Podemos arma un 'lobby' para que el Gobierno entregue los pisos de la Sareb a las CCAA

El vicepresidente segundo de la Generalitat valenciana y 'conseller' de Vivienda, Héctor Illueca (Unidas Podemos), quiere alinear a un grupo de autonomías para reclamar al Gobierno el traspaso de la titularidad de los activos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) después de que el Estado haya asumido la mayoría del accionariado y la deuda haya pasado a computar en el pasivo del Reino de España. El dirigente morado, que ya se reunió el pasado mes de abril con el secretario general del Tesoro, Carlos Cuerpo, en el Ministerio de Economía para plantearle esa posibilidad, anunció el pasado viernes su intención de iniciar una ronda de contactos con sus homólogos de otras comunidades para intentar sumarles a su plan, lo que significaría traspasar los cerca de 50.000 inmuebles que ahora tiene en cartera.

La Sareb tiene todavía activos valorados en casi 29.000 millones de euros, de los cuales más de 15.631 millones son inmuebles (pisos, naves, solares…), muchos de los cuales estaban siendo gestionados por comercializadoras de alquiler como Altamira Asset Management, Haya Real Estate, Servihabitat y Solvia. El resto son créditos que tienen como garantía algún activo inmobiliario. El consejo de administración de Sareb aprobó el mes pasado la adjudicación a Hipoges (KKR) y a Anticipa-Aliseda (Blackstone) los servicios de gestión y comercialización de una cartera de inmuebles y préstamos por un valor cercano a los 25.300 millones de euros.

El dirigente valenciano, muy cercano a la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, pero también a la actual dirección del Podemos de Ione Belarra, tiene previsto iniciar contactos con sus homólogos en Navarra (José María Aierdi, Geroa Bai), País Vasco (Iñaki Arriola, PSE), Asturias (Melania Álvarez García, PSOE) o Cataluña (Violant Cervera, Junts) con el objetivo de buscar apoyos para exigir al Ejecutivo, preferentemente, el traspaso de la propiedad para que los activos pasen a engrosar el parque público de las autonomías. Con los tres primeros, se reunirá de forma consecutiva mañana martes, el miércoles y el jueves. Está por cerrar la fecha con la 'consellera' catalana.

En ámbitos del sector inmobiliario se interpreta más la solicitud de Héctor Illueca como un posicionamiento en clave de relato político y ponen en duda la capacidad de digestión de la cartera en el caso de un hipotético traspaso. Sin embargo, el ex director general de la Inspección de Trabajo en el ministerio defiende su posición. "Queremos la titularidad. Son viviendas que la ciudadanía ya ha pagado con el rescate público de más de 30.000 millones de euros. El Estado ha asumido la mayoría del accionariado y esto debería traducirse en que los inmuebles se trasladen al ámbito público, porque provienen del sufrimiento de mucha gente", indicó el entorno de Illueca a preguntas de este periódico sobre cómo sería el aterrizaje de su propuesta. Como alternativa, el 'conseller' de Vivienda de la Generalitat valenciana plantea un programa de compras, pero descarta una cesión de usos que no implique la incorporación de los activos al patrimonio autonómico.

A la entidad que preside Javier Torres no le interesa un traspaso de todos los activos a las autonomías que no lleve ligada también una solución para la deuda. La Sareb tiene entre sus objetivos desprenderse de los activos para amortizar su endeudamiento millonario, que todavía ronda los 34.000 millones de euros. Este pasivo ha pasado a engrosar contablemente la deuda del Reino de España, y la forma de reducirlo es ir colocando o comercializando los inmuebles para generar ingresos. La Sareb presume de haber logrado reducir la cartera inicial en 21.886 millones de euros en nueve años, un 43%. La cartera sigue teniendo créditos vivos con viviendas de muy poco valor como colateral, a la vez que algunos inmuebles podrían encontrar comprador con valoraciones por encima de lo que las administraciones están dispuestas a pagar por un piso destinado a dar soluciones habitacionales a colectivos desfavorecidos.

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Illueca, por contra, tiene asumido que el grueso de la deuda terminará por engordar 'sine die' el pasivo del Tesoro Público. "La va a tener que pagar el Estado, así que lo mejor es que esas viviendas sirvan a unos intereses sociales". Quiere reunirse con los responsables de la Sareb para acceder al listado de inmuebles "pueblo a pueblo". Solo en el caso de la Comunidad Valenciana, estima que hay registrados más de 8.500 pisos o casas. El valenciano es, junto con Cataluña, uno de los territorios que más ladrillo aportaron, procedente de Bancaja (Bankia).

Fuentes de la Sareb desligan una propuesta que consideran de máximos del día a día de la gestión con los departamentos de Vivienda de las autonomías, con los que, señalan, llevan años trabajando para resolver situaciones y transferir algunos de sus activos, bien en forma de contrato de cesión de la gestión, pero también en algunos casos de la propiedad. El llamado banco malo inició una relación fluida con el anterior responsable de Vivienda de la Generalitat valenciana, Rubén Martínez Dalmau, para rastrear soluciones habitacionales que encajasen en los intereses de las dos partes. En esta etapa, se firmaron acuerdos tanto de cesión como de compraventa.

Con el relevo, esa relación se ha mantenido. Pero Illueca ha dado prioridad a las compras, al considerar que los acuerdos de cesión suelen implicar la asunción de gastos de reforma y adecuación que luego no revierten en el patrimonio público. "No estamos satisfechos con la cesión de uso. No lo veo una vía que favorezca los objetivos", señalan a El Confidencial. El dirigente morado quiere conocer todo el listado de activos, no solamente los que le pone delante la Sareb. La queja recurrente es que suelen estar asociados a problemas de morosidad o deterioro.

Acuerdos de cesión

Por contra, para Sareb es más interesante alcanzar pactos que conlleven una actualización de activos con cargo, por ejemplo, a ayudas de los planes de vivienda para el alquiler. De otra forma, tendría muchas dificultades para colocar algunos inmuebles debido a su estado sin antes realizar una inversión. Para ello, está priorizando los acuerdos de cesión. Tiene apalabradas 15.000 viviendas con ayuntamientos y autonomías. La Generalitat de Cataluña sí ha aceptado hasta ahora el modelo para unos 1.200 inmuebles, por el que Sareb se garantiza unos ingresos recurrentes mensuales de entre 125 y 75 euros por piso.

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Pese al órdago de Illueca, desde Sareb destacan el canal de diálogo abierto con uno de los territorios con más peso en su cartera. "Estamos haciendo un trabajo excelente, resolviendo muchas situaciones que estaban enquistadas. Estaremos encantados de sentarnos si les interesa la cesión. Hasta ahora, solamente les interesa la compra", señalan.

Lo cierto es que, más allá de planteamientos de máximos, la gestión de la cartera de Sareb y los acuerdos con administraciones se han convertido en un trabajo de hormigas obreras en el que cada operación requiere de múltiples análisis antes de cerrarse: estudio de necesidades habitacionales en cada localización, perfil de las familias susceptibles de ser adjudicatarias, negociación de precios… Sareb y la Conselleria de Vivienda han necesitado meses para cerrar el último acuerdo de compraventa de un edificio de 22 pisos en Callosa de Segura (Alicante), que el departamento de Illueca destinará al alquiler asequible. Está por ver si un departamento de vivienda autonómico sería capaz de gestionar con éxito con sus recursos actuales una cartera tan voluminosa como la que tiene la sociedad participada por el FROB.