La renovación de la Agencia Valenciana Antifraude, cerca del bloqueo por falta de consenso

La renovación del director general de la Agencia Valenciana Antifraude va camino de quedar atascada por la ausencia del consenso necesario entre las fuerzas políticas con representación en el Parlamento autonómico. El sucesor del actual responsable, Joan Llinares, cuyo mandato de siete años vence el próximo mes de mayo, tiene que salir en principio de las dos propuestas que han llegado a las Cortes, la del hoy número dos de la Agencia, el director de Análisis e Investigación, Gustavo Segura, y la del exdelegado especial de la Agencia Tributaria en Valencia y expresidente de la patronal autonómica de contratista de obra pública, Eduardo Beut.

El nombramiento necesita el consenso de tres quintas partes de la Cámara, lo que implica el concurso de sesenta diputados, algo que no suma la actual mayoría de gobierno del Partido Popular y Vox. Cualquier elección requiere, por tanto, del concurso o de los socialistas o de Compromís, sin que en estos momentos haya acuerdo a la vista.

Aunque no se han pronunciado formalmente. Populares y socialistas eran, en principio, reacios a respaldar la opción de Segura, que llega avalado por la Acción Cívica contra la Corrupción, la Fundación por la Justicia, presidida por el exmagistrado José María Tomás y Tío, y el Observatori contra la Corrupció, una asociación promovida por entidades de izquierda nacionalista. Su candidatura se considera continuista de la gestión de Llinares, con quien el director de Investigación lleva trabajando más de tres años. Sin embargo, la alternativa de Eduardo Beut tampoco arranca con los apoyos suficientes.

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Compromís ya ha avanzado que respaldará a Segura y no a Beut, de quien recela para el cargo por su relación en el pasado con el exjefe de gabinete de Eduardo Zaplana en si etapa de presidente de la Generalitat, Juan Francisco García, y con el propio exministro de Trabajo, ambos procesados en el caso Erial. Zaplana promovió la designación de Beut como vicepresidente ejecutivo de la corporacion industrial de las cajas de ahorros ya desaparecidas Bancaja y CAM. El aspirante también impulsó con García y sus respectivas mujeres una librería en Valencia que estuvo abierta entre 2011 y 2018.

Los valencianistas cuestionan el origen de la propuesta, avalada por la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública (Aegap), presidida por Inmaculada Luz Coll, que fue candidata municipal por las listas del PP en 2019 en Riola y en 2023 en El Palomar. “Detrás de esto vemos los tentáculos del PP y un intento deliberado de bloquear el nombramiento de una persona al frente de la Agencia Antifraude, avalada por las organizaciones que verdaderamente luchan contra la corrupción, una propuesta que verdaderamente surge de la sociedad civil”.

El PP no se ha posicionado todavía oficialmente, pero fuentes de la formación conservadora opinan que la militancia de Luz Coll no deslegitima la propuesta de la Aegap, avalada por unanimidad por su junta directiva, de carácter plural. Los populares reprochan a Baldoví que cuestione las iniciativas por el carnet político de sus impulsores y le recuerdan que "Compromís ya no puede actuar como si estuviera gobernando. Todos tenemos que hacer cesiones para llegar a acuerdos y alcanzar consensos", sostienen.

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La ley permite poner sobre la mesa nuevos nombres en caso de ausencia de acuerdo una vez superado el proceso de renovación. Aun así, los dos aspirantes tienen que presentar sus proyectos en comisión parlamentaria. Las opciones de Beut parecen muy complicadas. Aunque cuenta con voces ajenas a la política que defienden su independencia y perfil profesional, fuentes del PSPV-PSOE anticipan en privado su rechazo a su candidatura por los mismos motivos que Compromís. Temen abrir la puerta a un directivo con sesgo favorable a los intereses de los populares en una entidad tan sensible como Antifraude, que se ha caracterizado en sus siete años de vida por hacer pocos amigos entre los grupos políticos y elaborar informes críticos con administraciones de todos los colores. "Parece que el PP quiera reventar la Agencia, que sufra un periodo de interinidad para después cargársela", señalan.

¿Esto abre la puerta a la elección de Gustavo Segura como director general de Antifraude? Tampoco está claro. El PP no lo descarta por completo, y los socialistas lo ven como mal menor entre las dos alternativas. Sin embargo, ahora mismo no tiene los apoyos suficientes. Los conservadores admiten que podrían estudiar darle luz verde, pero si a su vez los grupos de la oposición se abren a desbloquear a renovación de organismos estatutarios como el Consell Juridic Consultiu, la Sindicatura de Cuentas o el Consell de Trasparencia, con algunos de sus integrantes con mandato ya cadudado y donde también se requieren mayorías cualificadas.

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PSPV y Compromís, aunque no despliegan una estrategia común y compartida, sí coinciden en que no pactarán con el PP si da entrada a Vox en estos organismos. Lo justifican por el rechazo de los ultraconservadores al propio Estado de las autonomías. Los socialistas añaden, además, que no contemplan negociar "con quien hostiga nuestras sedes o reprocha a Ximo Puig que acuda a un acto de concordia como el homenaje a Manuel Broseta", pese a que el expresidente había sido invitado expresamente por la familia del profesor asesinado por ETA en 1992.

Comisión de investigación

La negociación llega en un momento complicado entre Consell y oposición, con acusaciones cruzadas de falta de eficacia en la gestión y denuncias de irregularidades. Populares y Vox anunciaron este jueves la puesta en marcha de una comisión parlamentaria de investigación sobre las posibles deficiencias en materia de contratación detectadas por la Sindicatura de Cuentas y la Intervención de la Generalitat en la pasada legislatura del Botànic.

El movimiento en las Cortes forma parte de la ofensiva lanzada por el actual presidente autonómico, el popular Carlos Mazón, que prevé encargar una auditoría 'forensic' en busca de posibles responsabilidades contables de sus antecesores, algo que, por ahora, no ha detectado la Sindicatura. El fiscalizador autonómico sí ha advertido en sus últimos informes de la existencia de cientos de millones en pagos sin cobertura presupuestaria. La Intervención también habla de 4.000 contrataciones de personal en 2021 sin autorización de la Dirección General de Presupuestos. Mazón sostiene, además, que la pasada legislatura se realizaron contratos a dedo por importe de 713 millones de euros, si bien no ha aclarado cuántos de estos se realizaron por la vía de emergencia por razones de la pandemia del coronavirus.

En cualquier caso, el despliegue político de la coalición PP-Vox para cuestionar la gestión anterior ha puesto en guardia al PSPV-PSOE y Compromís. Los socialistas hablan de "cortina de humo" de Mazón para justifica posibles recortes futuros y tapar la próxima celebración del jucio oral a Eduardo Zaplana por el presunto cobro de comisiones y desvío de fondos a paraísos fiscales durante su etapa al frente de la Generalitat.

En este contexto, resulta complicado que pueda producirse un consenso en torno al nuevo responsable de la Agencia Valenciana Antifraude.