La factura del chino de Ximo Puig: más de 31 millones en material y sin precio de amigo

La Generalitat valenciana firmó el pasado 17 de marzo un contrato de emergencia de 31,5 millones de euros con la empresa Comité Textil, del empresario de origen chino Chen Wu Keping, para la adquisición de todo tipo de material sanitario de protección. La intermediación del empresario afincado en Ontinyent (Valencia) era conocida y alivió las necesidades de mascarillas, buzos, batas y otro tipo de productos en un momento en el que el mercado comenzaba a colapsarse por la elevada demanda global en plena crisis del coronavirus. Lo que no había trascendido hasta ahora eran las condiciones en que se cerró la relación comercial entre la Administración que preside Ximo Puig y su proveedor, como tampoco el importe global facturado.

Según el contrato, publicado este viernes en las plataformas estatal y autonómica, Keping cerró con la Conselleria de Sanidad valenciana un acuerdo para proveer de millones de guantes y mascarillas y cientos de miles de batas y equipos de protección que irían llegando a España procedentes de China en un total de ocho vuelos internacionales, el primero de ellos el 23 de marzo y el último el 18 de abril. Por el material, se acordó un desembolso de 24,2 millones de euros, mientras que el coste de flete de los vuelos se valoró en 7,3 millones de euros, más de 900.000 euros de gastos por cada uno de los vuelos.

La aparición del intermediario, dueño de un centro comercial y con otros negocios de import-export, permitió a la Generalitat comenzar a dotar a su personal sanitario en un momento de carestía en hospitales de toda España y con un sistema centralizado de compras del Ministerio de Sanidad que no conseguía arrancar por la complejidad burocrática y la jungla del mercado internacional. Sin embargo, Keping tampoco ofertó precios baratos. Los más de 10 millones de mascarillas quirúrgicas se apalabraron a 0,65 euros, mientras que las FFP2 se compraron a 2,90 euros, según el documento firmado por el subsecretario de Sanidad, David Fernández. Menos de un mes después, el 14 de abril, la comisionada designada el 28 de marzo por Ximo Puig para que coordinara las compras de la lucha contra el covid, María José Mira, cerró con una empresa importadora de Albal (Valencia) llamada Anona 2000 mascarillas a 0,31 y 1,63 euros, respectivamente, un 52,3% y un 44% más baratas que las de Keping, según otro de los contratos publicados en la Plataforma de Contratación del Estado.

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El listado de contratos firmados por la vía de emergencia revela que la Generalitat recurrió a proveedores muchos de ellos ligados a pequeñas empresas de importación y sin apenas cifra de negocio, lo que revela un mercado de intermediarios oportunistas que han encontrado un hueco en un momento de fuerte tensión en el comercio internacional de productos sanitarios. Anona, por ejemplo, es una empresa fundada en 2017 con un capital de 3.000 euros dedicada a la compraventa de muebles y artículos de decoración. La crisis del covid le ha entregado otro nicho de negocio: firmó con la Generalitat un contrato de once millones de euros que incluía mascarillas, trajes de protección o guantes.

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El caso es similar al de otra empresa llamada Luxury Goods Delivery, una sociedad limitada con sede en Gandía que tiene como administrador a Xavier Tormos. Ha vendido material a la Generalitat por valor de 5,6 millones de euros, según el acuerdo del 30 de marzo. Se fundó en febrero de 2019 y tiene como objeto social el comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados. También sus mascarillas eran más económicas que las de Keping.

El pasado 30 de abril se firmó otro acuerdo por 8,2 millones para la adquisición de 15 millones de mascarillas (a 0,55 euros cada una) a la empresa Mölnlycke Health Care, una multinacional sueca de productos sanitarios con delegación en Madrid. Otra mercantil con sede en Hong Kong, Aerotech Trading, suscribió ventas por valor de 3,9 millones por mascarillas, batas y gastos de transporte en avión de carga.

El Gobierno valenciano aprobó el mismo día de la firma del contrato con Keping una resolución que elevaba a 96 millones de euros las posibles compras por la vía de emergencia. La primera de esas órdenes se fechó el 28 de febrero, por un millón de euros, un día después de aparecer el primer caso de coronavirus en la Comunidad Valenciana y cuando la Organización Mundial de la Salud había advertido del riesgo en países como Italia, Irán o Corea del Sur, además de China.