La última de Vox: pide los informes penales de personas LGTBI que trabajan con niños
Una diputada derechista en las Cortes Valencianes reclama a la Generalitat datos personales de los participantes en talleres, charlas o asesorías que han recibido fondos públicos
Vox ha dado otra vuelta de tuerca en su ofensiva contra el movimiento en defensa de los derechos LGTBI. La formación de derecha radical ha registrado una solicitud de información en las Cortes Valencianas en la que reclama a la Generalitat información sobre todas las partidas destinadas en los presupuestos de los ejercicios de 2018 y 2019 a cursos, asociaciones, conferencias, informes, asesorías o centros culturales que estén relacionados con la actividad de los colectivos LGTBI. La petición de documentos no se queda ahí, en cómo se distribuyen esos fondos y entidades beneficiarias, sino que el partido de Santiago Abascal exige conocer qué actividades de las que reciben ayudas incluyen a menores e información sobre la identidad de las personas que participan en ellas, una exigencia que puede chocar frontalmente con la Ley de Protección de Datos y de la que se deduce el deseo de Vox de indagar en la vida de esas personas.
Vox quiere saber las personas de colectivos LGTBI que trabajan con menores y la documentación que las acredita, incluido el certificado de penales
La responsable de presentar esa solicitud de información ha sido la diputada Ángeles Criado, número dos de la lista autonómica por Valencia y persona de confianza de José María Llanos, presidente del grupo parlamentario y presidente provincial de Vox. En la comunicación efectuada sobre la interpelación parlamentaria, no duda en atribuir intenciones ocultas del colectivo LGTBI: "Nos preocupa en manos de quién dejamos a nuestros pequeños y el adoctrinamiento al que pueden haber sido sometidos”. En este sentido, la solicitud insta a informar de los contenidos y materias impartidos en esos cursos y actividades a los niños.
En esa estrategia de lanzar dudas sobre la reputación de los participantes de los cursos o acciones vinculadas al colectivo LGTBI, el grupo parlamentario de Vox reclama a la Administración autonómica toda la documentación acreditativa "de cumplir con los requisitos legales" en actividades con menores, "como el documento de antecedentes penales", además de la "acreditación de la formación o preparación necesaria de estas personas para impartir dichos cursos o actividades, los contratos firmados con indicación de fechas, cantidad asignada y colegios a los que han acudido, y la indicación del método de adjudicación que se ha empleado según la Ley de Contratación del Estado, junto a los consiguientes criterios para esa adjudicación".
📢 Hoy nuestra diputada Ángeles Criado solicita la documentación de:
— VOX CORTES VALENCIANAS (@vox_cv) 1 de julio de 2019
✔️ Subvenciones a colectivos LGTBI, en especial las destinadas a actividades en colegios y que afectan a nuestros niños
✔️ Datos oficiales de violencia intrafamiliar, de hombres, mujeres, niños y ancianos pic.twitter.com/NJZOOIssEJ
La solicitud de Vox recuerda mucho al intento del partido de extrema derecha de elaborar listas negras con los funcionarios y trabajadores vinculados a la lucha contra la violencia machista en Andalucía. En este caso, la petición de documentación va claramente dirigida a conocer datos concretos de las personas ligadas a colectivos LGTBI que han recibido fondos públicos. La Mesa de las Cortes Valencianas se reúne este martes para tramitar las iniciativas y preguntas presentadas por los grupos parlamentarios. Fuentes de la misma señalan que es pronto para anticipar la decisión, pero apuntan a que si se estima que la petición de información vulnera la Ley de Protección de Datos, será rechazada.
En el caso valenciano llueve sobre mojado, porque Vox ya frustró la semana pasada una declaración institucional de las Cortes Valencianas con motivo del Día del Orgullo LGTBI en la que los partidos se comprometían a "sacar adelante de forma proactiva las medidas necesarias para garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación a todas las personas". La negativa de los diputados derechistas a suscribir el texto impidió que saliese adelante, pues se trata de una fórmula que requiere de unanimidad.
El síndico de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, mostró su "indignación" ante las iniciativas parlamentarias registradas este lunes por Vox para pedir documentación sobre ayudas a colectivos LGTBI y, también, datos de violencia de género desde 2004. A su juicio, la petición es "indecente" y "solo busca fomentar el odio". "Buscan poner en duda la idoneidad para tratar con niños y niñas de las personas LGTBI", lamentó el parlamentario en un comunicado, antes de subrayar que es "indecente acceder a las instituciones y cobrar un salario público para dedicarse a atacar sin fundamento a las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales".
En este sentido, anunció que Compromís presentará en Les Corts "un escrito pidiendo a la Mesa la inadmisión de unas iniciativas parlamentarias que son una herramienta para fomentar el odio hacia las personas LGTBI". Para Ferri, es también muy preocupante que "mientras esto está sucediendo con Vox en el Parlamento valenciano y en muchos otros lugares del estado, sus socios PP y Ciudadanos, callan, un silencio que acaba siendo cómplice de la LGTBIfobia".
Vox ha dado otra vuelta de tuerca en su ofensiva contra el movimiento en defensa de los derechos LGTBI. La formación de derecha radical ha registrado una solicitud de información en las Cortes Valencianas en la que reclama a la Generalitat información sobre todas las partidas destinadas en los presupuestos de los ejercicios de 2018 y 2019 a cursos, asociaciones, conferencias, informes, asesorías o centros culturales que estén relacionados con la actividad de los colectivos LGTBI. La petición de documentos no se queda ahí, en cómo se distribuyen esos fondos y entidades beneficiarias, sino que el partido de Santiago Abascal exige conocer qué actividades de las que reciben ayudas incluyen a menores e información sobre la identidad de las personas que participan en ellas, una exigencia que puede chocar frontalmente con la Ley de Protección de Datos y de la que se deduce el deseo de Vox de indagar en la vida de esas personas.
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