Besteiro y Vázquez, la vieja guardia del socialismo gallego se sienta en el banquillo

La vieja guardia del socialismo gallego va camino del banquillo. Sus dos últimos secretarios generales, José Ramón Gómez Besteiro y Pachi Vázquez, se enfrentarán con toda probabilidad a sendos juicios por distintas causas, instruidas en los juzgados de Lugo y O Carballiño (Ourense). A Besteiro, antecesor del actual líder, Gonzalo Caballero, le acompaña en el proceso otro peso pesado del PSdeG, su expresidente José López Orozco. La jueza Pilar de Lara les acusa de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental en el caso Garañón, el mayor escándalo urbanístico vivido en Lugo. Vázquez, que antecedió en el cargo a Besteiro, será juzgado por supuesta prevaricación en contrataciones de personal durante su etapa como alcalde de O Carballiño.

Los juicios están ya confirmados en el caso de Vázquez y dependen ahora de la calificación fiscal en el caso Garañón. Besteiro, que también fue presidente de la Diputación de Lugo, se vio obligado a dejar el mando del partido en marzo de 2016 precisamente por la causa judicial abierta siete años antes por De Lara, que le imputó inicialmente hasta seis delitos: soborno, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a las Administraciones públicas, fraude de subvenciones y malversación de caudales públicos. Orozco dimitió antes, en 2013, con la investigación judicial ya abierta, aunque siguió siendo alcalde de Lugo hasta las municipales de 2015. Su presidencia del PSdeG coincidió con el mandato de Pachi Vázquez en la secretaría general. A este, la jueza le acusa de realizar hasta 60 contratos en el Ayuntamiento sin atender los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, lo que constituiría un delito de prevaricación.

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Los dos casos vuelven a la actualidad con el PSdeG ya renovado de la mano de Gonzalo Caballero, y fortalecido tras superar por primera vez en la historia al PP en las elecciones generales de abril. Las elecciones generales de 10 de noviembre son un nuevo reto para los socialistas gallegos, pero su gran objetivo es, en todo caso, las autonómicas de 2020, en las que Caballero mantiene serias aspiraciones de poner fin a una década de gobierno del Partido Popular en Galicia. Los juicios, que se celebrarán probablemente el año próximo, no favorecerán la campaña de Caballero, que teme el uso político que pueda realizar el Partido Popular de esa situación.

El cierre de la instrucción del caso Garañón ha sido una de las últimas decisiones adoptadas por Pilar de Lara antes de que, el jueves 26, el pleno del Consejo General del Poder Judicial ratificara la decisión de retirarle de su plaza en Lugo por supuestos "retrasos injustificados" en la instrucción de las causas. La sanción de siete meses y un día aprobada supone la pérdida de destino en el juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, desde donde ha dirigido las mayores investigaciones contra la corrupción en Galicia. Orozco, que ha deslizado que la jueza se apresuró a notificar el auto antes de la decisión del CGPJ, ya se vio imputado por De Lara en una de las piezas separadas de la operación Pokemon, por supuestos sobornos en la adjudicación del servicio de la grúa municipal de Lugo, pero la causa fue sobreseída por la Audiencia provincial. Sigue investigado en cambio por un caso similar relativo a la ORA.

El auto del caso Garañón atribuye a los principales acusados distintos delitos presuntamente cometidos durante el desarrollo urbanístico en forma de dos torres de edificios de O Garañón, una parcela en un parque declarado BIC. El Ayuntamiento, en el que Orozco era alcalde y Besteiro concejal de Urbanismo, firmó un convenio con el dueño de los terrenos el 31 de diciembre de 2005, víspera de que entraran en vigor nuevas disposiciones legales que reducían la edificabilidad. En el convenio con el promotor se le garantizaba que sería indemnizado en el caso de no llegar a buen término la concesión de licencia, incluso por el lucro cesante. La jueza, que ordenó paralizar las obras en 2010, sostiene que hay indicios de que Besteiro adquirió al socio de una constructora un piso cuya licencia había concedido siendo edil sin pagar parte de su precio ni las obras de reforma.

Tras la notificación del auto, la Fiscalía debe decidir a quién acusa y de qué delitos, como paso previo a la apertura del juicio oral o el sobreseimiento del caso. El fiscal y las acusaciones particulares personadas tienen diez días de plazo para presentar sus escritos de acusación o el cierre de la causa. Tanto Besteiro como Orozco solicitaron hace un año el archivo del caso. Ambos niegan haber recibido contraprestaciones por su papel en el desarrollo urbanístico. "Había que dar la licencia porque de no hacerlo estaríamos prevaricando", declaró el exalcalde de Lugo. El exconcejal, mientras, precisa que no firmó el polémico convenio y que la investigación está basada en una "siembra de duda".

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Quien tiene garantizado su paso por el banquillo de los acusados es Pachi Vázquez, secretario general del PSdeG entre 2009 y 2013. La Audiencia de Ourense rechazó sus recursos presentados contra el auto de apertura oral dictado por un juzgado de O Carballiño en enero. La magistrada encontró "indicios racionales" de que entre 1999 y 2011, Vázquez y otros investigados realizaron hasta 60 contrataciones sin atender los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, por lo que les imputa por presunta prevaricación. La Audiencia respalda el auto de la jueza, al sostener que las contrataciones "no se ajustaban a la normativa administrativa en la materia", una situación que considera que era obligatoriamente conocida por Vázquez, ya que había sido advertido por la interventora municipal.

Pachi Vázquez alegó en su defensa que en la causa no había indicios de criminalidad, sino "solo sospechas que no alcanzan tal categoría", y que muchos de los contratos investigados no eran nuevos, sino prolongaciones de otros ya existentes. El exalcalde y exsecretario general del PSdeG ya no milita en este partido, del que se apartó para liderar en las últimas elecciones municipales una nueva formación política denominada Espazo Común, que concurrió en varios municipios de la provincia de Ourense. En Carballiño, donde él mismo era candidato, solo obtuvo tres concejales, mientras el PSdeG ganaba la alcaldía con mayoría absoluta. Su objetivo ahora es presentar una candidatura en Ourense para concurrir a las autonómicas gallegas de 2020.