El megacontrato valenciano de material covid paralelo al de Illa se atasca en la Generalitat

La Generalitat valenciana sigue sin resolver el acuerdo marco de casi 240 millones de euros con el que pretendía garantizarse los suministros de elementos de protección sanitaria dando entrada además a las pymes fabricantes implantadas en el territorio. Iba a ser un instrumento capaz de dar oportunidades a fabricantes locales y nacionales en la jungla de la compra de material sanitario anticovid. Y fue la razón por la que la valenciana ha sido la única autonomía que decidió quedarse fuera de la central de compras habilitada por el Ministerio de Sanidad con su propio acuerdo marco, adjudicado ya con un importe de 2.578 millones de euros desde el pasado 30 de noviembre.

La Administración que preside Ximo Puig licitó en agosto de este año 16 lotes para seleccionar proveedores de todo tipo de mascarillas, calzado, gorros, batas o buzos. Ha puesto en marcha un almacén en varios pabellones de Feria Valencia, donde ha creado una reserva estratégica de seis meses de material. Pero, por ahora, esa gran acumulación de productos no se nutre de los contratos derivados del acuerdo marco y del proceso de selección, sino de compras directas (‘a dedo’) por vía de emergencia. La Agencia Valenciana Antifraude ya ha anunciado la apertura de una investigación para comprobar que el mecanismo de urgencia, cuando la pandemia acumula ya nueve meses y dos estados de alarma, está justificado en la contratación y se cumplen los controles.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad señalan que este viernes podrían producirse decisiones en el procedimiento para acelerar su adjudicación definitiva, todavía sin fecha. La previsión es que en el paquete de suministradores haya una importante cuota de fabricantes locales, algunos de los cuales se han agrupado en una UTE para presentar sus ofertas. Ese era el sentido de planificar la compras en solitario. Aun así, será inevitable que aparezcan importadores nacionales de material ‘made in China’, como ha ocurrido con el acuerdo de la empresa estatal Ingesa, dependiente del Ministerio de Sanidad de Salvador Illa.

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Las razones del retraso valenciano hay que buscarlas en el atasco burocrático del procedimiento. Entre septiembre y noviembre, se han producido al menos tres correcciones o rectificaciones de los pliegos de condiciones. La última se introdujo en el expediente el pasado 6 de noviembre, ya que los documentos de este acuerdo marco, como corresponde a la tramitación de emergencia, no fueron informados por la Abogacía General de la Generalitat en el ámbito de la Conselleria de Sanidad. El tipo de tramitación, además, exigía convocar una mesa técnica para seleccionar las ofertas, y no una mesa de contratación. “Es por ello y porque no hay fiscalización previa del expediente, sino que la función de la Intervención se realiza en estos procedimientos de emergencia ‘a posteriori’, por lo que entendemos que debemos suprimir la Mesa de Contratación como órgano de asistencia en este procedimiento e implantar, en su lugar, una Comisión Técnica que auxilie al órgano de contratación en la revisión y calificación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos técnicos”, señala la rectificación más reciente.

En definitiva, un procedimiento que se tramitó de urgencia como consecuencia de la pandemia del covid acumula ya cuatro meses de trasiego administrativo sin ver la luz. Mientras tanto, la Generalitat valenciana ha ido realizando compras directas al margen de estos futuros lotes. Cuenta con existencias suficientes para atender la demanda de material de protección que exigen hospitales y centros de salud, según ha trasladado la propia Generalitat a algunas de las empresas interesadas, a las que ha seguido reclamando documentación y permanecen a la espera de que se resuelva el concurso.

Todas estas compras se han realizado sin licitación pública, por procedimiento negociado sin publicidad y por vía de urgencia. Entre los contratistas, hay proveedores locales, como el fabricante textil valenciano Casa Mediterránea 1967, con un contrato de 1,2 millones de euros fechado el pasado 29 de octubre para cuatro millones de mascarillas. Pero también importadores de material chino, como la madrileña Althea Helathcare España, que proveerá de guantes de nitrilo a la Generalitat por valor de 4,8 millones de euros, al igual que Distribuciones Levantinas Sanitarias, que ha firmado la venta de 33,7 millones de guantes por importe de 3,3 millones de euros. Se trata de encargos susceptibles de sus financiados a través de los fondos europeos Feder de Programa Operativo 2014-2020.