Antifraude Valencia destapa un 'boom' de oposiciones amañadas para policías locales

El Ayuntamiento de Alicante ha abierto una investigación para determinar la razón por la que más de 60 de las 92 personas con mejores notas en el último proceso de selección de nuevos miembros de la Policía Local tienen vinculaciones con agentes del cuerpo. La lista de aprobados incluye hijos, mujeres o sobrinos de policías, pero la lista, según ha trascendido estos días, incluye además a personas vinculadas con sindicatos y partidos políticos.

El caso ha puesto patas arriba el consistorio que dirige el popular Luis Barcala. Pero no es el único en la Comunidad Valenciana. El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, que tiene un expediente abierto por el proceso alicantino, reveló este martes que la cuarta parte de las denuncias e investigaciones que tramita la entidad está relacionada con presuntas irregularidades en procesos de selección de policías locales en ayuntamientos valencianos. No es un territorio aislado, también se han denunciado posibles amaños en autonomías como Andalucía.

La agencia valenciana recibió el año pasado 359 denuncias que dieron lugar a otros tantos expedientes (un 58,84% más que en 2020), según la memoria entregada a las Cortes Valencianas, de las que depende. De estas, un 48% con quejas relativas a temas de selección de personal o retribuciones indebidas. A su vez, la mitad de estas se corresponde con casos de posible elusión de los principios de acceso a cuerpos de seguridad municipales, según señaló Llinares. Esto eleva a unos 80 los expedientes abiertos a consistorios.

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"Es preocupante que en un cuerpo funcionarial tan importante sus miembros no estén libres de cualquier sospecha. Llevan arma y tienen mucha responsabilidad", advirtió el director de la Agencia Valenciana Antifraude, que insistió en que "algo en el sistema está fallando".

Según relató Llinares, una irregularidad o sospecha común es la "filtración de preguntas del examen". "Es una infracción muy grave", dijo. Sin embargo, desveló que hay casos que quedan sin ningún reproche penal porque no encajan en figuras delictivas. Puso como ejemplo una sentencia del Ayuntamiento de Benidorm en la que "se reconocen" los hechos, pero no hubo una condena. "Algo tan grave como es alterar el acceso a la función pública no ha tenido el reproche que sería necesario desde el ámbito penal", se quejó.

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Por ello, abogó por cambiar la norma o modificar el sistema de procesos de selección. La Agencia ha propuesto a la Conselleria de Justicia y al Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) adoptar el "modelo vasco", por el que el Instituto Vasco de Administración Pública centraliza todas las oposiciones a cuerpos de seguridad municipales. "Son procesos que se convocan por la escuela a petición de los ayuntamientos, ya sea de oposiciones y/o de formación. Las personas que configuran los tribunales son expertos de la propia escuela. Con esto se elimina la incidencia de que cada municipio haga su selección sobre la base de tribunales 'ad hoc' creados con influencia y determinación del propio municipio", detalló Llinares.

La memoria anual de la Agencia Antifraude refleja un notable incremento de las denuncias que, según su director, es producto de la confianza que los ciudadanos han ido percibiendo en sus actuaciones. Más del 60% se corresponde con quejas relativas a ayuntamientos, el 15% a la Generalitat y un 10% a denuncias del sector privado. Como consecuencia de sus actuaciones, Llinares aseguró que se ha abierto la puerta a la recuperación de 23 millones de euros. La cuantía más elevada se corresponde con la recomendación al Ayuntamiento de Burriana (Castellón) de que reclame 20 millones de euros a los promotores de una plan de actuación integrada (PAI), el de Sant Gregori, por incumplimiento de los acuerdos urbanísticos.