La caída de Audasa en manos extranjeras sacude la política gallega

Los conductores gallegos se dejan cada año unos 140 millones de euros en peajes de su principal vía de comunicación, la AP-9, una autopista que une Ferrol y Tui; o lo que es lo mismo, que vertebra toda la fachada atlántica de Galicia, donde reside la mayor parte de su población. Está entre las más caras de España, aunque algunas de sus principales infraestructuras, como el puente de Rande, están próximas a cumplir 40 años, y pese a carecer en muchso de sus tramos de carreteras gratuitas alternativas. Sus atascos, su deficiente conservación y calidad, la ausencia de incentivos para usuarios habituales… Todo convierte la AP-9 en objeto de polémica política, que siempre gira alrededor de la vieja petición de su transferencia a Galicia. Su reciente paso a un fondo extranjero ha reactivado la discusión.

La AP-9 y otras autopistas menores de Audasa (Autopistas del Atlántico, S. A.) pasan en su totalidad a manos extranjeras, en virtud del acuerdo por el que Globalvía adquiere por 723 millones el 55,6% de Itínere, el grupo al que pertenece la empresa. Globalvía es un gigante de los fondos de pensiones que está controlado por tres compañías extranjeras: la canadiense USS, la holandesa OPTrust y PGGM, del Reino Unido. Tiene a su cargo las concesiones de 19 autopistas y de siete ferrocarriles en ocho países, con presencia en la gestión de infraestructuras de transporte en Estados Unidos, Irlanda, Portugal, Andorra, México, Costa Rica y Chile.

Hasta tres veces bloqueó el grupo popular la reclamación del traspaso realizada por unanimidad por el Parlamento de Galicia

La operación se produjo mediante un acuerdo con Kutxa (16,3%), Sacyr (15,5%) y Abanca (3,8%) para la adquisición de la mayoría del capital, tras valorar la compañía en más de 1.300 millones, 300 millones más que el cálculo realizado hace dos años, y en medio de una guerra con otro de los accionistas, Corsair. Todo esto profundiza la sensación de los conductores gallegos del gran negocio que constituyen sus peajes, sin que redunde en una mejora del servicio, apreciación que comparte todo el arco político gallego. No en vano, los beneficios de la compañía rondan los 44 millones de euros netos anuales. Pero Audasa ha seguido alcanzando acuerdos muy beneficiosos con el Ministerio de Fomento, como por ejemplo la ampliación del puente de Rande –apenas reclamada por los usuarios—a cambio de una subida anual acumulable en el peaje de la AP-9 del 1% durante 20 años.

La operación ha reactivado la petición de traspaso a la Xunta de la AP-9, que Feijóo nunca abandonó pese al constante rechazo que recibió como respuesta de su partido en el Congreso de los Diputados. Hasta tres veces bloqueó el grupo popular la reclamación del traspaso realizada por unanimidad por el Parlamento de Galicia. “Es un error del Gobierno de España que no atienda una propuesta razonada, pero mientras yo siga en el cargo seguiré pidiéndola”, aseguró el presidente gallego en el verano de 2016, cuando comenzó el runrún sobre la venta a Globalvía. El discurso se ha endurecido desde la moción de censura que apartó a Mariano Rajoy del Gobierno. La transferencia fue una de las principales reclamaciones que trasladó Feijóo a Pedro Sánchez en su reciente reunión en la Moncloa. Y ahora, con la venta a Globalvía, la Xunta sostiene que el traspaso de la titularidad de la autopista es “más necesario que nunca, para controlar a los nuevos dueños”, en palabras del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Los socialistas gallegos apoyan la reclamación, que Sánchez se comprometió a estudiar, pero consideran la deslocalización de Audasa una herencia del PP. Su secretario general, Gonzalo Caballero, se retrotrajo al año 2000, cuando un Gobierno popular en el que Rajoy era vicepresidente amplió la concesión de la AP-9 por 25 años, hasta 2048. “Fue una bofetada a los gallegos y el inicio de un pelotazo”, lamentó Caballero. La acusación abarca a la privatización de Audasa, que se produjo solo tres años después de la prórroga del período concesional.

De no haberse producido aquella ampliación, a la AP-9 solo le restarían cinco años de concesión. Fue una operación de la que nadie quiere hacerse cargo. Ni siquiera una persona tan próxima a Rajoy como Ana Pastor, que siendo ministra de Fomento se desmarcó por completo. “Yo no soy la que hice una concesión hasta 2048”, afirmó en 2014, en medio de la polémica por un colapso de varias horas en las cabinas de peaje de la AP-9, una escena que se repite todos los veranos. Audasa pertenecía a la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) en 2003, cuando fue vendida por 1.586 millones a un consorcio formado por el SCH, Caixanova, Caixa Galicia y la Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla. En esa época fue nombrado comisario de una emisión de obligaciones convertibles por valor de 180 millones de euros el entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas.

Para En Marea, la valoración realizada de Itínere es la confirmación de que la AP-9 debería pasar a manos públicas, una operación para la que calcula un coste inferior a los 1.000 millones de euro, y para la que propone una recompra para hacerla nuevamente pública. Es una propuesta con la que coincide el BNG, que se pregunta por qué hay fondos para rescatar las radiales madrileñas quebradas y no para la AP-9. Su diputado Luis Bará califica la situación de “extremadamente injusta y discriminatoria” para los gallegos: “Los fondos de pensiones especulan con que los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas pagamos todos los días unos peajes que son un robo a mano armada”.

Audasa mantiene un litigio con la Xunta en el Tribunal Supremo, un contencioso contra el recorte a las compensaciones que percibe por los peajes en sombra de Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala. El convenio para liberar estos tramos fue modificado en julio de 2016, cuando el Gobierno gallego y Fomento redujeron de 10 millones a siete millones la compensación a la concesionaria por la supresión de esos peajes, ya que se estaba produciendo “un cierto enriquecimiento injusto para la sociedad concesionaria”.

La concesionaria también está enfrentada en los juzgados con la Autoridad Portuaria de Vigo por impago de las tasas de ocupación y actividad por el puente de Rande. Su negativa a levantar los peaje en los atascos, que por lo general se producen precisamente en las cabinas, le ha costado la reprimenda de la Valedora do Pobo, que remitió sus quejas a la Fiscalía. Y el Ministerio Público decidió recientemente abrir una investigación por los colapsos circulatorios durante la ampliación del puente de entrada a Vigo.