La ofensiva de Vox contra las leyes LGTBI aboca a un pacto imposible a tres en Madrid

Ciudadanos lo tiene claro. El PP sigue siendo su socio preferente a la hora de llegar a un acuerdo en la Comunidad de Madrid. Pero las condiciones expuestas este miércoles por Vox para contar con sus 12 diputados hacen complicado que se llegue a un pacto a tres bandas, como demanda Rocío Monasterio. "No vamos a llegar a ningún tipo de acuerdo con aquellos partidos que quieran hacer retroceder a la Comunidad de Madrid y frivolicen con la violencia machista, el colectivo LGTBI y los derechos y libertades que se han ido conquistando", señaló Ignacio Aguado tras conocer las propuestas de Vox. "No va a haber un Gobierno bajo esas condiciones", recalcó.

Lo de la Comunidad de Madrid va a ser difícil de cuadrar, señalan todos los actores implicados. Algunos ya indican que habrá que cocer el pacto "a fuego lento". A Vox no le importa. Es su jugada. "A los políticos nos pagan por trabajar en agosto", señaló Monasterio cuando le preguntaron sobre los plazos. Vox quiere un acuerdo programático antes del 2 de julio (queda menos de una semana), día en que el presidente de la Asamblea tiene que proponer un nombre como candidato o candidata a la Comunidad de Madrid. La premura del ultimátum no ayuda, sobre todo teniendo en cuenta que Vox exige un pacto firmado por ellos, PP y Ciudadanos que la formación naranja ve difícil de asumir. Sobre todo en dos capítulos de una importante carga ideológica: inmigración y el colectivo LGTBI.

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Ignacio Aguado respondió a las exigencias de Vox con un enigmático mensaje: van a "intentar llegar a un acuerdo con aquellos partidos que quieran progresar". Sin dejar claro si sus palabras abrían la posibilidad a un posible entendimiento con el PSOE. Algo que hoy por hoy es inviable en la Comunidad de Madrid, ya que la dirección nacional de Ciudadanos ha vetado sin discusión a los socialistas. Las alarmas, no obstante, saltaron enseguida en el PP. "Estoy convencida de que ese es un callejón en el que no hay ninguna salida", señaló la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso.

Un mes después de las elecciones autonómicas, la situación se define compleja. Ayuso sabe que el tiempo apremia y este mismo miércoles ha pedido a Cs y Vox que los tres puedan fijar ya una fecha para su investidura, que como muy tarde debe ser el 11 de julio. Fijar una fecha mientras se van produciendo las negociaciones programáticas. Ciudadanos sigue con su veto a negociar nada con Vox, y menos ahora tras conocer algunas de sus exigencias. Y Vox piensa que ya ha cedido demasiado. Primero en el Ayuntamiento de Madrid (donde mantiene que ha sido engañado), y ahora en la comunidad, renunciando 'a priori' a sillones en el Gobierno y renunciando también a la mesa a tres con PP y Cs. Ya no hace falta sentarse con la formación naranja, basta con que Aguado firme su programa de mínimos.

Así que la pelota está ahora en el tejado de Ayuso, que había avanzado en su negociación con Ciudadanos pero que apenas había llegado a acuerdos concretos con Vox (aparte del de la Mesa de la Asamblea). El PP está ahora en el centro de un tablero donde los dos extremos se han separado un poco más. "Nos han pedido en las urnas que la mayoría, que no es de izquierdas, llegue de una vez por todas a algún tipo de acuerdo, y en eso es en lo que vamos a estar desde el Partido Popular de Madrid, buscando el acuerdo, el consenso...".

El consenso que pide Ayuso pasa por negociar un "programa único común" (como lo define Vox) que contente a la formación de Rocío Monasterio y que tenga el visto bueno de Ciudadanos. Y para ello Vox exige iniciativas concretas de una fuerte carga ideológica. Una de ellas es "derogar aquellos artículos de la legislación en vigor que atenten contra la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales". Vox pide que se eliminen al menos 14 artículos de dos leyes autonómicas: la 2/2016, del 29 de marzo, y la 3/2016, de 22 de julio (ambas protegen de la violencia y la discriminación al colectivo LGTBI). Dos normas que fueron aprobadas bajo el mandato de Cristina Cifuentes.

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En el apartado de inmigración, Vox pide que la Comunidad de Madrid colabore con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "en la identificación de todos los inmigrantes que se encuentren en la región de forma ilegal, con especial atención a la identificación y repatriación de los 'menas' [los menores no acompañados]". También exige, "dado que los recursos de los madrileños no son infinitos, requerir al país de origen el pago de la factura sanitaria tanto de los inmigrantes ilegales como de los comunitarios o visitantes que se hayan beneficiado de la sanidad pública madrileña, evitando el turismo sanitario".

Parece poco probable, por no decir imposible, que Ciudadanos firme este tipo de acuerdo. "Yo no quiero una Comunidad de Madrid que tenga como reflejo los años cincuenta del siglo pasado. Yo no quiero una Comunidad de Madrid en blanco y negro. Quiero una Comunidad de Madrid en color. La pregunta es qué quiere el PP", señaló Aguado. Ayuso, por su parte, sabe que tiene que manejar esta patata caliente, aunque ya adelantó a Vox parte de su postura. "No voy a entrar en ningún debate estéril que vuelva a dividir a la sociedad", señaló en lo referente a las leyes LGTBI. Eso sí, con matices. "Todo lo que sea regresar es un grave error y no quiero hacerlo. Otra cosa es que si consideran que dentro de la ley hay aspectos que se pueden mejorar, se puede tratar".

En cuanto a las iniciativas de Vox en inmigración ilegal, Ayuso en principio también quiere alejar ese debate: "No quiero negociar aquellos temas que no sean de estricta competencia autonómica", señaló. El PP tiene cinco días para poner de acuerdo a Ciudadanos y Vox. Ayuso tendrá que lidiar además con el ala más conservadora de su partido, integrada en su equipo más cercano, que en principio sí está dispuesta a revisar la redacción de las leyes que exige Vox.