Puig y Armengol exigen a Sánchez una quita de deuda, inversión y que abra la financiación

Los presidentes de la Comunidad Valenciana y Baleares, los socialistas Ximo Puig y Francina Armengol, cerraron este martes la primera cumbre bilateral entre los dos gobiernos autonómicos con un amplio paquete de acuerdos, iniciativas conjuntas de gestión, una lista de proyectos compartidos para los fondos europeos Next Generation y una carta de reivindicaciones de calado al Gobierno central que preside Pedro Sánchez.

La reunión ha durado dos días, aunque venía precedida de varias semanas de trabajo técnico entre los equipos de las ‘conselleries’, ha tenido el Palacio de Congresos de Palma de Mallorca como escenario de las mesas de debate y culminó con un acto solemne en la Lonja, un edificio abierto de estilo gótico del siglo XV, casi gemelo al que se ubica frente al Mercado Central de Valencia.

La España periférica y federal

“Queremos promover otra manera de entender y hacer España desde esta visión periférica, no centralista. Aspiramos a una España mejor, la posible y real”, señaló Puig durante su intervención. “No es un secreto que coincidimos con la visión del Estado que se acerca más a la realidad de lo que somos”, refrendó Armengol.

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La vía federal y favorable a la descentralización política, administrativa y económica que defienden los dos barones socialistas reclama autonomía en la toma de decisiones. Pero tiene una vertiente claramente reivindicativa que se resume en una palabra: dinero. Baleares y la Comunidad Valenciana, dos territorios cuyos presidentes han respaldado la estrategia de Sánchez con los indultos a los presos independentistas, seguirán siendo exigentes en las cuestiones que atañen a Hacienda.

Puig y Armengol reclamaron abiertamente al Gobierno que abra el melón de la financiación autonómica. La ministra María Jesús Montero tiene entre manos una patata caliente que no sabe cómo quitarse de encima. El PSOE necesita armar una mayoría absoluta para sacar adelante una nueva Lofca. No puede apoyarse en ERC, que sigue sin entrar en las negociaciones multilaterales y con su agenda soberanista. Cataluña exigirá como mínimo un concierto fiscal similar al de País Vasco y Navarra.

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Los socialistas, que deben superar además su propio debate interno entre sus territorios por el reparto de recursos, reclaman el respaldo del Partido Popular. Sin su apoyo, la nueva Lofca podría entrar en el Congreso y salir derrotada. Pablo Casado se ha enrocado además en que su modelo es el de José María Aznar de 2002, aunque su entorno matiza que se refiere al amplio consenso, no tanto por su fórmula de distribución. Ese modelo castigaba especialmente a Baleares y la Comunidad Valenciana.

En ese contexto, Valencia y Palma reclaman un nuevo pacto sobre la base del concepto de ‘población ajustada’, pero que tenga en cuenta además el volumen de visitantes extranjeros que deben atender cada año y que consumen recursos en prestación de servicios, también sanitarios. La ratio es de 12 turistas por cada habitante de Baleares, según datos del Cercle d'Economia de Balears. En el caso valenciano, la tasa es de seis a uno.

Más participación en ingresos

Para compensar la infrafinanciación, las dos autonomías reclaman una nivelación de arriba abajo. “Hay un desequilibrio vertical entre los recursos que reparte la Administración central y las comunidades autónomas”, señala el documento de 33 páginas en que el Consell valenciano y el Govern balear han substanciado las conclusiones de su cumbre bilateral. El ‘paper’ de acuerdos incluye una declaración conjunta en la que proponen que el nuevo modelo eleve la participación de las CCAA en los principales ingresos tributarios, mayor capacidad normativa y gestión tributaria.

No piden un concierto fiscal, pero cada vez se le parece más. Baleares, en concreto, quiere que se desarrolle el anteproyecto de régimen especial, para que se reconozca su insularidad casi al mismo nivel que ahora ocurre con Canarias. El Gobierno aprobó el anteproyecto de REIB en 2019, pero lo tiene metido en el congelador.

Además, los dos territorios mediterráneos reclaman evitar "la competencia desleal entre autonomías" en materia fiscal, un dardo al 'dumping' que, según señalan, practica Madrid aprovechando su condición de capital de España.

Pero Puig y Armengol van más allá. Además de exigir al Gobierno más compromiso inversor en infraestructuras en las regiones periféricas, recuerdan que los déficits acumulados año tras año han generado una importante bola de deuda, pese a situarse en gasto público per cápita por debajo de la media de las regiones de régimen común.

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Ese pasivo tiene en gran parte al propio Estado como acreedor. Por eso creen que debe ser asimilado por la Administración central para descargar el pasivo de su balance a través de “mecanismos de compensación de deuda en los cuales la Administración del Estado asuma deuda autonómica sobre la base de criterios relativos a su nivel de insuficiencia financiera”. La quita de toda la vida.