Un empresario implica en la 'trama Rus' al delegado de FCC en la Com. Valenciana

Un empresario de Alzira ha denunciado que fue extorsionado por integrantes de la trama de corrupción de Alfonso Rus destapada en la Operación Taula y que le reclamaron tres millones de euros a cambio de desbloquear la adjudicación de un vertedero de residuos urbanos en la localidad valenciana de Llanera de Ranes. Una juez de Xàtiva ha abierto una causa en la que figuran como investigados entre otros el delegado de FCC en la Comunidad Valenciana, Salvador Otero, y un ex teniente de alcalde del Partido Popular cuando Alfonso Rus era alcalde, Vicente Parra. La instrucción salpica también a Francisco Javier Luján, uno de los empresarios que estuvo detenido a petición de la Fiscalía Anticorrupción y la UCO cuando se lanzó el operativo judicial el pasado mes de enero.

La causa del vertedero es, de momento, paralela a la de Taula, pero en ella aparecen muchos de los protagonistas de la trama del que fue hombre fuerte del PP en Valencia, Alfonso Rus y es reveladora del “modus operandi” a la hora de obtener mordidas a cambio de contratos. Según la declaración del denunciante, el empresario alcireño José Andrés Asunción, otro empresario llamado Ramón Lis March le citó en un restaurante de Almansa en el año 2009 para pedirle dinero. “Si mes das tres millones de euros yo me comprometo a arreglar esto. Hablo con políticos y esto se resuelve”, fue la frase que, según Andrés, le lanzó Lis. El denunciante define a este último, que falleció hace pocos meses, como “muy amigo de Alfonso Rus” entre otros políticos, según recoge la declaración judicial a la que ha tenido acceso El Confidencial.

La causa del vertedero es paralela a Taula, pero es reveladora del “modus operandi” a la hora de obtener mordidas a cambio de contratos

Lis estuvo vinculado hasta 2010 a la sociedad Geneva Fondo Inmobiliario, una de las empresas que aparece en la denuncia original de Esquerra Unida contra la trama de Imelsa y que tiene participaciones en sociedades en el extranjero como la brasileña Geneva Patrimonio Inmobiliario. Durante la Operación Taula fue detenido otro exadministrador de Geneva, el alicantino Jaime Cabot Ivars. Una de las líneas de investigación de Anticorrupción y la UCO busca averiguar si Rus y su círculo de confianza pudieron blanquear fuera de España parte del dinero presuntamente obtenido de las mordidas.

Los hechos del supuesto intento de obtener una comisión con el vertedero se remontan a 2009. El denunciante José Andrés era propietario de una parcela de 400.000 metros que la Generalitat valenciana había declarado idónea para albergar la basuras procedentes de varias poblaciones de la provincia de Valencia. Con este terreno decidió buscar empresas de servicios interesadas en adquirir el suelo o cerrar alianzas para optar a un concurso convocado por el Consorcio supramunicipal, que presidía un hombre de Rus, Vicente Parra.

Entre las empresas con las que se puso en contacto estaba FCC. Según relató Andrés al juez el pasado mes de diciembre, en un encuentro con el delegado comercial de la cotizada en la Comunidad Valenciana, Salvador Otero, éste le ofreció comprarle el terreno por cinco millones, un precio que le pareció insuficiente. Fue entonces cuando Otero, según su declaración judicial, le dijo: “O me vendes el terreno o allí en tu suelo no se hará nunca un vertedero, ya que tengo poder entre la gente política para que no se haga nada allí”.

Según el denunciante, el delegado de FCC le dijo: "O me vendes el terreno o en tu suelo no se hará nunca un vertedero; tengo poder entre la gente política".

Pese a los informes favorables iniciales, la premonición del hombre de FCC en Valencia terminó por cumplirse. Andrés, a través de su empresa Promourbem, cerró un acuerdo con Urbaser para vender el terreno por algo más de once millones de euros si la filial de ACS se hacía con el concurso. Por su parte, FCC concurrió en UTE con Dimesa (hoy denominada Luján Servicios Globales), una mercantil de Francisco Javier Luján, el expresidente de los contratistas valencianos que fue arrestado en la Operación Taula y que hoy mantiene la condición de investigado.

FCC y Dimesa presentaron como posible ubicación del vertedero unas parcelas de apenas 84.000 metros vinculadas a la sociedad Gains Tax, administrada por Fernando Gallego (ex Grupo Llanera) por los que decían que iban a pagar 48 millones de euros que iba a acabar repercutiendo en los cánones que sufragan los ciudadanos. El Consorcio de Residuos presidido por Vicente Parra optó finalmente por adjudicar el concurso a esta oferta, pese a los informes de la Generalitat que se decantaban por la plica de Urbaser. Para ello encargó un nuevo informe a los técnicos del Consorcio que registró dos votos particulares discrepantes precisamente de los técnicos que representaban a la Conselleria de Medio Ambiente.

Sustraer dinero con cargo a cánones

Según los escritos presentados por la acusación la decisión de descartar los terrenos del querellante y optar por unas parcelas por las que oficialmente FCC-Dimesa iban a pagar 48 millones tenía por objeto “sustraer presuntamente dinero con cargo a los cánones de residuos”. “El cobro de cantidades desorbitadas responde presuntamente a la finalidad de hacer frente a supuestas comisiones derivadas de los acuerdos alcanzados por la obtención de la concesión”, señalan los querellantes, que apuntan a una “maquinación” para dar la concesión del vertedero a FCC-Dimesa.

Los mismos escritos más recientes presentados por la acusación en el juzgado de Xàtiva no sólo vinculan este caso a la Operación Taula, sino que además establecen otro relación en cuanto a la forma de actuar de los investigados: “Entendemos que los sucedido en el caso que nos ocupa guarda semejanza con el conocido caso Acuamed, en el que también parece esta involucrada la entidad FCC y donde su representante fue detenido a resultas de las investigaciones practicadas en esa operación”.