Deuda de 47.000 M y subiendo: el 'regalo' financiero para el nuevo Gobierno valenciano

El nuevo Gobierno valenciano que salga de las urnas autonómicas el próximo 28 de abril nacerá con una hipoteca bajo el brazo. Una hipoteca multimillonaria de más de 47.000 millones de euros, alrededor del 42% del producto interior bruto anual de la Comunidad Valenciana. La mochila financiera subió de forma espectacular en casi 30.000 millones de euros entre 2007 y 2015 y, tras el cambio político de aquel año, ha seguido creciendo otros 7.000 millones en otros cuatro ejercicios. La razón principal es que la crisis económica hundió los ingresos fiscales sin que el sistema de financiación autonómica fuera capaz de compensar la caída, al tiempo que los distintos gobiernos autonómicos han mantenido el gasto público para sostener, en mayor o menor medida, su estructura y la capacidad de prestar los servicios sobre los que tiene competencias, principalmente la sanidad y la educación.

El grueso es, en realidad, deuda con el Estado (38.938 millones al cierre de 2018). El Ministerio de Hacienda lleva años absorbiendo vencimientos de la Generalitat a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ante la incapacidad de la Administración regional de financiarse en los mercados institucionales a precios razonables. La deuda estrictamente bancaria es algo superior a los 6.700 millones, repartidos en una proporción aproximada de 55%-45% entre banca española y extranjera, respectivamente. Las agencias califican el riesgo de la Generalitat muy cerca del bono basura precisamente por la losa acumulada, aunque relajaron la presión en sus notas desde el momento en que el Estado comenzó a hacerse cargo de los desequilibrios.

El Consell que salga de las elecciones del 28-A tendrá que aplicar recortes sobre el Presupuesto actual para acercarse a los objetivos de estabilidad

El actual 'president', el socialista Ximo Puig, ha pedido al Gobierno, a través de una carta remitida a la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, la condonación de unos 20.700 millones de la deuda de esta comunidad autónoma, que atribuye directamente a la insuficiente financiación. Es habitual oír al barón valenciano explicar que el territorio es contribuyente neto a las cuentas del Estado, al tiempo que su renta per cápita se sitúa 11 puntos por debajo de la media nacional. Es decir, paga como una región rica, pero en realidad está en el grupo de las pobres, una circunstancia reconocida por el propio Ministerio de Hacienda y avalada por entidades como el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Es la única región española en esa situación, algo que repercute en la calidad de los servicios que presta.

Los partidos del Botànic tienen muchas esperanzas puestas en que, tras las elecciones generales, el nuevo Gobierno central se lance de forma definitiva a reformar el sistema de reparto territorial de recursos. El actual presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha comprometido a ello tras haber esquivado el debate en los escasos 10 meses que lleva residiendo en la Moncloa. No es solamente que Cataluña, inmersa en la estéril espiral soberanista de sus mandatarios autonómicos, se haya negado a participar en la negociación multilateral del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), sino que, además, hay discrepancias entre las autonomías, tanto controladas por el PSOE como por el PP, sobre la mejor forma de abordar la reforma. Habrá que ver si el bloqueo no se mantiene la próxima legislatura y los deseos de la Comunidad Valenciana vuelven a frustrarse.

La AIRef ha dado un tirón de orejas al Consell de izquierdas por el aumento del 10% en las cuentas de 2019 y advierte de que no cumplirá el déficit

Pero para exigir, primero hay que cumplir, y el Consell del Botànic, consciente de que se avecinaba año electoral, preparó para 2019 unos Presupuestos autonómicos de corte expansivo para contentar a los tres socios del acuerdo progresista. La consecuencia fue una estimación del crecimiento de gasto del 10% sobre una base de ingresos muy cuestionable.

La autonomía está lejos de los despilfarros de otras épocas. Su gasto público no financiero per cápita se sitúa, de hecho, más de 250 euros por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas (2.856 euros), según los datos que esgrime la Conselleria de Hacienda que dirige el socialista Vicent Soler. Sin embargo, la tentación de tirar de chequera por encima de lo habitual ha recibido el tirón de orejas de la Autoridad Fiscal Independiente. "La AIReF considera muy improbable que la Comunitat Valenciana cumpla el objetivo de estabilidad del -0,1% del PIB en 2019, apreciándose riesgos elevados de incumplimiento de la regla de gasto", sostiene el último informe de análisis presupuestario del organismo consultivo, bastante pesimista sobre la capacidad de la Generalitat de someterse a los márgenes de equilibrio financiero establecidos para 2019, una opinión que también tiene sobre Murcia.

"La Comunitat Valenciana ha cerrado 2018 con un déficit del -1,3% del PIB, como se ha señalado. Este punto de partida exige un ajuste de 1,2 puntos de PIB para cumplir el objetivo de estabilidad de 2019 del -0,1% del PIB. La magnitud del ajuste y la evolución esperada de los ingresos y gastos en la comunidad hacen que el cumplimiento del objetivo se considere muy improbable", insiste. La AIReF reclama "medidas" que deberán ser implementadas por el nuevo Ejecutivo autonómico y pide que el Ministerio de Hacienda estreche el marcaje que ya ejerce sobre las cuentas autonómicas para su implementación. En términos menos complejos: el Consell que salga de las elecciones del 28-A tendrá que aplicar recortes sobre el Presupuesto actual para acercarse a los objetivos de estabilidad. Y el ajuste tiene una cifra: 223 millones de euros, el incremento presupuestario aprobado por las Cortes Valencianas para 2019, sin que las cuentas contengan "información sobre las previsiones de regla de gasto", dice el mismo documento.

El 'conseller' Soler insiste: "La Comunitat Valenciana no tiene un problema de gastos sino de ingresos, ya que somos, tras Andalucía y Cataluña, la comunidad autónoma que menos gasta", en término relativos, por habitante. "Tenemos menos dinero para atender los mismos servicios, y esa situación es totalmente insostenible", afirma. Considera que las advertencias de la AIReF son en realidad un reconocimiento de los problemas de insuficiencia financiera de la Comunidad Valenciana, pero al mismo tiempo Ximo Puig sigue lanzando algunas promesas en campaña que elevarían los desembolsos públicos, como la de liberar de tasas universitarias a los alumnos que aprueben todas las asignaturas.

Tampoco es que los partidos de la derecha estén dando señales de mucho mayor compromiso con la estabilidad presupuestaria. La candidata del Partido Popular, Isabel Bonig, promete una rebaja "masiva" de impuestos con una reducción del 7% del tramo autonómico de IRPF o la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones y el de patrimonio. Son medidas que atacarían los ingresos de la Generalitat y para las que Bonig no explica su contrapartida desde el lado del gasto. La aspirante conservadora se limita a hablar de mayor eficiencia en la gestión y de la eliminación de la Agencia Antifraude, un organismo de fiscalización de la gestión del sector público que depende de las Cortes Valencianas y tiene un presupuesto de 3,38 millones este año. Por su parte, Toni Cantó, que también propone rebajas fiscales, quiere cargarse la Conselleria de Trasparencia porque, según dice, "no sirve para nada" y cuesta 49 millones de euros al año.