pista libre para el nuevo proyecto de la generalitat

La Audiencia avala el apagón de Canal 9 de Fabra: pierde la plantilla, gana la televisión

El tribunal arrincona a los antiguos trabajadores al tumbar su recurso contra el cierre y el ERE de Alberto Fabra. Ximo Puig solo tiene que esperar cinco meses para reabrir

Foto: Trabajadores de la extinta Canal 9, la noche del cierre en 2013. (EFE)
Trabajadores de la extinta Canal 9, la noche del cierre en 2013. (EFE)

Un mal día para los antiguos trabajadores de Canal 9 y bueno para las arcas de la Generalitat y los planes de reapertura de la nueva televisión valenciana de Ximo Puig y Mónica Oltra. Así de paradójica es la vida y así de caprichosa la Justicia. Poco más tres años después del apagón de las emisiones decretado por el popular Alberto Fabra, la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que considera conforme a la ley la decisión de liquidar la tele y poner en marcha un expediente de regulación de empleo (ERE) que extinguió los contratos de 1.600 trabajadores y los puso de patitas en la calle.

El fallo, desplegado sobre 90 folios, avala la constitucionalidad de la decisión de Fabra, que califica como “la única salida a un proyecto agotado”, lanza una carga de profundidad sobre el modelo de servicio público implantado durante la etapa del Partido Popular (“gestión calamitosa, plantilla sobredimensionada”) y considera proporcionado el cierre ante la “gravísima situación económica” por la que atravesaba la sociedad pública RTVV. El tribunal cercena así la vía en la que una parte importante de la antigua plantilla había depositado las esperanzas de recuperar su puesto de trabajo tras fracasar las negociaciones con el nuevo Gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra para incorporarlos de forma automática a su proyecto de nueva televisión.

Concentración sindical en una de las jornadas del juicio en la Audiencia Nacional. (EFE)
Concentración sindical en una de las jornadas del juicio en la Audiencia Nacional. (EFE)

La sentencia, que el sindicato demandante CGT ha anunciado que recurrirá en casación al Tribunal Supremo, no solamente valida el ERE. También descarta que la nueva Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), germen de la nueva televisión, sea una sucesión de la vieja RTVV, “a día de hoy”. Advertidos sobre las amenazas de nuevas demandas del viejo comité de empresa y otros sindicatos como Intersindical, Puig y Oltra se han cuidado mucho de dar demasiados pasos: no se ha constituido la nueva sociedad, no se ha incorporado patrimonio de la mercantil en liquidación, no se han hecho contrataciones y, lo que es más importante, no se han reanudado las emisiones. Con el fallo de la Audiencia, solamente tienen que esperar hasta junio, cuando expiran los tres años establecidos en el ERE que obligan a readmitir empleados en el caso de una reapertura.

Esto no significa que se hayan despejado todas las dudas y riesgos judiciales de la puesta en marcha de la renovada cadena autonómica. Aún queda por dilucidar, por ejemplo, una demanda de unos 180 trabajadores de la sociedad matriz de RTVV, el denominado ente público, que han reclamado ser funcionarizados y exigen a la Generalitat que los incorpore a su nómina de empleados públicos.

Una sentencia favorable a los antiguos trabajadores hubiera tenido un coste de 150 millones para la Generalitat y habría puesto en riesgo la nueva tele

Al margen del recorrido que puedan tener estas otras demandas (hay varias individuales), la Audiencia Nacional echa un jarro de agua fría y arrincona a los exempleados. Aquel que quiera trabajar en la tele tendrá que competir con otros aspirantes al puesto, aunque contará a su favor como mérito en los procesos de selección haber trabajado en la vieja RTVV y haber accedido mediante oposición. Pero incluso esta posible ventaja está ahora mismo en entredicho, porque el Gobierno central ha manifestado a la Generalitat que el articulado de la nueva ley de creación de la CVMC, que fija estos méritos como privilegio en las contrataciones, puede vulnerar la legislación laboral, y ha amenazado con recurrir al Tribunal Constitucional por conflicto competencial si no se retiran del texto.

La principal beneficiaria de la sentencia de la Audiencia Nacional es la caja pública. Un fallo en sentido contrario hubiera obligado a la Generalitat a readmitir a 1.600 personas, a abonarles los salarios de tramitación (aunque tendrían que haber pagado las indemnizaciones) y a despedirlos de nuevo de forma improcedente o mantenerlos en nómina. Se estima que el coste para la Hacienda valenciana de esta decisión hubiera superado los 150 millones de euros. Por no decir que habría dejado a los pies de los caballos el nuevo proyecto audiovisual ante las apreturas presupuestarias de la Administración valenciana.

El proceso sigue ahora su curso. El consejo rector de la CVMC tiene pendiente elegir al nuevo director general entre una terna de casi 20 aspirantes, constituir la sociedad anónima (si el ministro Cristóbal Montoro lo permite) y comenzar a emitir en pruebas. Si volverán a repetirse los errores del pasado en forma de excesos económicos y manipulación y uso político del juguete televisivo, es algo que está por ver.

Comunidad Valenciana

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