP. Pero se dejó la pregunta clave sobre quién ordenaba los pagos. Fue Bal el que en su turno le preguntó quién dio la orden de contratar a las empresas de la red. Y entonces Correa dio el nombre: Ricardo Costa, secretario general del PP de Valencia en 2008 y 2009 y mano derecha de Francisco Camps. La primera gran delación en directo de la Gürtel que acabó sentenciando la suerte del Gobierno de Rajoy llegó de una pregunta de su abogado del Estado. Estaba personado en nombre de la Agencia Tributaria, pero no pudo evitar hacer la pregunta clave. Vivía el juicio y después de tantas horas acabó desarrollando algo parecido a la química con algunos de los acusados.

La abogada general del Estado, Consuelo Castro, ante Dolores Delgado. (EFE)
La abogada general del Estado, Consuelo Castro, ante Dolores Delgado. (EFE)

En su alegato final, pidió una sentencia ejemplar que diese miedo a políticos y empresarios corruptos."Fueron elegidos por los españoles para desempeñar cargos públicos, que se suponía que tenían que proteger los intereses generales y no defraudarlos ni robarlos". Los ministros del PP se sorprendían de la dureza de sus escritos, en los que sostenía, como se probó, que el partido del Gobierno tenía una caja B.

No rehuyó los charcos y se ganó fama de indomable. Cuando la abogada del Estado del caso Nóos se hizo famosa por decir que lo de "Hacienda somos todos" solo era un eslogan publicitario, Bal salió a defenderla en un artículo en la revista de los abogados del Estado. Eran el tipo de cosas con las que hacía equipo. La sentencia, por cierto, dio la razón en todo a la Abogacía.

Con esas credenciales, hace medio año, tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa, Bal, nacido en Huelva en 1967, entró en todas las quinielas para ser abogado general del Estado. La cúspide del servicio jurídico del Estado es un puesto en segunda línea pero tremendamente importante. Cuando la ministra de Justicia, Dolores Delgado, pidió nombres a Joaquín de Fuentes Bardají, abogado general con Zapatero, fue uno de los que le sugirió. De Fuentes no quería regresar al mismo cargo y Bal cumplía los requisitos: era progresista y además dirigía un departamento, el de Penal, que había cosechado sonoros éxitos. No era el único nombre pero sí estaba en la terna, en la que dirigir un grupo era un requisito imprescindible.

Llevaba en el cargo desde 2002, con ministros de PSOE y PP, y sonó para alto cargo con el Gobierno de Sánchez

Finalmente, la elegida fue Consuelo Castro, abogada del Estado en Galicia que había defendido a la Administración en temas como el Prestige. Castro es amiga de Álvaro García Ortiz, gallego y presidente de la Unión Progresista de Fiscales y persona con gran influencia en el actual Ministerio de Justicia.

Pronto, la relación con el Ejecutivo se torció. En agosto, Justicia acusó a Bal de estar detrás de la filtración de los informes de la Abogacía que recomendaban defender a Llarena en Bélgica. Llegó a ser relevado durante unas horas y luego el asunto se calmó. Pero entonces se acercaba la acusación más importante de la Abogacía, la del 'procés'. El servicio jurídico del Estado se había personado en febrero inicialmente por la malversación. Aunque en mayo Pedro Sánchez había defendido en televisión que veía rebelión aunque no hubiese violencia, la necesidad de buscar el apoyo de los independentistas a los Presupuestos lo cambió todo.

La intención inicial de acusar por rebelión —como la Fiscalía— acabó en un cajón. Justicia ordenó que prepararan tres acusaciones, según fuentes de la Fiscalía con la que la Abogacía estaba colaborando: una completa con rebelión, una por malversación —el equivalente a ponerse de perfil— y otra intermedia por sedición. Moncloa eligió esta última.

Pero el Ejecutivo no asumió la paternidad de la decisión. Oficialmente, el Gobierno se empeñó en presentarla como una decisión técnica de los abogados del Estado. En julio, Pedro Sánchez fue preguntado en 'eldiario.es' sobre si iba a dar instrucciones a la Abogacía del Estado. "Creo que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado tienen que basarse en fundamentos jurídicos para fijar la posición del Estado. Yo voy a respetar las decisiones que tomen". Cuando se acercaba el plazo para calificar, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, insistió en que la Abogacía del Estado estaba trabajando únicamente con "criterios técnicos y jurídicos, con imparcialidad". Añadió que no existía ningún plan para cambiar la calificación del escrito de la Abogacía.

Friqui informático, 'runner', defensor de lo público, preparador de opositores y trabajador en tarifa plana, presidió la asociación del cuerpo


La de Justicia, Dolores Delgado, después de que se conociera la acusación y de que estuviera extendida la información de que había sido imposición del Gobierno, afirmó: "No ha habido imposición de criterio. La abogada general del Estado ha estudiado el tema, ha analizado los hechos y elaborado el escrito de conclusiones que ha firmado". Delgado fue más cuidadosa que Celaá y se ciñó a hablar de la abogada general, un alto cargo del ministerio, pero sí sostuvo que no había imposición.

En la Abogacía, esa portura generó malestar. No tanto porque el Gobierno dictara su calificación, algo que puede hacer porque la Abogacía, al contrario que la Fiscalía, no tiene independencia, sino porque les endosaba a ellos la responsabilidad de una decisión que no habían tomado. La asociación de abogados del Estado, tradicionalmente discreta, llegó a estar a punto de sacar un comunicado contra la decisión de Justicia.

Solo José Luis Ábalos, ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, admitió que había sido un decisión polítca. El hombre fuerte del Ejecutivo desautorizó a Celaá y a Delgado al afirmar que el informe de la Abogacía era "riguroso jurídicamente pero atendiendo también a la política del Gobierno". Bal avisó de que defendería en el juicio, y de forma profesional, la decisión de la superioridad pero no quería firmar un escrito que no era suyo. Sin embargo, la suerte estaba echada para Bal. El miércoles fue destituido del cargo. Justicia alega que se había opuesto al criterio de la abogada general y que no era la persona ideal para defender el escrito que considera que hay sedición. La noticia le llegó casi a la vez que la publicaba 'El País', el diario que adelantó la destitución, según algunos compañeros que pudieron hablar con él.

Con el pacto para renovar el Poder Judicial reventado, con jueces y fiscales de huelga, Justicia puede añadir otro fuego a su gestión: el de la Abogacía del Estado, que recibió con sorpresa la destitución. Bal había estado en el cargo con ministros de PSOE y PP: Michavila, López Aguilar, Fernández Bermejo, Caamaño, Gallardón y Catalá. Pero no ha durado seis meses con Dolores Delgado. "Al suelo, que vienen los nuestros", comentaban en la Abogacía.

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