Matutes pierde; Villar Mir y Riu ganan con el revolcón constitucional a la Ley de Costas

La reforma de la Ley de Costas era un empeño de miles de propietarios de pisos y chalés tras años de lucha para que se suavizara la norma, que estipulaba la demolición de sus casas a partir de 2018

Foto: Hotel de Riu en Fuerteventura que podrá renovar su concesión. (Web de Riu)
Hotel de Riu en Fuerteventura que podrá renovar su concesión. (Web de Riu)

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Costas deja vencedores y vencidos entre los empresarios españoles. Abel Matutes y la familia de Gabriel Cañellas salen derrotados, ya que tienen intereses en las salinas, que vuelven a ser propiedad pública, según el fallo. El Alto Tribunal en cambio no pone objeciones al artículo con el que las plantas de Ferroatlántica (del Grupo Villar Mir) en Cantabria, la papelera de Ence en Pontevedra o los hoteles de Riu en las dunas de Corralejo en Fuerteventura, pretenden ver prorrogada su concesión.

La reforma de la Ley de Costas era un empeño de miles de propietarios de pisos y chalés que han protagonizado años de lucha y protestas para que se suavizara la norma, aprobada en 1988 y que estipulaba la demolición de sus casas a partir de 2018. Pero paralelamente y de forma soterrada, grupos empresariales también negociaron presionaron para rebajar la ley. Estaba en juego el futuro y la inversión de grandes plantas industriales y de hoteles.

Así, en 2013, el PP cedió en buena medida a estas concesiones y llegó a introducir enmiendas en el Congreso similares a las que pedía la CEOE. Uno de los puntos más conflictivos de la reforma era lo que concernía a las salinas, que han funcionado en régimen de concesión aunque el terreno seguía siendo público.

Abel Matutes participa en la empresa Cupimar, que controla la mayoría de las salinas y plantas de acuicultura en la provincia Cádiz

La reforma impulsada por Miguel Arias Cañete nada más llegar al ministerio cuando el PP ganó las elecciones las salvó de la ley. Como excepción, excluyó "del dominio público marítimo-terrestre" a "los terrenos que hubieran sido inundados artificial y controladamente como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto y estuvieran destinados a actividades de cultivo marino o a salinas marítimas, aun cuando sean naturalmente inundables".

Esto dejó satisfecho al sector salinero y de la acuicultura. Entre ellos destaca el exministro del PP y poderoso empresario balear Abel Matutes. Matutes llegó a declarar: "La ley que ha aprobado el Gobierno es una ley en la que yo mismo he trabajado mucho". Matutes participa en la empresa Cupimar, que controla la mayoría de las salinas y plantas de acuicultura en Cádiz. Greenpeace señaló en un informe que Cupimar tiene "concesiones en 25 salinas de la bahía de Cádiz que se encuentran en dominio público marítimo terrestre". Este diario intentó ayer, sin éxito, obtener la versión de Cupimar y del Grupo Matutes. Esa zona es de las más afectadas por la ley, ya que había 7.500 hectáreas de salinas que se beneficiarían de la reforma, según anunció el Ejecutivo.

Salina en la bahía de Cádiz. (EFE)
Salina en la bahía de Cádiz. (EFE)

Sin embargo, la sentencia del Constitucional adelantada ayer por El Confidencial considera que "la pretensión de excluir porciones del dominio público natural en atención a su transformación artificial y al tipo de explotación resulta constitucionalmente inadmisible". Así que las salinas volverán a ser dominio público, algo que, según denunció el sector de la piscifactoría, limitaría las inversiones. La sentencia llega después de los recursos del PSOE, Asturias, Canarias y Andalucía, que consideraron que vulneraba la Constitución.

Otro de los afectados es Salinera Española, cuyo presidente es Gabriel Cañellas, expresidente de Baleares con el PP entre 1983 y 1995. La empresa preveía recuperar la titularidad de las salinas de Ibiza y Formentera, en un parque natural. Además, participa en salinas en Valencia y Galicia. Salinera Española no contestó ayer a la llamada de este diario.

Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, celebra el fallo del alto tribunal sobre las salinas. "Suponía la privatización de todas las salinas y las especies, porque son zonas de especial singularidad".

