Puig y Oltra suspenden en barracones: 4.000 niños irán a clase en aulas prefabricadas

Un total de 11 años llevan los alumnos del colegio Regina Violant de Almassora (Castellón) acudiendo día a día a clase en barracones. Tras las elecciones autonómicas de 2015 y el relevo del Partido Popular al frente de la Generalitat, la adjudicación de las obras para la construcción de un centro escolar en condiciones generó muchas esperanzas a la comunidad educativa. Discrepancias entre la Conselleria de Educación y la constructora (Torrescámara) por la aprobación de un modificado derivaron en el bloqueo de la ejecución del contrato. Las obras se quedaron paradas durante un año y no fue hasta este verano cuando se retomó el procedimiento administrativo. Los niños comenzarán este lunes el curso 2018-2019 sentados de nuevo en las aulas prefabricadas.

El Regina Violant, como el Cremona de Alaquàs, el Emilio Lluch de Náquera o el colegio 103 de Valencia, alberga un componente simbólico muy importante. Todos fueron iconos de los movimientos de base de madres y padres contra las políticas educativas en la Comunidad Valenciana del PP, que en los últimos años al frente del poder autonómico extendía los conciertos educativos con centros privados al tiempo que demoraba 'sine die' muchas actuaciones e inversiones pendientes en los públicos. Ninguno de esos cuatro centros citados han cortado la cinta de la inauguración de nuevas instalaciones. Y, aunque todos ellos están en obras, hay muchas probabilidades de que al menos dos, Cremona y el 103, no estén listos para el siguiente curso 2019-2020, ya en la próxima legislatura.

La Conselleria de Educación, que dirige Vicent Marzà (Compromís), en buena sintonía con su secretario autonómico, el socialista Miguel Soler (un caso de estudio en el ‘mestizaje’ entre las dos formaciones por la excepcionalidad de la ausencia de conflictos entre ambos), ha mejorado ratios de alumnos por aula, ha propiciado la gratuidad del grueso de los libros de texto en la enseñanza primaria pública y concertada y ha elevado el número de docentes, 6.000 más que cuando accedió al mando del departamento, o el número de beneficiarios de las becas de comedor. Sin embargo, ya sea por desidia de su equipo o por trabas burocráticas, no puede presumir de aprobado en la asignatura de solución a los centenares de aulas provisionales que heredó de los populares. Más de 4.000 niños empiezan un nuevo curso en barracones, en algunos casos incluso por primera vez, como los 200 alumnos de colegios de la ciudad de Alicante que estrenan este tipo de aulas en el curso que comienza ahora.

Regina, Náquera, Cremona, 103… Los colegios más icónicos de la lucha de madres y padres por unas instalaciones dignas siguen con barracones

El Partido Popular valenciano eleva todavía más esas cifras y señala que 4.000 son los alumnos que asisten a centros compuestos íntegramente por barracones, pero que si se cuentan los que reciben clases en colegios que tienen módulos de apoyo prefabricados (313), el número se dispara a 11.000 estudiantes.

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“Es una de las dificultades más gordas que nos hemos encontrado”, se justificaba Marzà en una entrevista en el programa 'À Punt Directe', de la cadena autonómica de televisión À Punt. "Hemos avanzado mucho. Mientras haya niños en infraestructuras que no les toca, no podemos estar a gusto. Estamos yendo seis veces más rapido en las licitaciones que el Partido Popular". El 'conseller' explicó que cuando accedió al cargo había 8.000 estudiantes en barracones y que, sobre una comunidad de estudiantes de más de 775.000, había logrado rebajar la cifra a la mitad, de los cuales unos 3.000 niños tenían ya en marcha las obras de los nuevos colegios. Aun así, entidades como la confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos Gonzalo Anaya han reclamado al Consell de izquierdas que destine más recursos a la solución del problema de los barracones "aberrantes" y que acelere los expedientes.

Más promesas en el inicio de curso

En cierto modo, el Consell que preside Ximo Puig reconoció hace ya un año su impotencia a la hora de acelerar las licitaciones. Presentó un plan de construcción de centros llamado Edificant, por el cual delegaba en los ayuntamientos la opción de ejecutar las obras, en teoría porque permitía agilizarlas. Cerca de un centenar de municipios han recibido ya la delegación de competencias, con el crédito asignado del presupuesto autonómico. Pero por ahora no dejan de ser proyectos de obras que en su gran mayoría no verán la luz hasta la próxima legislatura. En previsión de posibles críticas ante el inminente inicio de curso, Marzà presentó el jueves un Plan de Obras Dignas sobre la base del programa Edificant y señaló que contempla 254 millones para mejorar 200 centros y otros 201 millones para nuevos colegios en el próximo trienio. Sus promesas son, de momento, otro acto de fe.

La lentitud en la eliminación de las aulas prefabricadas está provocando situaciones cuanto menos peculiares

La lentitud en la eliminación de las aulas prefabricadas está provocando situaciones cuanto menos peculiares, como que la Generalitat no haya sido capaz más de tres años después del cambio de color político de liquidar Ciegsa, la empresa pública que está en el ojo de huracán de una de las piezas del caso Taula por presunto cobro de comisiones en la etapa del PP derivadas de las adjudicaciones en la construcción de colegios. Esta mercantil es la que tiene firmados los contratos de arrendamiento con las suministradoras de las aulas prefabricadas, ya que muy pocas son propiedad de la Administración. "Muchos barracones que quedan se gestionan desde Ciegsa; necesitamos que continúe gestionando los barracones hasta que la obra esté acabada. No vamos a cambiar unos barracones por otros", confiesa Marzà.