la mantiene en bono basura

Moody’s aboca a la Generalitat a depender de Montoro tras hundir un paso más su deuda

La agencia rebaja la perspectiva de los bonos valencianos, Feria Valencia y Cacsa. Hacienda aprueba otros 951 millones del FLA para que el Consell de Puig pueda afrontar vencimientos

Foto: Cristóbal Montoro y Ximo Puig, en noviembre. (EFE)
Cristóbal Montoro y Ximo Puig, en noviembre. (EFE)

La capacidad de la Generalitat Valenciana para financiarse con normalidad en los mercados institucionales de deuda sigue siendo nula. La agencia Moody’s ha rebajado hoy la nota de las emisiones autonómicas y de parte de su sector público para hundirlo un poco más al nivel del bono basura. En concreto, ha revisado desde “positiva” a “estable” la perspectiva asignada a la calificación de la deuda ya emitida, que es de Ba2. La misma nota mantienen el Instituto Valenciano de Finanzas, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la universidades de la Comunidad Valenciana y Feria Valencia. Las otras dos agencias de referencia, S&P y Fitch también califican el papel valenciano por debajo del aprobado y a nivel de bono especulativo.

A la Generalitat y entidades satélites les va a resultar casi imposible financiarse en los mercados sin tener que desembolsar inasumibles tipos de interés, lo que los aboca a depender del grifo del Fondo de Liquidez Autonómico que recibe la Generalitat valenciana del Ministerio de Hacienda, ahora dirigido en funciones por Cristóbal Montoro, básicamente para afrontar vencimientos. En la práctica, el Instituto Valenciano de Finanzas hace tiempo que dejó de diseñar emisiones y buscar financiación en los mercados internacionales de deuda. El último boletín para inversores publicado en la web de la entidad que ahora dirige el profesor de la Universidad Jaume I, Manuel Illueca, es del primer trimestre de 2014, lo que da una idea de la desconexión con los inversores privados.

El Consell afronta en noviembre un 'match ball' de 950 millones, el retorno de un bono a diez años Santander, Commerszbank y Societé Genérale.

Precisamente hoy el Gobierno en funciones ha aprobado un nuevo paquete de créditos para autonomías vía FLA correspondiente al tramo entre enero y marzo por el que la Comunidad Valenciana dispondrá de una inyección de 951 millones de euros con los que cumplir obligaciones financieras. Parte de estros fondos se emplean para afrontar vencimientos con el propio FLA. Se estima que a cierre de 2015 el 70 % de la deuda autonómica (cerca de 40.000 millones) era con el propio Estado. 

Pero la Generalitat aún mantiene emisiones vivas con compradores privados. Hoy mismo 24 de febrero el IVF debía afrontar el vencimiento de un bono estructurado de 100 millones de euros con el Fortis Bank. En julio tiene que devolver 200 millones que Bankia le prestó en 2011 a interés del 7,8%. No obstante, será en noviembre cuando la Administración que preside Ximo Puig tendrá que tener dinero en caja porque tiene que afrontar el retorno de un bono a diez años firmado en 2006 con Santander, Commerszbank y Societé Genérale.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler. (EFE)
El conseller de Hacienda, Vicent Soler. (EFE)

Moody’s justifica su decisión de rebajar la deuda valenciana y la de otras autonomías (País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid, Extremadura y Murcia) por el “debilitamiento del perfil de crédito de España”. De hecho, la semana pasada también pasó de “positiva” a “estable” la perspectiva de la deuda soberana del Estado como consecuencia de la incertidumbre política. No obstante en el caso valenciano hay otras consideraciones que inciden en la escasa confianza que inspira su papel comercial para las agencias, como es la insuficiencia crónica de recursos que sufre por un sistema de financiación que no cubre el total del gasto de las competencias que tiene transferidas.

Esto explica que el conseller de Hacienda Vicent Soler haya computado como ingresos para 2016 algo más de 1.300 millones de euros que sabe que no va a poder recaudar y con cargo a un hipotético nuevo reparto de la financiación autonómica que este año casi seguro que no va a llevarse a la práctica. Puig y la presidenta andaluza, Susana Díaz, pretenden que el nuevo Gobierno reconozca las insuficiencias financieras con una suspensión de la obligación de retornar pagos del FLA.

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