Pese a la cruz para el sector de la acuicultura, no todos los empresarios quedarán descontentos con la sentencia. El Constitucional también se pronuncia sobre el artículo que permite la prórroga de concesiones a instalaciones industriales previo informe ambiental de las comunidades autónomas. Es el caso de la polémica papelera de Ence en Pontevedra, cuya concesión caducaba en 2018. 

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría junto a Juan Miguel Villar Mir.
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría junto a Juan Miguel Villar Mir.

La reforma legal del PP estableció un sistema para prorrogar esas concesiones otros 50 años con la condición de que tengan un informe ambiental de la comunidad autónoma. "Si los terrenos se destinaran a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la concesión se otorgará previo informe del órgano ambiental de la comunidad autónoma en la que radique la ocupación".

El Constitucional ha avalado ese punto de la reforma. Considera que el legislador tiene margen para prorrogar las concesiones cuando caducan, aunque en la ley de 1988 la idea era demoler para ir recuperando paulatinamente el dominio público marítimo-terrestre. "La extinción de una concesión no implica necesariamente la recuperación del uso general del dominio público", señala el fallo. Además, añade que la prórroga no es indiscriminada porque requiere un informe ambiental.

Aunque considera que los artículos son constitucionales, sí incluye una prevención que puede dar al traste con las expectativas empresariales. El texto afirma que "la prórroga recogida en la nueva regulación solo puede afectar a las actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación". Es decir, que solo podría darse a plantas que necesiten estar pegadas al mar, lo que dejaría fuera a hoteles y otras instalaciones.

Al margen de esa precisión -que puede traer cola jurídica-, fuentes conocedoras de la tramitación señalan que al avalar el Constitucional ese punto de la reforma del PP, la papelera de Ence en la ría de Pontevedra considera que ya tiene vía libre para renovar la concesión y prorrogar su actividad. La concesión de la planta se la concedió el Estado al Instituto Nacional de Industria en 1958 y caducaba en 2018.

La concesión a la papelera de Ence en Pontevedra era de 1958 y caducaba en 2018. Aspira a 50 años más

En situación similar está la planta de Ferroatlántica, del Grupo Villar Mir, en la ría de Boo en Cantabria y que cumplió 100 años en 2013, que podrá seguir con su actividad sin cambiar de ubicación. La Cámara de Comercio de Cantabria realizó un estudio en el que defendía la continuidad de la empresa: "Actualmente y a medio plazo, es económicamente inviable la reubicación de las instalaciones, dado que el coste de restitución es muy elevado. Destacar que con el cierre de esta empresa, la región pierde cerca de 200 puestos de trabajo".

Un portavoz de Ferroatlántica señaló ayer que consideraban que la planta habría podido continuar independientemente del fallo del Constitucional porque habrían conseguido desafectar el dominio público (un complejo proceso para que el suelo público pase a ser propiedad privada). Los ecologistas han destacado los lazos de Villar Mir con el Ministerio de Medio Ambiente, ya que la actual ministra, Isabel García Tejerina, era directiva de Fertiberia.

Lo curioso es que estas empresas se pueden acoger a la disposición general de prórroga de las concesiones, mientras que las salinas y productores de acuicultura, al buscar un artículo específico, han visto cómo ha sido declarado inconstitucional. Lo mismo que ha dicho el tribunal para una disposición que pretendía salvar la depuradora de Vuelta Ostrera, construida por el propio ministerio en una ría de Cantabria pero que se hizo sin los trámites adecuados. El alto tribunal anula el intento de salvarla.

Los hoteles de Riu en las dunas de Corralejo (Fuerteventura) también prevén acogerse a la nueva Ley de Costas. En 2007, con el Gobierno del PSOE, la familia Riu negoció un intercambio para dejar dos hoteles en las dunas de Corralejo en 2017 (el Oliva Beach) y 2037 (el Tres Islas) a cambio de que pudieran hacer obras en otros apartamentos. En el pacto, la familia Riu cedía al Estado la isla de Lobos. Sin embargo, con la reforma, Riu -que no contestó ayer a este diario- pretende conseguir otros 75 años de concesión al amparo del artículo declarado constitucional. Además, como el Constitucional ha avalado que ciertas dunas puedan ser excluidas del dominio público, incluso podría llegar a pedir un nuevo deslinde y recuperar la propiedad privada.

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