Los Oubiña pierden definitivamente el pazo de Baión, icono del contrabando

Laureano Oubiña no se cansó de repetirlo. “Llegaré hasta donde haga falta para que me devuelvan el Pazo de Baión”, advirtió durante años el popular traficante. Su lucha no dará resultados, después de que el Tribunal Supremo confirmara la legalidad de la expropiación de la icónica casa solariega, símbolo de la lucha contra el narcotráfico. Casi 24 años después de que la Audiencia Nacional acometiese el embargo, las dos hijas de su matrimonio con Esther Lago, herederas legales de Oubiña y Lago, han perdido definitivamente el litigio por la primera propiedad decomisada por blanqueo de dinero del narcotráfico en España.

La sentencia del Supremo confirma lo dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Pontevedra y, más tarde, por la sección tercera de la Audiencia Provincial. Tumba así las pretensiones de Esther y Lara Oubiña Lago, que planteaban que su madre falleció en 2001 sin poder asistir como principal investigada al juicio por blanqueo de dinero en la Audiencia Nacional. La que fuera segunda mujer de Oubiña era la depositaria de la mayoría de las acciones del pazo, pero sus hijas no fueron admitidas como parte en el proceso por el que se acordó de oficio el decomiso de la lujosa casa y su finca colindante de 287 hectáreas, durante muchos años la mayor plantación vinícola de Galicia. El conjunto fue adjudicado en 2008 a la bodega Condes de Albarei por 15 millones de euros.

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Según recoge 'La Voz de Galicia', la sala de lo civil del Supremo rechaza todas las alegaciones de las hermanas y las condena a pagar las costas. Ratifica así el dictamen de la Audiencia Provincial, que mantuvo que en el caso del delito de blanqueo de capitales “no se exige sentencia condenatoria firme, ni se precisa la previa determinación de la autoría del delito precedente, pues tal exigencia haría imposible en la práctica la aplicación del tipo de blanqueo”. “Únicamente es preciso acreditar el hecho típico y antijurídico, sin analizar la culpabilidad, aunque entrañe un primer grado de imputación, tanto objetiva como eventualmente subjetiva”, añade la sentencia.

Multa de la Operación Nécora

La lucha por la propiedad del pazo, ubicado en Vilanova de Arousa (Pontevedra), la iniciaron Oubiña y Lago desde que el juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren ordenara su intervención en 1995, apenas ocho años después de que fuera adquirido por el matrimonio en sociedad con Pablo Vioque. Poco más tarde fue Baltasar Garzón quien procedió a su completo embargo para hacer frente a la multa de la Operación Nécora, que ascendía a un total de 15 millones de pesetas. Las hermanas acudieron en 2005 al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando indefensión por “haber sido indebidamente despojadas de los bienes adquiridos por herencia de su madre”.

Cuando el Estado intentó poner en venta la finca, las hijas del matrimonio Oubiña-Lago quisieron frenar la operación con un recurso

Para evitar la parálisis de la empresa, el Estado arrendó su gestión a la Freixenet, que mantuvo durante su explotación durante 13 años. Cuando el Estado intentó poner en venta la finca, las hijas del matrimonio Oubiña-Lago quisieron frenar la operación con un recurso ante el Plan Nacional de Drogas en el que alegaban que ya en el 2005 habían apelado el decomiso ante el Tribunal de Estrasburgo. Tras uno largo proceso en los tribunales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos autorizó la venta.

El juicio que determinó la condiciones del embargo se celebró en la Audiencia Nacional en 2002, solo contra los testaferros del pazo. Así, Domingo Oubeira y su esposa Margarita Lago, cuñado y hermana de Esther Lago –que falleció un año antes–, eran propietarios nominales del 49% de Comercial Oula, una entidad instrumental que Oubiña y su mujer usaron para hacerse con el emblemático inmueble. También eran socios del pazo un abogado de Vilagarcía y las dos sociedades panameñas off shore bajo las que, a criterio del tribunal, se ocultaban los Oubiña, sus verdaderos propietarios.

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Las hijas del famoso traficante no consiguieron personarse, pese a que lo intentaron mediante la reivindicación de los derechos de trasmisión de los bienes a sus herederos. El tribunal rechazó sus argumentos y acordó el decomiso porque el origen del dinero pagado por el pazo era el tráfico de drogas, una resolución contra la que no cabía recurso. Tras perder también en Estrasburgo todas sus opciones, la familia se jugó la baza de la vía civil, que tampoco les ha dado frutos.

Llegó a consolidarse como símbolo de las protestas de las madres gallegas contra la droga de los años 80, con el famoso asalto a las instalaciones de 1990

En la fama del pazo se conjugan diversas circunstancias. En su día fue un símbolo de la ostentación y la impunidad con que operó el contrabando y el tráfico de drogas en Galicia durante muchos años, hasta que la operación Nécora comenzó a cambiar todo aquello. También fue popular al convertirse en el primer bien decomisado por blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, para llegar a consolidarse como símbolo de las protestas de las madres gallegas contra la droga de los años 80, con el famoso asalto a las instalaciones de 1990 en protesta por la absolución de su entonces propietario, Laureano Oubiña, en la Operación Nécora. La más popular de aquellas madres, Carmen Avendaño, abriría la verja en 2008 para simbolizar la entrega del pazo a manos estatales.

En la actualidad, en el Pazo Baión se elabora vino albariño y es un destino turístico de visitas y catas a sus bodegas y viñedos. Condes de Albarei invirtió 10 millones de euros en acondicionar los terrenos y hacerlos más rentables. También abordó un programa de reinserción de toxicómanos cuando adquirió el pazo, consistente en programas de empleo en labores de vendimia.

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Aunque Oubiña y los suyos nunca llegaron a asentarse en él, el pazo sigue siendo una obsesión para el narco gallego. Fue el lugar que eligió el pasado junio para presentar públicamente sus memorias, tituladas Toda la verdad, ya que, según dijo, ese lugar le envió 32 años a la cárcel. “Si yo no me hubiera metido en el pazo a mí no me habría pasado lo que me ha pasado, ténganlo por seguro”, afirmó. “No vengo a gusto a este lugar, que para mí esta finca está maldita. Vengo a hacer esto porque lo que a mí me pasó con el pazo fue un robo judicial, mediático y político”, añadió.

Oubiña manifestó entonces su confianza en que los tribunales reconocieran el derecho de sus hijas al 50% de la propiedad del pazo. “Mi parte que se la queden para pagar las multas que tengo, de acuerdo. Pero la parte de mi mujer, que nunca fue condenada, ¿será de mis hijas, ¿no?”, concluyó. El Supremo no le ha dado la razón.