El bloqueo del Prat da oxígeno a Podemos y Compromís contra el Puerto de Valencia

La decisión del Gobierno de meter en el congelador la inversión de 1.700 millones de euros para ampliar el Aeropuerto de El Prat de Llobregat en Barcelona ha dado oxígeno a los sectores contrarios a la ampliación del Puerto de Valencia, que apura los plazos para su adjudicación a Terminal Investment Limited (TIL), la filial de operaciones de estiba y desestiba del gigante marítimo MSC. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y la dirección de Podemos en la Comunidad Valenciana han vinculado el bloqueo catalán al desarrollo de la infraestructura para reclamar también su paralización.

Compromís y Unidas Podemos, las formaciones políticas con presencia parlamentaria en la Comunidad Valenciana que se sitúan la izquierda del PSPV-PSOE, llevan meses haciendo campaña contra la culminación de una obra que cubrió una primera etapa en 2012 con la construcción de nuevos diques en la zona norte del recinto portuario, pero de la que quedan por ejecutar el aterramiento de las láminas de agua y la instalación de todo el equipamiento para operar la carga y descarga de buques mercantes. La nueva terminal gana al mar más de 130 hectáreas de explotación, que prácticamente duplican la capacidad del recinto para situarlo como el de mayor volumen del Mediterráneo occidental en gestión de contenedores.

La inversión prevista, entre la aportación en obra civil de la Autoridad Portuaria de Valencia y la maquinaria que introducirá TIL, única aspirante al concurso, ronda los mil millones de euros. Sin embargo, tanto los valencianistas como los morados esgrimen el impacto que la infraestructura tiene sobre las playas del sur de la ciudad, en el parque natural de El Saler y la Albufera y han reclamado una nueva declaración de interés ambiental (DIA) después de que el puerto que preside Aurelio Martínez modificase parcialmente el proyecto para reubicar la terminal de pasajeros y reorientar la de carga y descarga de TIL.

Aunque Martínez corrigió el proyecto para atender algunas de las reivindicaciones críticas, como la profundidad del dragado de acceso, los sectores contrarios siguen reclamando la nueva DIA, cuando no directamente la paralización del proyecto y el desmontaje de los diques ya construidos, cuyo coste ascendió a 200 millones de euros. Sin embargo, tanto Puertos del Estado como el Gobierno han señalado hasta ahora que no es necesario revisar el impacto medioambiental ni las medidas correctoras de una actuación que obtuvo en 2007 luz verde del Ministerio de Medio Ambiente, entonces dirigido por Cristina Narbona, con una DIA favorable.

Bruselas avala el proyecto

La batalla contra la ampliación recibió recientemente un revés por parte de la Comisión Europea, que avaló ante la comisión de peticiones del Parlamento comunitario el procedimiento administrativo iniciado por la Autoridad Portuaria. La Eurocámara ha dado carpetazo a cualquier expediente contra el proyecto con los votos del Grupo Popular y del Socialista. El PSOE, sin enfrentarse abiertamente a los que son sus socios de gobierno en la Comunidad Valenciana, está dando pasos en favor de la ejecución de una inversión que reforzará el liderazgo de Valencia como enclave portuario y lo situará cerca de los niveles de las grandes terminales del norte de Europa.

Sin embargo, el bloqueo del Gobierno a la obra de El Prat, que justifica por la falta de consenso por parte de la Generalitat de Cataluña que preside Pere Aragonès, ha reactivado la presión sobre la infraestructura valenciana. Los sectores conservacionistas interpretan la paralización como una victoria de sus acciones en favor de las marismas de La Ricarda, un paraje que se vería afectado por la prolongación de la pista del aeródromo barcelonés. La propia vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha defendido la decisión de congelar el proyecto por su impacto en el Delta del Llobregat.

En ese contexto, Podemos y Compromís se ven legitimados para mantener su pulso contra la ampliación de la terminal de carga en Valencia. La secretaria general de los morados, Ione Belarra, se hizo eco el jueves de un tuit de la coordinadora autonómica de la formación en la Comunidad Valenciana, Pilar Lima, en el que ligaba la decisión gubernamental sobre la inversión en Barcelona. "Tanto la ampliación del Prat como la ampliación del Port de Valencia responden a un modelo especulativo de otro tiempo que está ya obsoleto y que ponía el interés de unos pocos por encima de la mayoría. Hoy ya no caben infraestructuras por encima de la vida", denunciaba el mensaje.

La intención de los morados es trasladar también esa presión al seno del Consell del Botànic que preside Ximo Puig. Los socialistas no confrontan con sus socios, pero están trabajando para rebajar la factura medioambiental del proyecto y seguir adelante con la ampliación. En su intervención en el Europarlamento, Aurelio Martínez, trató de rebajar la visión sobre el volumen del impacto sobre las playas vírgenes de la nueva terminal y expuso los planes para convertir el puerto en un recinto sin emisiones de efecto invernadero en 2030, mediante la puesta en marcha de una subestación eléctrica e instalaciones renovables que permitan enchufar los barcos que arriban a las dársenas con el fin de que apaguen los motores de fuel.

El plan de Podemos es que el nuevo vicepresidente segundo, Héctor Illueca, que ayer tomó posesión de su cargo en Valencia rodeado de referencias de Unidas Podemos (Belarra, el ministro Alberto Garzón, Juan Carlos Monedero, Enrique Santiago…), fije posición dentro del Gobierno autonómico contra el proyecto, además de mantener las políticas de vivienda que había desplegado su predecesor Rubén Martínez Dalmau.

Illueca tiene el rol de marcar el perfil morado en el Ejecutivo de coalición, si bien en su primera jornada como miembro del Consell remarcó su voluntad de "fortalecer la unidad del Botánic". El nuevo vicepresidente anunció que tiene previsto mantener "una posición propia", pero trabajando para "llegar a una síntesis con nuestros socios". Hasta en tres ocasiones repitió el concepto de síntesis política a preguntas de los medios de comunicación sobre su posición en el gobierno de izquierdas.