El agujero contable de la Administración valenciana se dispara a 36.000M por el covid
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AUDITORíA A LA GENERALITAT

El agujero contable de la Administración valenciana se dispara a 36.000M por el covid

La Sindicatura de Cuentas advierte de un "grave desequilibrio patrimonial" de la Generalitat por la infrafinanciación. El ICO soporta ya 41.931 millones de la deuda autonómica, el 80%

Foto: El presidente de la Generalitat de Valencia, Ximo Puig. (EFE/Biel Aliño)
El presidente de la Generalitat de Valencia, Ximo Puig. (EFE/Biel Aliño)

Los recursos adicionales aportados por el Estado y un incremento de patrimonio aportado a la Generalitat no impidieron que la Administración valenciana acumulase al cierre del ejercicio de 2020 un agujero contable de 36.219 millones de euros, 1.400 millones más que un año antes. Así lo refleja la auditoría anual elaborada por la Sindicatura de Cuentas, el órgano fiscalizador de la gestión económica autonómica, en la que dice que hay "un grave desequilibrio patrimonial" en el balance de la Generalitat que preside el socialista Ximo Puig y que atribuye a las pérdidas acumuladas por la "insuficiencia de recursos" de la Comunidad Valenciana, es decir, a una infrafinanciación crónica que lastra la salud financiera de la institución.

La deuda autonómica a 31 de diciembre de 2020 ascendió a 52.449,2 millones de euros (en 2019, 49.784,3 millones). De este importe, 41.931,3 millones corresponden a las operaciones de crédito formalizadas con el Instituto de Crédito Oficial, las que corresponden al Fondo de Liquidez Autonómica. Con los mercados financieros privados cerrados precisamente por el déficit crónico y el castigo que las agencia de calificación hacen al 'rating' de la Generalitat, el Estado se ha convertido en el principal acreedor de la autonomía. El 80% de la deuda ya recae sobre el Ministerio de Hacienda.

Foto: Pedro Sánchez y María Jesús Montero en la Conferencia de Presidentes. (EFE/Fernando Calvo)

La Sindicatura observó una evolución positiva de reducción del déficit entre 2015 y 2017, que cambió de tendencia en los ejercicios 2018 y 2019 por un incremento mayor en el gasto. La tendencia favorable a la disminución del déficit volvió a disminuir en 2020 "condicionada por los ingresos y gastos extraordinarios asociados a la lucha contra la pandemia".

Pese a esa situación de desajuste, el Consell del Botànic ha incrementado las partidas de gasto año tras año. Reivindica el derecho de la Generalitat a disfrutar de niveles de servicios (por tanto, de gasto per cápita) similares a la media española a la vez que reclama un cambio en el sistema de financiación autonómica. Para cuadrar las previsiones de cuentas, ha presupuestado partidas de ingresos que sabe que son dudosos, como los 1.500 millones que califica de "reivindicativos" por la infrafinanciación, o el fondo covid de 1.000 millones de euros para 2022 con el que ha decidido mantener las plantillas de sanidad, educación y servicios sociales que amplió para reforzar servicios por la pandemia. La sexta ola está dando la razón a las autonomías que, como la valenciana, optaron por mantener estas partidas. No obstante, no ha puesto el mismo foco en planes de eficiencia para optimizar los recursos reales con los que cuenta. El presupuesto se elabora sobre el convencimiento de que el Ministerio de Hacienda cubrirá el desfase real entre ingresos reales y gastos por la vía del FLA extraordinario.

Foto: Ximo Puig y Francina Armengol, en la Lonja de Palma de Mallorca. (EFE)

El informe de auditoría fue entregado ayer por el síndico mayor, Vicent Cucarella, al presidente de las Cortes valencianas, Enric Morera, en presencia de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. La auditoría hace un repaso sobre el cumplimiento de los distintos departamentos y empresas públicas en materia de gestión financiera y contable y, también, de contratación pública.

Lupa en contratos de emergencia

En esta ocasión, el auditor ha puesto también el acento en el recurso a los contratos de emergencia derivados de la necesidad de comprar material de protección contra la pandemia del coronavirus. La Sindicatura dice ser consciente de la situación excepcional que se estaba viviendo en el ámbito de la salud. "El personal sanitario y prestador de los servicios básicos, así como los encargados de garantizar los suministros e infraestructuras esenciales, no solo vivía la situación de angustia y preocupación por la salud, común a toda la ciudadanía, sino que además se veía obligado a redoblar sus esfuerzos para hacer frente a la situación. Un escenario agravado por el colapso de los mercados internacionales y por la carencia de reservas estratégicas a nivel mundial de los aprovisionamientos necesarios para luchar contra la pandemia, circunstancias que dificultan enormemente el cumplimiento de los requisitos ordinarios de la contratación", explica.

Foto: Keping, segundo por la derecha, con el alcalde de Ontinyent y empresarias chinas de la cosmética Gre-Kriti

No obstante, advierte de que estas condiciones propician que crezca el riesgo de fraude de que puede ser objeto la Administración, lo cual le llevó prestar "una atención especial a los contratos de emergencia". En esa línea, enfocó la fiscalización en el cumplimiento 'a posteriori'. "Los incumplimientos más reiterados se han observado en la Conselleria de Sanidad, donde en 30 expedientes no hemos podido verificar la adecuada ejecución del contrato ni su recepción de conformidad, ni su liquidación, para la comprobación de lo dispuesto" en la ley de contratos del sector público. "Este incumplimiento de carácter generalizado se agrava en aquellos casos en los que se acuerdan pagos anticipados sin que posteriormente se acredite en el expediente que el contrato haya sido ejecutado de conformidad", añade. También en la misma 'conselleria', 13 contratos ejecutados en el exterior no se formalizaron por escrito, incumpliendo la normativa, advierte.

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