Canarias reclama la gestión de Costas para salvar un hotel de Riu de los planes de Ribera

El hotel Oliva Beach, propiedad de Riu en las dunas de Corralejo (Fuerteventura), está en el epicentro de una pugna política, empresarial y ambiental. El Ministerio de Transición Ecológica lleva retrasando una licencia de remodelación y, según fuentes del sector, busca fórmulas para recortar la concesión que le dio el Gobierno de Rajoy hasta 2089. Para evitarlo, el Gobierno de Canarias (del PSOE) ha acelerado la reclamación de las competencias en costas, previsto en el estatuto de autonomía de 2017. La política conservacionista de Teresa Ribera en el litoral ya le ha valido el reproche de la CEOE y ahora le toca a una comunidad de su mismo partido. Entre 2004 y 2008, la gestión del litoral desde el ministerio ya generó incendios políticos en el PSOE.

Construido en los primeros años 70 en el hoy parque natural de las dunas de Corralejo, el hotel, que fue adquirido por Riu en los años noventa, representa como pocos la polémica de la gestión en las costas. El hotel recibió una concesión para 30 años el 22 de mayo de 1992. El permiso llegó después de la Ley de Costas, de 1988 que establecía que las instalaciones en dominio público marítimo-terrestre debían empezar a desaparecer a partir de 2018.

La empresa pactó con el Gobierno de Zapatero demoler el hotel en 2017. Pero luego Rajoy le dio una concesión hasta 2089

Pero como era emblemático, el ministerio que dirigía Cristina Narbona en el primer Gobierno de Zapatero buscó fórmulas para derribarlo dándole a la empresa otra ubicación menos llamativa, fuera del paraje natural. El 12 de abril de 2007, el Gobierno y Riu llegaban a un acuerdo. Riu aceptó seguir solo 10 años más y donaba la isla de Lobos al Estado a cambio de levantarlo en unos terrenos más alejados. Victoria en diferido para Narbona.

Sin embargo, en 2013, el PP usó su mayoría absoluta para reformar la Ley de Costas y dar hasta 75 años más de concesión a instalaciones en la costa. Riu entonces renunció a la prórroga de 2007 y pidió otros 75 años más. Alegó que las condiciones sociales habían cambiado y que en Canarias había un clamor para que siguiera allí, por el empleo que daba en el municipio de La Oliva. El ministerio le concedió la prórroga en 2016. A partir de entonces, empezaría a pagar un canon de dos millones de euros al año. Con ese título, el hotel estaría en las dunas, que son de dominio público, hasta 2089, casi 120 años desde que se levantó.

Riu pidió en diciembre de 2017 un permiso para renovar el hotel, algo que debe autorizar Costas. Pero poco después cambió el Gobierno y, pese a que la ley es la misma, la interpretación en Transición Ecológica no lo es. Casi dos años después, la empresa no ha recibido respuesta a esa petición. El ministerio señala que detrás del hotel hay apartamentos de distintos propietarios y que eso complica el permiso y la prórroga de la concesión.

Fuentes próximas al expediente consideran que Transición Ecológica va demorando la decisión pidiendo informes técnicos. Si en ese plazo se aprueba el reglamento de Costas que está preparando, y que ha levantado a la CEOE en contra, podría recortar la concesión del anterior Gobierno, lo mismo que les ocurriría a instalaciones polémicas como la papelera de Ence en Pontevedra.

Pero en Canarias hay un consenso político total a favor de mantener el hotel. El establecimiento está en un ayuntamiento gobernado por el PSOE, emplea a 383 personas y sus trabajadores se han manifestado ante el ministerio. El presidente de Canarias elegido tras las elecciones de mayo, el socialista Ángel Víctor Torres, se reunió en su primera visita a Madrid con responsables de Transición Ecológica para desbloquear el permiso. El hotel sigue funcionando, pero las instalaciones están ya tan castigadas que los touroperadores exigen mejoras y la empresa ha amenazado con un ERE.

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Rafael Méndez

El Gobierno regional cree haber encontrado una fórmula para sortear al Ministerio de Transición Ecológica. Canarias ha empezado a reclamar las competencias de Costas, aprobadas en el estatuto de autonomía de noviembre de 2018. Ese texto establece que "corresponde a la comunidad autónoma de Canarias, en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público, la competencia exclusiva" en materias como "la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones".

La de Costas es de las pocas competencias que no están transferidas y solo Cataluña y Andalucía poseen las competencias que reclama ahora Canarias. "El Gobierno canario debe pedir las competencias porque vivimos de las costas. No entiendo por qué no tiene las competencias", señala Olegario Umpiérrez, presidente del comité de empresa del Oliva Beach.