El último cartucho de Borràs: un informe de juristas afines para beneficiarse de la amnistía

La presidenta de Junts per Catalunya (JxCat), Laura Borràs, aún tiene quien la quiera y quien la defienda. Arrinconada en la cúpula de su partido y cada vez más aislada (solo le apoya un pequeño núcleo de diputados en el Parlament), su escándalo económico de corrupción no entra, en principio, en el cómputo de casos de lawfare que pretenden ser amnistiados gracias a los pactos de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont.

Pero la presidenta de Junts ha gastado su último cartucho para entrar dentro del selecto grupo de amnistiables: un informe confeccionado por una aparente plataforma neutral que le pretende dar el espaldarazo definitivo para salvaguardarla a ojos de los suyos y presentarla como a una mártir machacada por el Estado español. La maniobra tiene una doble intencionalidad: ganar enteros frente a una militancia que ya ha asumido la corrupción de su presidenta y, al mismo tiempo, realizar un lavado de cara de la expresidenta del Parlament ante la opinión pública y publicada.

El informe ya lleva un título que permite hacerse una idea de qué pie cojea: El caso de la presidenta Laura Borràs es un caso de uso y abuso tergiversado del derecho (lawfare). Está firmado por David Ros Serra y por Isidre Llucià Sabarich. Ambos forman parte del Colectivo Maspons i Anglasell, una plataforma que se autodenomina profesional, pero que es uno de los altavoces independentistas en sectores jurídicos.

TE PUEDE INTERESAR

Borràs y su alegato teatral ante el juez: "Todo es 'lawfare' y una persecución política"

Antonio Fernández. Barcelona

El primero es interventor de la Administración local; el segundo, secretario municipal. "Los autores de este informe hemos servido a la Administración local en diferentes categorías (en tercera y en primera categoría) y poblaciones (localidades de todo tamaño, hasta 200.000 habitantes) y durante un periodo que se acerca a los 40 años. Fundamentalmente, hemos ejercido como secretarios, interventores y tesoreros, cargos a los que accedimos mediante oposiciones y concursos públicos y libres convocados en el ámbito estatal por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP", dicen en su tarjeta de presentación.

Un antecedente sospechoso

Llucià es vicepresidente del Colectivo Maspons i Anglasell, mientras que Ros es un afiliado que ya hace unos años elaboró un informe en el que afirmaba "la legalidad del acto del referéndum del 1 de octubre y la legitimidad de los resultados", al tiempo que aseguraba que en las elecciones del 21 de diciembre de 2017, que ganó en votos Ciudadanos, hubo "fraude electoral". Su recuento electoral era tan suigéneris que rebajaba la participación electoral en un 20% y atribuía 4 escaños más al independentismo (restándole seis a Ciudadanos, con lo que este partido pasaría de primera a tercera fuerza política) para evitar la victoria del constitucionalismo. Todo ello, sustentado en "estimaciones basadas en la investigación". Ros también fue profesor en cursos del propio INAP, según sus propias declaraciones, y formó a nuevos secretarios e interventores en la Escuela de Administración Pública de Cataluña (EAPC).

Lo curioso del nuevo informe sobre Laura Borràs es que se basa en un artículo de opinión anterior del propio David Ros e Isidre Llucià, publicado en el portal independentista Vilaweb y titulado El caso de la presidenta Laura Borràs, un caso de lawfare. En él, se aseguraba que "durante más de dos años hemos visto cómo se perseguía de forma infundada a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por una actuación administrativa que había sido realizada de acuerdo con la ley cuando era presidenta de la Institució de les Lletres Catalanes, pese a que los hechos que se sucedían afirmasen exactamente lo contrario".

Según la sentencia, Borràs fraccionó contratos para poder adjudicar a dedo 18 encargos a su amigo Isaías Herrero por un monto de más de 330.000 euros. Por ello, fue condenada a 4 años y seis meses de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y delito continuado de falsedad en documento oficial, además de una multa de 36.000 euros. También fue condenada por un delito de prevaricación administrativa a inhabilitación para el ejercicio de empleos o cargos públicos por 13 años. Sus defensores trataron de que su caso entrase en las negociaciones de casos afectados por la amnistía que negociaron Puigdemont y Sánchez, pero en realidad el expresident fugado nunca llegó a proponer este caso como uno de los que se deberían acoger a la amnistía, puesto que es ajeno a los hechos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

TE PUEDE INTERESAR

El amigo de Borràs admite que amañaron contratos y la defensa cae en el ataque personal

Antonio Fernández. Barcelona

Borràs siempre sostuvo que fue condenada debido a la persecución de las cloacas del Estado contra su persona, pero ocultó siempre que fueron los Mossos d’Esquadra, y no la Guardia Civil, quienes destaparon su caso. La jueza instructora retiró el caso a los Mossos al día siguiente de que la propia Borràs llamase al consejero de Interior, Miquel Buch, para enterarse de cómo iban las investigaciones. Para evitar interferencias políticas, las pesquisas a partir de ese momento corrieron a cargo de la Guardia Civil, hasta que, pasados unos años, volvieron a manos de los Mossos. Ello dio pie a la presidenta de Junts a victimizarse para hacer creer que fue la Guardia Civil la que tergiversó informes para culparla de delitos que no había cometido.

