Los olvidados de la campaña: "El mar se come mi casa y el Estado me la quiere quitar"

En la Colonia Babilonia de Guardamar del Segura (Alicante), una escollera doméstica de piedras y escombros separa a una línea de decenas de viviendas de una sola planta del próximo temporal. Hace tiempo que cuando el mar se encrespa el agua se cuela en algunas casas. Sus habitantes, algunos descendientes de los primeros ocupantes de un grupo de edificaciones promovidas en la década de los años veinte del siglo pasado, regularizadas por el Gobierno de la República en 1934, todavía recuerdan cuando tenían delante treinta metros de playa de arena. Ahora ya apenas queda nada, y una sentencia del Tribunal Supremo ha dado la razón a la Dirección General de Costas, que pretende derribar la colonia con el argumento de la necesidad de crear una nueva línea de defensa y del litoral en ese tramo.

Al igual que centenares de casos en poblaciones de la Comunidad Valenciana, los vecinos de esas viviendas tienen muy claro que las causa de la regresión de su tramo de costa y el impacto sobre sus viviendas son mucho más complejas que una mera atribución al cambio climático. En Guardamar, en Gandía, en Tavernes de la Valldigna, en Denia, en Nules, en Burriana, en Almassora, en Canet d'en Berenguer o Sagunto no ha gustado nada la última campaña promocional del Ministerio de Transición Ecológica en la que se aboga por limpiar de edificaciones la primera línea de costa para construir nuevas dunas de protección del litoral.

"El Ministerio nos está diciendo que la culpa es nuestra por estar cerca del mar. Que por el mero hecho de vivir allí soy un okupa o un terrorista ambiental. Pero la realidad es que Costas no hace nada. En vez de regenerar las playas e intervenir sobre las desembocaduras, en lugar de paliar los efectos negativos de infraestructuras como el Puerto de Valencia y otros muchos a lo largo de la costa, considera que el mar tiene que avanzar libremente y encontrar su camino incumpliendo su mandato de proteger el dominio marítimo-terrestre para asegurar su integridad, su uso público y sus valores paisajísticos. Tienen una responsabilidad patrimonial que no están cumpliendo", señala Manuel López, presidente de la asociación Somos Mediterránea, una entidad que ha agrupado a numerosos colectivos vecinales afectados por los planes de Costas y los problemas de regresión de las playas.

La casuística suele ser muy parecida: franjas de litoral en las que se han construido espigones o recintos portuarios ganados al mar o que se sitúan cerca de desembocaduras de ríos, ven cómo desde hace años sus playas van retrocediendo por la ausencia de renovación de sedimentos, bien porque no bajan de ríos represados y embalsados aguas arriba o porque las infraestructuras marítimas han roto el ciclo natural de transporte de arenas de las corrientes marinas. El del Puerto de Valencia y las playas vírgenes del sur, por su vertiente política y tamaño del enclave, es quizás el caso más conocido. Pero hay muchos más por todo el litoral.

"Con los deslindes pasas de ser propietario a ser concesionario, y si eres concesionario te recortan tus derechos sobre el inmueble"

López, cuya familia es concesionaria de una de las casas de la Colonia Babilonia, dice que descubrió contactando con otros afectados la magnitud de un problema que se focaliza en clave muy local, pero que está extendido por toda la costa mediterránea cuando se abre el diafragma. En su caso, las familias de Guardamar nunca fueron propietarias, sino concesionarias de las viviendas por parte del Estado. Pero son cientos los dueños de casas en zonas de primera línea que han descubierto lo que significa que la Dirección General de Costas incluya una propiedad dentro del llamado dominio marítimo-terrestre, lo que ocurre cuando el agua llega a las puertas de las casas. "Con los deslindes pasas de ser propietario a ser concesionario, y si eres concesionario te recortan tus derechos sobre el inmueble. Y con eso tapan la responsabilidad patrimonial y ambiental que tienen desde hace décadas", insiste López. En los casos más extremos, como el de Guardamar, Costas impulsa el derribo.

Un proceso administrativo así acaba de arrancar en la playa de las Devesas de Denia (Alicante). El Ministerio de Transición Ecológica ha comenzado la tramitación de un deslinde de 3,5 kilómetros que afectará a un centenar de viviendas. Con la paradoja de que Costas ha iniciado el deslinde pese a que tiene previsto ejecutar un plan para recuperar hasta 40 metros de playa de arena. "Esto se tenía que haber hecho en 2018. Es una intervención que costará unos 14 millones de euros. Y cuando comienzan a ponerla en marcha no se les ocurre otra cosa que dejarte la casa en el dominio público. Eso es como robarte la casa. Quién el responsable de que estemos perdiendo las playas. ¿Los vecinos? No, la inacción", afirma Antonio Luque, socio de la entidad Playas del Norte de Denia, integrada en la plataforma.

La tesis de Somos Mediterránea es que España tiene un enorme déficit inversor en materia de protección de sus costas, ante el corte drástico en los flujos de sedimentos fluviales y el impacto de los puertos en las corrientes marinas. En ese contexto, señalan desde la asociación de afectados, es donde el cambio climático se convierte en acelerante de los procesos de regresión del litoral. Y Costas, denuncian, funciona por reacción, más que por prevención. Hay mucha resistencia, por ejemplo, a ejecutar arrecifes artificiales frente a las playas, para mitigar el efecto de arrastre del oleaje, especialmente durante los temporales.

La plataforma ha armado un lobby que ha convocado manifestaciones incluso frente a las puertas del Ministerio de Teresa Ribera en Madrid. La ministra del PSOE, proclive a la ortodoxia ambiental, está respaldando la posición de los técnicos de un departamento que, pese a su competencia litoral, se dirige desde los despachos de Madrid. Lleva funcionando de manera similar con independencia de si han gobernado los socialistas o los populares. Siempre bajo el radar y sin apenas presencia pública. Aunque la directora general es Ana María Oñoro, los afectados señalan a Ángel Muñoz Cubillo, subdirector general para la Protección de la Costa. "Es un Estado dentro del Estado", se queja López. "Es un grupo funcionarial que no toca nadie", se quejan desde Somos Mediterránea, si bien al final los técnicos terminan por aplicar las normas existentes y manejar el presupuesto que se les asigna.

Los deslindes y las situaciones que están generando apenas ocupan espacio dentro de la agenda de la campaña electoral

En clave política, la reivindicación de los afectados llegó incluso a propiciar un dictamen de las Cortes Valencianas respaldado por las formaciones del Botànic que reclamaba al Gobierno una mayor inversión en regeneración de la costa. Sin embargo, los deslindes y las situaciones que están generando apenas ocupan espacio en la agenda de la campaña.

Alcaldes tanto del PSOE como del PP se han puesto del lado de los afectados, aprobando mociones municipales para exigir cambios en la ley de Costas y más inversión. El Partido Popular y su candidato autonómico, Carlos Mazón, es el que más hincapié ha hecho en reclamar una modificación en el reglamento de Costas que impida tramitar dentro del dominio público aquellas construcciones alcanzadas por la última ola de los temporales. Los conservadores han propuesto una ley de ordenación del territorio que amplía la capacidad de intervención de la Administración autonómica en la costa, y apela a los ejemplos de Galicia o País Vasco, aunque está por ver que esto no pueda entrar en colisión con las competencias estatales.