La jueza de las macrocausas gallegas lucha para no ser apartada de la magistratura

Desde que irrumpió en 2009 con la Operación Carioca, Pilar de Lara se ha convertido en la jueza mediática de Galicia por antonomasia. En octubre de ese año ordenaba una actuación contra una supuesta red de prostitución y corrupción con más de 80 detenidos, entre ellos guardias civiles, policías y responsables de Extranjería. Casi 10 años después, la instrucción sigue abierta y la fiscalía quiere reducir a tres los encausados. Es una metáfora de las circunstancias en las que trabaja De Lara, impulsora desde su pequeño juzgado de Lugo de macrocausas que han implicado a conocidos empresarios, alcaldes o 'conselleiros' de la Xunta. Retrasos en la instrucción y otras supuestas irregularidades amenazan con apartarla de la carrera judicial, pero la jueza anticorrupción de Galicia porfía por mantener su plaza y su reputación.

El pasado 21 de noviembre, la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo —responsable de casos como Carioca, Pokémon, Pulpo, Cóndor, Cebra, Garañón y parte de la Campeón— compareció durante tres horas y media ante el Consejo General del Poder Judicial, para responder por el expediente disciplinario que le fue instruido por "retrasos injustificados" y "decisiones que han ocasionado un ficticio incremento del volumen de trabajo". Se abría para ella un horizonte en el que no se descartaba su cese definitivo, pero esa posibilidad de esfuma, de acuerdo con el pliego de cargos del CGPJ, dado a conocer esta semana. El castigo más grave que se cierne sobre ella es ahora una suspensión de empleo y sueldo por un plazo de tres años, según informó su abogado, Agustín Azparren.

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El currículum de la última década de De Lara está plagado de luces y sombras. Entre las primeras se apunta su valentía para entrar a saco en casos que, como el Carioca, estaban ocurriendo a ojos de todos sin que nadie tomara cartas en el asunto. También se elogia su determinación para hacer frente a los recelos que despierta en otras instancias judiciales. O su arrojo para seguir adelante con su obligación pese a la evidente falta de medios de su juzgado, uno de los principales argumentos que maneja su defensa. Como contrapartida, o quizás como consecuencia de todo ello, sus sumarios se desgajan en múltiples causas separadas y se dilatan en el tiempo hasta la prescripción de muchos supuestos delitos.

Justificados o no, los retrasos en el número 1 de Lugo han supuesto un duro castigo para políticos que posteriormente fueron absueltos. Uno de ellos es el 'exconselleiro' de Industria del BNG Fernando Blanco, que tuvo que abandonar la política tras ser acusado en 2011 por cohecho en una causa desgajada del caso Campeón, el mismo por el que fue imputado y después absuelto José Blanco, entonces ministro portavoz y número dos del PSOE. Las acusaciones contra el nacionalista fueron sobreseídas el pasado noviembre por la Audiencia Provincial de Lugo, que determinó falta de credibilidad del testimonio del principal encausado, el empresario Jorge Dorribo. Pero la carrera política de Blanco ya era historia.

El castigo más grave que se cierne sobre ella es ahora una suspensión de empleo y sueldo por un plazo de tres años, según informó su abogado

En ese caso asomó la enemistad que genera De Lara en ciertas instancias judiciales. Por ejemplo en el presidente de la Audiencia Provincial de Lugo, José Antonio Varela Agrelo, al que abrió una investigación por su relación con Dorribo. El empresario implicó a Varela Agrelo en la trama explotación sexual de mujeres y mafias policiales de la Carioca, y la juez investigó las fiestas que organizaba un club gastronómico, el Acción&Klasse, fundado por Dorribo y al que pertenecía el presidente de la Audiencia. El empresario aseguró que pagó a Varela Agrelo a cambio de asesoramiento jurídico y que contrató a una familiar del juez en una de sus empresas, mientras el exportero del Deportivo Jacques Songo’o afirmaba que el empresario y el presidente de la Audiencia iban a ser socios en un negocio eólico en Camerún. El caso de Varela fue archivado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Otro político que abandonó por una causa de Pilar de Lara fue el exalcalde socialista de Lugo José López Orozco, que en 2015 tuvo que renunciar a la reelección para facilitar un pacto de su partido con el BNG, ante las imputaciones judiciales a las que hacía frente. Una de ellas consistía en supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de grúa. El pasado septiembre, otra vez la Audiencia Provincial presidida por Varela Agrelo decretaba el sobreseimiento provisional de la pieza instruida por la juez ahora investigada. Orozco se ha visto desimputado en otros cinco sumarios, pero aún deberá hacer frente a tres más, entre ellos el de la Pokémon.

