Un documento compromete a la líder del PP valenciano en el caso de la visita del Papa

La presidenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, compareció este jueves en calidad de testigo ante el Juzgado número 5 de Valencia, que investiga el agujero que generó en las arcas de la Generalitat valenciana la organización del V Encuentro Mundial de las Familias y la visita que el papa Benedicto XVI realizó a la ciudad en el año 2006. Se trata de una causa en la que figuran como investigados el expresidente valenciano Francisco Camps y el que fue su vicepresidente, Juan Cotino. Bonig, 'exconsellera' de Infraestructuras del Gobierno valenciano, trató de explicar al magistrado las razones por las que la fundación encargada de organizar aquellos eventos quedó exenta de devolver a la empresa pública Vaersa, de la que ella era consejera delegada, una deuda de 519.011 euros que se había generado por la ejecución de obras por parte de la entidad autonómica con motivo del encuentro.

Tras comparecer ante el magistrado y someterse a un interrogatorio durante más de una hora y media, Bonig declaró ante los medios de comunicación que no se produjo una condonación de ese pasivo, un hecho que, insistió, "está acreditado documentalmente". "Todo lo demás que se dilucida en el proceso ya lo determinarán las partes. Estoy contenta y satisfecha", apostilló a las puertas de la Ciudad de la Justicia.

Sin embargo, un documento firmado por la propia Bonig al que ha tenido acceso El Confidencial refleja cómo la hoy líder territorial del PP autorizó liberar a la fundación del pago de la citada deuda. En este escrito, con membrete de la empresa pública y la Generalitat valenciana, Bonig suscribe como consejera delegada que tiene conocimiento de que en una reunión del patronato de la fundación celebrada el 5 de febrero de 2014 se acordó que la Generalitat se "subrogaba" en la deuda de más de medio millón de euros existente con Vaersa. En este sentido, escribe que "una vez haya sido ratificada por el Consell la subrogación por parte de la Generalitat en la deuda" que la entidad que organizó el encuentro papal mantiene que Vaersa, esta "acepta la subrogación, libera de la obligación de pago a la Fundación de la Comunidad Valenciana V Encuentro Mundial de las Familias y consiente su liquidación sin que tenga nada que oponer".

El documento contradice por tanto las declaraciones efectuadas por la dirigente conservadora de que no se produjo el perdón de la deuda existente. Se trataba además de un trámite necesario, la firma del citado texto, para que Vaersa aceptase el cambio en el deudor, que pasaba a ser la propia Administración valenciana, su accionista mayoritario.

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Las pesquisas sobre por qué el Consell de Francisco Camps eximió a la fundación religiosa del pago de ese dinero tienen su origen en la investigación de una serie de obras que Vaersa, una empresa autonómica cuyo objeto social es la gestión de residuos, realizó para acondicionar los espacios que acogieron el encuentro de las familias. Esta pieza, que acabó integrada en la global del caso que se instruye en el Juzgado 5, busca verificar si esos trabajos, cuyo coste superó los 900.000 euros, se contrataron de forma regular. No en balde, el entonces director de Vaersa, Felipe Espinosa, ya advirtió en correos internos de que las adjudicaciones podrían no estar ajustadas a la legalidad y que correspondía facturar esos gastos a la fundación, de régimen formalmente privado. La insuficiencia financiera de la entidad forzó su liquidación y la Generalitat asumió gran parte de su pasivo, incluidos los 519.011 euros que se adeudaban a Vaersa y que finalmente fueron condonados.

¿Pública o privada?

Se da la circunstancia de que Bonig era consejera delegada de Vaersa por su condición precisamente de integrante del Gobierno valenciano, que acordó posteriormente subrogarse el pasivo. En términos internos, Vaersa cambió un deudor moroso por otro más solvente como la propia Generalitat. En la práctica, lo que se hizo mediante ese cruce de decisiones administrativas fue liberar a la fundación de la obligación de afrontar el crédito pendiente. Bonig explicó ante el juez que la subrogación de la deuda venía dictada por la propia Intervención General y estaba avalada por la Abogacía.

La decisión de asumir los pasivos se justificaba por el hecho de que una capitalización efectuada en 2010 por el Consell de Camps para tapar el agujero de la entidad, en cuyo patronato se sentaban, además de representantes de la Generalitat, parte de la cúpula del Arzobispado de Valencia, asentaba su carácter público. Por tanto, ante la insolvencia, era indiferente quién se hiciese cargo de la deuda con Vaersa. Pero el cáracter público de la Fundación del V Encuentro de las Familias, argumento esgrimido por la Fiscalía Anticorrupción, es justamente es lo que tratan de desmontar las defensas para negar que se hubiesen saltado los controles y los mecanismos reglados de contratación con concurrencia y publicidad. Con su declaración ante el juez explicando las razones por las que Vaersa dio luz verde a la subrogación de la deuda, Bonig ha avalado en cierto modo la tesis del fiscal. Sorprendentemente, para los sucesivos gobernantes del Partido Popular, la Fundación para la visita del Papa fue privada para contratar, pero pública para afrontar sus deudas.