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Procesan a la 'reina de aduanas' del puerto de Gandía por falsificar la firma de su hermano
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Procesan a la 'reina de aduanas' del puerto de Gandía por falsificar la firma de su hermano

La Guardia Civil sostiene que Carmen Román, concejala del PP en la ciudad, falseó la rúbrica para comprarse un Mercedes y endosar el préstamo a una comunidad de bienes familiar

Foto: Carmen Román, concejala del PP de Gandía, con el portavoz popular en el ayuntamiento, Víctor Soler.
Carmen Román, concejala del PP de Gandía, con el portavoz popular en el ayuntamiento, Víctor Soler.
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La Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado un auto de procedimiento abreviado previo a la apertura de juicio oral contra Carmen Román, concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gandía y una persona muy conocida por la trayectoria familiar como agente de aduanas en el puerto de esta localidad valenciana. El juzgado de instrucción número 2 de la ciudad ha instruido una causa a raíz de una denuncia interpuesta por su propio hermano, Andrés, por la presunta falsificación de su firma en los documentos de financiación de la compra de un vehículo Mercedes Benz Clase A 200 en enero de 2019. El coche se incorporó al patrimonio de la comunidad de bienes que ambos hermanos compartían y cuyo proceso de liquidación ha quedado atascado por la existencia de este conflicto.

El juez instructor ha estimado la posible existencia de un delito de falsedad en documento mercantil al tomar en consideración un informe de 36 páginas de los especialistas en grafística del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil, en el que se atribuye a Carmen Román la autoría de las firmas que figuran en el contrato con la financiera de Mercedes por importe de 26.321,67 euros. Esta opinión ha sido refrendada por la instancia superior, la Audiencia Provincial, que explica que "existen indicios de comisión de hecho delictivo en contra de la recurrente (informe pericial documental y declaraciones)". Este auto, no obstante, excluye la existencia de un delito contra el patrimonio, al tratarse de un posible perjuicio entre familiares de primer grado. Las cuotas de amortización del coche están al corriente y contemplan la finalización de los pagos en 2023.

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La Guardia Civil atribuye a Carmen Román la autoría de las firmas de su hermano hasta en 12 ocasiones, y no descarta que sea también la autora de otra rúbrica en un anexo al escrito de constitución de la comunidad de bienes aportado por la investigada a la instrucción en que modificaba la forma de administración de mancomunada a solidaria, es decir, con capacidad para tomar decisiones sin necesidad de consultar con su hermano. La acusación sostiene en su escrito de calificación que ese segundo documento también está falseado.

El abogado de Carmen Román aseguró en declaraciones a El Confidencial que su clienta firmó los documentos de compraventa del vehículo en una tableta digital y que ella "no tenía conocimiento de dónde iba a terminar esa firma", en referencia a su aparición en la casilla que en teoría correspondía a su hermano Andrés. El letrado, que defiende el carácter solidario de la gestión de la empresa familiar, apeló a la presunción de inocencia y atribuyó la causa judicial a una batalla familiar que "jamás tendría que haber acabado en los juzgados". Por su parte, la propia Carmen Román atribuyó el procesamiento a un "horror familiar que no tiene mayor trascendencia".

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Por contra, y a la espera del escrito de acusación de la Fiscalía, que se ha opuesto a los recursos contra el auto de procedimiento abreviado previo a la apertura de juicio oral, la acusación particular ha reclamado tres años de prisión y multa de 12 meses con la pena accesoria de inhabilitación para cargo electo durante la duración de la condena. Le atribuye un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Pide otros cuatro meses por el documento anexo al de constitución de la comunidad de bienes.

Carmen Román proviene de una familia que ha combinado la actividad política con la empresarial en la ciudad de Gandía. Su padre fue diputado provincial por Alianza Popular entre 1983 y 1987 y su tío, Juan Román, llegó a ser alcalde de la ciudad tras las primeras elecciones municipales de la democracia en 1979. Su abuelo fue el primer agente de aduanas del puerto de Gandía, una labor a la que dio continuidad el padre de la investigada hasta su jubilación. Fue con la retirada de este cuando Carmen Román obtuvo el título de agente de aduanas que otorga la Dirección General de Aduanas, según relata el diario especializado en actividad portuaria 'Veintepies'. La batalla familiar y el procesamiento de la edil popular han puesto patas arriba la vida interna de un clan que lleva más de 130 años vinculado al puerto de Gandía y que juega un papel clave en el negocio de la exportación, vinculada especialmente a los productos agrícolas en este enclave portuario.

Tras la publicación de esta noticia, Carmen Román, a través de su abogado, remitió a este periódico las siguientes aclaraciones:

"El asunto al que se refiere dicha noticia es un tema estrictamente familiar que se origina por una denuncia interpuesta por mi propio hermano , fruto de un incomprensible odio que manifiesta públicamente y que desgraciadamente está generando un daño irreparable en la familia, especialmente en nuestros padres".

"Con mi hermano compartía una Comunidad de Bienes que administrábamos de manera solidaria así que ninguna necesidad tendría de falsificar la firma de mi hermano para obtener un préstamo máxime cuando dicho préstamo ha estado sufragado desde el inicio únicamente por mí , a título personal, y no por la Comunidad de Bienes como desacertadamente publica la referida noticia".

"No he sido condenada y ni siquiera juzgada hasta el momento y por ello merezco que los medios de comunicación respeten la presunción de inocencia y no agraven más el sufrimiento de mi familia".

La Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado un auto de procedimiento abreviado previo a la apertura de juicio oral contra Carmen Román, concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Gandía y una persona muy conocida por la trayectoria familiar como agente de aduanas en el puerto de esta localidad valenciana. El juzgado de instrucción número 2 de la ciudad ha instruido una causa a raíz de una denuncia interpuesta por su propio hermano, Andrés, por la presunta falsificación de su firma en los documentos de financiación de la compra de un vehículo Mercedes Benz Clase A 200 en enero de 2019. El coche se incorporó al patrimonio de la comunidad de bienes que ambos hermanos compartían y cuyo proceso de liquidación ha quedado atascado por la existencia de este conflicto.

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