La forma de actuar de De Lara quedó plasmada en su reclamación a Google para acceder a la cuenta de correo particular del exalcalde. El departamento de Justicia de Estados Unidos declinó su petición. Otro de los casos pendientes de López Orozco es el Garañón, abierto hace nueve años y por el que tuvo que dimitir de todos sus cargos el que fuera líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, al que investiga como presunto autor de seis delitos. Aún sigue a la espera de que concluya la instrucción.

La forma de actuar de De Lara quedó plasmada en su reclamación a Google para acceder a la cuenta de correo particular del exalcalde

Casada como está con un dirigente del PP de Lugo, podría atribuírsele intención política a Pilar de Lara en sus decisiones judiciales. En contra de esa opinión apunta la implicación al presidente de la Xunta en el caso Cóndor, cuando desveló que Alberto Núñez Feijóo recibía puntualmente en su domicilio de Vigo cada Navidad regalos en forma de cajas de Vega Sicilia valoradas miles de euros, que le eran enviadas por el magnate gallego del transporte Raúl López. Informes de la Agencia Tributaria así lo constataban, pero Feijóo se libró de acabar imputado por decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

"No hay un solo juzgado en toda España con tantas macrocausas", argumenta en defensa de la jueza su abogado, exvocal independiente del propio Consejo del Poder Judicial, que cuenta con un plazo de ocho días para presentar sus alegaciones. El día de la intervención de De Lara ante el comité que trata su expediente, Azparren apeló a la falta de medios y a las deficientes condiciones en las que, afirmó, desarrolla su trabajo. De ella alabó además su “exceso de celo y de dedicación a todas las causas". "Desde ese punto de vista creemos que no tiene mucha base la calificación de la acción disciplinaria por retraso vinculado a la dejadez o a una actitud pasiva de la jueza", argumenta.

Pilar de Lara, que se reincorporó al juzgado en noviembre tras una baja médica por estrés agudo, entregó en su intervención ante el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, y el teniente fiscal, Luis Navajas, un informe de alegaciones de 700 folios y varias carpetas cargadas de documentación, además de fotos del juzgado desbordado por los macrosumarios. Azparren culpó de las dilaciones a los tiempos de espera de informes y documentos que deben aportar otros organismos, entidades bancarias o incluso países extranjeros. Se defendió también del acta que levantaron los inspectores que visitaron el juzgado durante 10 días de mayo de 2018, que en su opinión omiten información clave y le atribuyen deficiencias que no son de su competencia.

Azparren culpó de las dilaciones a los tiempos de espera de informes y documentos que deben aportar otros organismos, bancos u otros países

Parte de la insuficiencia de medios la detalló recientemente la jueza en un auto de la Pulpo, que investiga supuestas irregularidades en un programa de la Diputación y acoso laboral. En él, relata que el juzgado dispone "de una máquina multifuncional, que sirve las funciones de impresora, fax, fotocopiadora y escaneadora, que se atasca continuamente y se estropea con elevada frecuencia", y de "otros dos equipos con una carpeta de almacenamiento que no permite fotocopiar ni digitalizar más de 20 folios al mismo tiempo". También explica que los servidores de los equipos han de ser vaciados constantemente para no perder información. El propio CGPJ concluyó, tras una inspección de 2013, que el juzgado de Lugo necesitaba al menos cuatro funcionarios de refuerzo y un segundo juez de refuerzo mientras no se concluyesen la Carioca y la Pokémon, pero ni se cubrieron esos puestos ni tampoco se han producido sustituciones por las bajas.

El presidente del alto tribunal gallego, Miguel Ángel Cadenas, ha admitido que el alargamiento en las causas de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo es "una realidad", pero instó a esperar a conocer "su porqué". Esa es la tarea que tiene por delante la comisión del Poder Judicial que la investiga, y cuya decisión espera con tanta impaciencia el larguísimo número de imputados por Pilar de Lara.