rosa pérez, diputada de esquerra unida

La "rosa roja" republicana que ha liquidado a Alfonso Rus y al PP de Valencia

Los contratos y las diez horas de grabaciones de Marcos Benavent que llevó al fiscal hicieron estallar el caso. “Me convertí en una apestada porque no entré en el redil”, relata

Foto: Rosa Pérez. (Esquerra Unida)
Rosa Pérez. (Esquerra Unida)

El mismo día que se anunció la abdicación del Rey Juan Carlos en favor de su hijo, Felipe VI, el dos de junio de 2014, Rosa Pérez colgó una bandera republicana en la ventana de su despacho en la Diputación de Valencia. No es que Alfonso Rus sea un monárquico convencido para quienes le conocen, pero el gesto de la diputada provincial más crítica con su gestión en la institución provincial le sirvió de excusa perfecta para apretarle las clavijas una vez más en venganza por su labor de oposición. Le envió requerimientos notariales para que retirarse la enseña y la llevó a la Fiscalía, tratando de incriminarla penalmente, algo en lo que fracasó.

“Desde el primer minuto de la legislatura me di cuenta de que la Diputación de Valencia era muy opaca. Todo el mundo tenía los ojos puestos en la Generalitat y el Ayuntamiento, que estaban bajo los focos, pero aquí todo pasaba más inadvertido”, señala Pérez a El Confidencial. “Yo no entraba a la connivencia que había aquí. Todo lo ponía en duda. Me convertí en una apestada porque no entré en el redil y tuve muchas broncas en los plenos con Rus y Juanjo Medina”, dice en referencia a uno de los exvicepresidentes provinciales detenidos el martes por los agentes de la Guardia Civil.

"Hay modificados de obra que se hacían con los informes en contra de los oficiales técnicos y fueron muy costosos para la Diputación"

Hasta que decidió llevar al juzgado un 30 de julio de 2014 todo el material que había recopilado, muchos de los contratos que ahora están en duda y sobre los que recaen las sospechas de amaño fueron escudriñados por esta abogada penalista y laboralista implicada en política desde que en la universidad militaba en el moviendo estudiantil Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA) y que ahora representa a Esquerra Unida como diputada provincial. “Muchas de las cosas que aparecen en la demanda las he denunciado políticamente. Hay modificados de obra que se hacían con los informes en contra de los oficiales técnicos. Son modificados con mucho coste para la Diputación”, explica.

Ciertamente, el resto del grupos, especialmente el socialista que dirigía José Manuel Orengo en la segunda legislatura de Rus, fue poco beligerante. Pactaban con los populares el reparto de recursos a los ayuntamientos y hacían la vista gorda cuando las cosas no encajaban. Esto genera ahora inquietud en las filas del PSPV. El Partido de Ximo Puig teme que puedan aparecer cargos suyos de segundo nivel implicados en la trama destapada por la Operación Taula.

La "rosa roja" republicana que ha liquidado a Alfonso Rus y al PP de Valencia

El relato de Pérez es el de alguien que ha visto decisiones de gestión incomprensibles. Cuando Rus aprobó su plan de sustitución de luminarias convencionales por lámparas Leds aparecieron informes de la Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación que advertían de la inviabilidad de la iniciativa. “Montaron una central de compras. Llamaban a los ayuntamientos para decir a quién se tenía que comprar. La empresa que más facturó fue Inelcom, precisamente de Xàtiva. Ahí es donde podían sacar mucha tajada”, detalla. Ciertamente Inelcom, del empresario Vicente Quilis, es una de las sociedades sobre las que puso la lupa la Fiscalía Anticorrupción tras la denuncia que presentó la dirigente de Esquerra Unida. El contrato no era 'pecata minuta'. Rus embarcó a la corporación y un buen número de municipios en un plan de 30 millones de euros. 

Carreteras, campos de césped artificial, piscinas cubiertas, ninguno de los planes estrella de Rus parecía escapar a las sospechas de irregularidad, como posteriormente ha quedado en evidencia con la investigación de los agentes de Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. “Descubrimos que había sanciones que se tenían que poner y se dejaban caducar. Se han dejado de ingresar 32 millones de euros por estas negligencias. Hablamos de obras ilegales o vallas publicitarias puestas donde no tocaban”.

"Montaron una central de compras. Llamaban a los ayuntamientos para decir a quién se tenía que comprar. Ahí podían sacar mucha tajada"

El exhombre fuerte del PP siempre sospechó que Rosa Pérez podía ponerle en un aprieto. En 2013, una vicepresidenta de su equipo, Carlota Navarro, fue pillada por el asesor de Pérez, José Manuel Sanz, registrando su despacho. Sanz es una de las personas que colaboró en la recopilación de datos e información que desembocó en la demanda. Hacía tiempo que se habían convertido en receptores de escritos y documentos anónimos relatando irregularidades. Pero en 2014 recibieron el premio gordo a su labor de denuncia: A sus manos llegaron 10 horas de grabaciones efectuadas durante años por el entonces gerente de Imelsa, Marcos Benavent, en las que se narraban encuentros fraudulentos, mordidas y un sinfín de indicios de la existencia de una red de comisionistas que alcanzaba a todas las administraciones valencianas. 

“Fue la última pieza del puzle. En cierto modo me generó una gran satisfacción porque soy abogada y tengo la mente criminal. Cuando estás llevando un caso y encuentras una prueba definitiva te sientes muy recompensada. Entonces fue cuando presentamos la denuncia, el último día de julio, 2014”. Fue el inicio de una investigación judicial y policial que desembocó el martes en la Operación Taula.

Pérez no sabe o no quiere explicar las razones de por qué esas cintas llegaron a sus manos. La sombra del exsuegro de Benavent, Mariano López, detenido el martes por la UCO, siempre ha estado detrás de esa divulgación. Al parecer, nunca perdonó al yerno que traicionase a su hija. Y así, entre la persistencia de una diputada roja y las ansias de venganza de un padre dolido, nació el caso que ha terminado por reventar por los cuatro costados al PP valenciano.

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