Las excusas de los firmantes

Los dos firmantes del informe cambian ahora la estrategia de Borràs y afirman que los propios informes de la Benemérita la exculpan expresamente. A partir de ese sorprendente giro de guion, llegan a la conclusión de que Borràs no fraccionó contratos durante su etapa como presidenta de la ILC. Pero obvian que en el sumario existen correos electrónicos de la propia Borràs a su amigo en los que le da órdenes sobre cómo falsificar presupuestos y licitaciones para poder adjudicarle luego los contratos.

Ajenos a esta circunstancia, Ros y Llucià llegan a la conclusión de que no hay prevaricación por varios motivos. Entre ellos, porque "la finalidad cumplía los objetivos de la Institución, la cultura catalana", porque "formalmente, de acuerdo con la ley vigente en aquel momento, era suficiente hacer el trabajo, presentar la factura y pagarla" (independientemente de cómo se hubiera adjudicado el contrato) y, además, por otra razón de peso: "Incluso en el supuesto de que fuese una irregularidad, para poder ser tipificada [la conducta] de prevaricación, es necesario que la actuación se hiciese sabiendo o siendo plenamente consciente de la irregularidad, puesta en evidencia mediante informes internos previos a la contratación, informes que son preceptivos en caso de irregularidad. Al mismo tiempo, no existe ningún informe en este sentido".

El informe termina asegurando que "no hay ningún elemento que lleve al delito de prevaricación y no hay corrupción porque no hay beneficio económico indebido para ninguna parte". O sea, que los 330.000 euros desaparecidos de las cuentas públicas quedan en un limbo jurídico ignoto.

Errores en sus conclusiones

Sobre la falsedad documental, los dos juristas afirman que las pruebas se consiguieron "sin mandamiento judicial y sin las mínimas condiciones técnicas que garantizan la cadena de custodia y su inalterabilidad". Estos extremos, sin embargo, quedaron suficientemente aclarados durante la vista del juicio en el TSJC: fueron ampliamente discutidas tanto la obtención de las pruebas como la cadena de custodia y se demostró que no hubo ninguna irregularidad ni negligencia en la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por tanto, las conclusiones a las que llegan los pretendidos juristas de Maspons i Anglasell son erróneas, al no haber tenido en cuenta los extremos discutidos y valorados en la vista judicial.

Los defensores de Borràs, por otro lado, explican de una manera muy particular su teoría: como los contratos fueron adjudicados a Herrero sin necesidad de pasar por un concurso público, los presupuestos que este presentaba a la Administración no eran "necesarios ni exigibles" y que, "por tanto, eran un documento privado que en ningún momento pasó a ser documento público, porque no alteró el resultado del expediente de contratación. Por tanto, no hubo delito de falsedad documental ni tampoco inducción a la falsedad documental".

TE PUEDE INTERESAR

Así eran los "trapis" de Borràs y su amigo: "¿No hay otra manera de hacerlo… más elegante?"

Antonio Fernández. Barcelona

El informe destaca que "a lo largo del juicio, tanto la presidenta Borràs como su defensa denunciaron diferentes vulneraciones de derechos, motivo por el que han recurrido la sentencia al Supremo, como la vulneración al derecho a un juez ordinario [la ley obliga a que fuese el TSJC el juzgador, debido a la condición de aforada de Borràs, que no quiso nunca renunciar al aforamiento], a un tribunal imparcial, a la presunción de inocencia, al derecho de defensa, a los derechos constitucionales a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, al derecho a un proceso con todas las garantías…". Y ponen la guinda poniendo en cuestión la imparcialidad de Jesús María Barrientos, presidente del tribunal: "Nosotros pertenecemos a esta parte de la sociedad que tiene serias y fundamentales (sic) dudas sobre su imparcialidad a la vista de cómo se desarrolló el juicio". No aportan ningún dato más en esta relevante conclusión.

En realidad, el informe que elaboran los responsables del colectivo Maspons i Anglasell no aporta nada nuevo a la causa. Ahonda en las especulaciones políticas y arrincona las consideraciones técnicas y administrativas, aunque desvela las inquietantes lecturas que los responsables de las administraciones locales pueden llegar a efectuar para justificar algunas de las prácticas más habituales de la clase política. Y desvela también las no menos inquietantes utilizaciones de instrumentos de toda índole por parte de los políticos para justificar sus actos al frente de puestos de responsabilidad en la Administración.