La Generalitat valenciana alegará contra la propuesta de financiación de Montero

De calificar de "victoria para la sociedad valenciana" el documento de 240 páginas tras un primer vistazo a ponerse las pilas para armar una base de alegaciones para intentar modificar aspectos sustanciales. Esa ha sido la evolución de la Generalitat Valenciana conforme ha ido profundizando en el detalle de la propuesta de revisión del concepto de 'población ajustada' con la que el Ministerio de Hacienda ha arrancado la reforma de la financiación autonómica.

El Gobierno del Botánic, que preside el socialista Ximo Puig y comparte con Compromís y Unidas Podemos, ha encargado a un grupo de expertos, entre los que figura el director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Francisco Pérez, la elaboración de argumentos dirigidos a tratar de corregir aspectos de la propuesta lanzada por la ministra María Jesús Montero que considera lesivos para los intereses de la caja valenciana. Para reforzar su posición, el Ejecutivo autonómico ha incorporado al proceso a los grupos parlamentarios, incluidos los de la oposición, a través de la comisión mixta Consell-Corts. El acuerdo es que los expertos elaboren las alegaciones y regresen a esa comisión para suscitar el máximo consenso. Las autonomías tienen hasta final de enero para remitir sus consideraciones.

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Lo que en un primer análisis se valoró como un paso en el camino de tratar de reequilibrar las diferencias en el modelo de reparto de recursos entre autonomías y definir con mayor exactitud el esfuerzo real de gasto necesario para cubrir las competencias autonómicas se ha tornado en un ambiente enrarecido por la carga de profundidad del primer 'paper' que se ha conocido de evaluación de la propuesta, el elaborado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) que dirige Ángel de la Fuente, considerado uno de los mayores expertos en la materia.

Aunque la iniciativa de Montero eleva los porcentajes y ajusta grupos de edad de la sanidad y la educación en la ponderación de la población ajustada, Fedea sostiene que introduce ajustes 'ad hoc' por costes fijos y despoblación "muy discutibles por su arbitrariedad". De la Fuente cuestiona abiertamente la forma de introducir la variable del vaciamiento demográfico. "El informe del ministerio argumenta que es necesario primar especialmente a determinadas comunidades que tienen zonas particularmente despobladas, lo que no resulta obvio, y salta de aquí a una formulación específica que está hecha a medida para favorecer a Aragón, Extremadura y las dos Castillas".

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A esta circunstancia añade la manera de aplicar el factor corrector de costes fijos por la prestación de servicios. El procedimiento propuesto, señala, concentra todos los recursos asignados al ajuste por costes fijos en siete regiones, "privando a todas las demás de cualquier asignación para hacer frente a sus costes fijos que, aunque proporcionalmente menores, presumiblemente también existen allí". "En relación al reparto natural de una partida de estas características, se multiplica por tres la asignación de cinco regiones (Aragón, Extremadura, Asturias, Murcia y Baleares), por dos la de Cantabria y se mantiene la de Rioja". Es decir, el grueso de las autonomías de la llamada España vacía vería mejor reconocidas sus necesidades a través un sistema de ponderación que, según el 'think tank', no está justificado.

La consecuencia de estos factores es que, aunque en el resultado final se reducen algo las diferencias a la hora de determinar las necesidades de gasto entre los territorios, seguiría habiendo importantes diferencias de más de 18 puntos entre las que teóricamente más necesidad tendrían, Aragón y Extremadura (113/100), y la que menos, la Comunidad Valenciana (95,60/100), que se mantendría de farolillo rojo en España. Aplicado el criterio ministerial al reparto de recursos, la valenciana sería una vez más la región con menos fondos, siempre según el análisis de Fedea. Madrid, Cataluña y Andalucía quedarían en una situación similar como las de menor necesidad de recursos en el 'statu quo' que generaría la nueva propuesta si se emplea la población ajustada como único indicador, tal como recoge el texto del Ministerio de Hacienda.

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Es esta interpretación la que ha encendido las luces rojas en el Palau de la Generalitat, que valoró inicialmente el documento de Montero por elevar los factores sanitarios y educativos, pero no leyó la letra pequeña de la dispersión y los costes fijos. Fuentes del Ejecutivo señalan que es aquí donde los expertos tienen previsto poner el foco, en que la Comunidad Valenciana también tiene costes fijos más allá de su demografía o geografía que no se contemplan y que el factor de la dispersión y la densidad debe ajustarse con criterios más objetivables.

La reclamación valenciana se completa con la reivindicación de que, una vez consensuada la definición de la población ajustada como mejor indicador de los costes reales de cada territorio en la prestación de sus servicios, se fije como principal mecanismo de distribución. Es decir, no se desvirtúe su equilibrio con fondos de nivelación posteriores como ocurre ahora con el fondo de suficiencia y los de cooperación. La Generalitat sostiene que ahora esos fondos le penalizan en 1.400 millones de euros al año.

En respuesta al diputado de Compromís, Joan Baldoví, en el Congreso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló el pasado miércoles que es pronto para saber si su reforma beneficia a unos territorios u otros, defendió que el documento recoge peticiones de la Comunidad Valenciana y aseguró que contempla que todo el sistema disponga de más recursos. Pero sus argumentos no convencieron.