Hacienda impone planes antifraude a las CCAA para vigilar el uso de fondos europeos

Las comunidades autónomas y las entidades locales que participen en la gestión de los fondos europeos del mecanismo Next Generation tendrán que elaborar planes de medidas antifraude con el fin de prevenir, detectar y corregir posibles actuaciones fraudulentas con el uso del dinero, corrupción y conflictos de intereses. Así figura en el borrador de la orden del Ministerio de Hacienda que regulará el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que la ministra María Jesús Montero prevé firmar y publicar en los próximos días y a la que tuvo acceso El Confidencial.

El documento, de 71 páginas, establece toda una serie de normas técnicas para la gestión de los eurofondos, que este año superarán los 19.000 millones, de los cuales, más de 10.500 millones financiarán proyectos definidos por los distintos ministerios, según los objetivos de transformación aprobados por Bruselas, pero cuya ejecución y gestión corresponde a las administraciones territoriales, en gobernanza con los departamentos ministeriales. Los territorios, por tanto, actuarán como agentes subordinados a los planes de los distintos gabinetes del Gobierno. De hecho, el borrador otorga a la Administración central capacidad decisoria, responsabilidad y gestión en los denominados "proyectos", pero reduce el papel de las autonomías al acceso a la gestión y ejecución de los llamados "subproyectos", que define como "descomposición de parte de un proyecto o de otro subproyecto cuando para su ejecución interviene más de una entidad ejecutora".

Hacienda dedica un artículo entero de los 13 que componen la orden al refuerzo de los mecanismos antifraude

Además de fijar como requisitos la elaboración de certificados de cumplimiento e informes de seguimiento, previsión y gestión, Hacienda dedica un artículo entero de los 13 que componen la orden al refuerzo de los mecanismos antifraude. El control de los posibles desfalcos en la distribución de un dinero cuyo trámite administrativo será mucho rápido de lo habitual tiene en alerta a las autoridades europeas, que temen posibles coladeros de irregularidades.

La orden establece que los fondos deberán regirse por los sistemas de supervisión comunitarios. "Son de aplicación las definiciones de fraude, corrupción y conflicto de intereses contenidas en la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (Reglamento Financiero de la UE)", señala el documento.

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Por esta razón, la orden establece una serie de procedimientos de vigilancia y de actuación en el caso de detectar posibles fraudes. "La detección de posible fraude, o su sospecha fundada, conllevará la inmediata suspensión del procedimiento, la notificación de tal circunstancia en el más breve plazo posible a las autoridades interesadas y a los organismos implicados en la realización de las actuaciones y la revisión de todos aquellos proyectos que hayan podido estar expuestos al mismo", despliega el texto gubernamental.

Para vigilar el cumplimiento, los órganos gestores deberán cubrir el llamado 'ciclo antifraude' con medidas de prevención, detección y corrección de la corrupción. Podrán recurrir a la Base Nacional de Datos de Subvenciones (BNDS) y a las herramientas de prospección de datos ('data mining') o de puntuación de riesgos (Arachne). Además, deberán fijar indicadores de seguimiento de posibles fraudes (banderas rojas) y comunicarlos al personal encargado de detectarlos.

Del mismo modo, se establece una jerarquía de posibles conflictos de interés entre el personal que interviene en la tramitación de los expedientes, tanto empleados públicos como beneficiarios: aparente, potencial y real. "Cuando se considere que existe un conflicto de intereses, la autoridad facultada para proceder a los nombramientos o la autoridad nacional pertinente velarán por que la persona de que se trate cese toda actividad en ese asunto, pudiendo adoptar cualquier otra medida adicional de conformidad con el derecho aplicable".